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Thania Vega de Plazas | Foto: Archivo SEMANA

HISTORIA

“Somos víctimas del Palacio de Justicia”

Dijo Thania Vega de Plazas, esposa del coronel (r) Alfonso Plazas, condenado a 30 años de prisión por desapariciones.

6 de noviembre de 2014

Este jueves el país conmemora un año más del holocausto al Palacio de Justicia. Hace 29 años, la sede de la Corte Suprema de Justicia fue asaltada por un comando armado de la guerrilla del M-19, retuvieron como rehenes a los principales magistrados del país y a cientos de visitantes ocasionales del edificio. El Ejército retomó a sangre y fuego el palacio en un operativo que se extendió dos días. El trágico saldo: 98 muertos, de los cuales 11 magistrados de la Corte, y 11 personas desaparecidas.

Cada año, los familiares de los magistrados asesinados, y de las personas que a pesar de haber salido con vida fueron desparecidas, se reúnen en la Catedral de Bogotá. En una ceremonia religiosa recuerdan la memoria de sus familiares a quienes, en el noviembre negro de 1985, jamás volvieron a ver con vida. Hoy, Yesid Reyes, el hijo del entonces presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía, es el ministro de Justicia, y encabezó la eucaristía en la que se rindió homenaje a la memoria de las víctimas.

Pero este jueves, la senadora uribista Thania Vega de Plazas, esposa del coronel (r) Alfonso Plazas Vega, concedió unas declaraciones que seguramente generarán mucha controversia entre los que históricamente se han considerado víctimas de este holocausto. Ella, a propósito de los 29 años de la toma y la retoma del Palacio, se declaró, junto a su esposo, como víctima del Palacio de Justicia.

“Somos víctimas del Palacio, y de este proceso infame en el que después de 29 años el día en que los militares regresaron victoriosos de la Plaza de Bolívar, después de haber salvado la democracia, hoy son tratados como genocidas”, afirma la senadora.

El coronel Alfonso Plazas Vega, para la época de los hechos era el comandante de la Escuela de Caballería de la Brigada XIII. Fue uno de los que coordinaron las acciones militares de retoma del Palacio. Célebres fueron sus declaraciones a la prensa en ese entonces en la que justificó el uso de la fuerza y las órdenes superiores con la frase: “mantener la democracia, maestro”.

Tiempo después se convirtió en el primer oficial condenado por el delito de desaparición forzada. Treinta años de prisión en una condena proferida por un tribunal especializado de Bogotá, que fue apelada ante la propia Corte Suprema.

Hoy, cuando se menciona el nombre de Plazas Vega, hay opiniones divididas. Por un lado, quienes lo señalan como responsable de las desapariciones, y por otro, quienes lo consideran un héroe de la patria, caído en desgracia. Así lo ha reconocido, por ejemplo, el expresidente Álvaro Uribe, quien durante su mandato cuestionó la condena contra el coronel (r).

Thania Vega considera que la “verdad histórica ha sido completamente distorsionada”. Su verdad es otra, y la relata: “el 6 y el 7 de noviembre de 1985 el Ejército de Colombia vino a la Plaza de Bolívar porque unos terroristas del M-19, que habían hecho un pacto con Pablo Escobar para quemar toda la documentación que había contra el narcotraficante, y para evitar que la Corte aprobara la extradición, fueron tan avezados que se tomaron el Palacio de Justicia, asesinaron a los jueces más importantes de la República. El Ejército llegó para salvar la democracia”.

La senadora también dice tener la vida destruida por el proceso judicial que se derivó del holocausto. Y recuerda que el M-19 fue indultado, pero para la justicia colombiana los únicos responsables son los militares.

“Él (Plazas Vega) tiene su vida destruida, lleva siete años detenido, esperando un último recurso que no sabemos por qué no llega. Contra él no hay una sola prueba, todos son dimes y diretes y testimonios falsos. Tiene 70 años y está condenado a 30 años de prisión. No es sólo su vida la que está destruida, sino la de toda nuestra familia”, dice Vega.

También menciona al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, recientemente condenado a 35 años de prisión, por los mismos hechos. Para ella, a este oficial, el de mayor rango que es condenado por la retoma del Palacio de Justicia, “lo condenaron por omisión, dizque porque él ha debido proteger las vidas de los combatientes. Ahora llaman combatientes a los terroristas. Es una injusticia aberrante en este país”.