Domingo, 4 de diciembre de 2016

| 2007/12/08 00:00

Tiempo de callar para la ‘Negra Candela’

Contrario a lo que se ha dicho, el fallo contra Graciela Torrez es una sana advertencia para los medios que meten las narices en la vida privada de la gente.

La periodista Graciela Torres fue condenada a pagar 17 meses de prisión y a no ejercer el periodismo por este tiempo, por difundir imágenes privadas de la actriz Lully Bossa. La ‘Negra’ apelará el fallo. El delito es excarcelable, pero deberá dejar el periodismo por el tiempo de la condena

Pocas veces la justicia colombiana se mete con los periodistas. Esta vez, sin embargo, un fallo judicial proferido esta semana por la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá puso contra las cuerdas a la famosa periodista de chismes y farándula Graciela Torres, conocida como 'la 'Negra Candela'.

Hace seis años, la periodista decidió publicar, en su programa Dicen... con La Negra Candela, 12 segundos de un video íntimo de la actriz Lully Bossa. Durante los días siguientes la presentadora siguió opinando sobre el video, hasta que una querella judicial, interpuesta por la actriz, la obligó a guardar silencio sobre el tema. Si bien el video se vendió por miles en los semáforos y en los San Andresitos, el fallo proferido por el Tribunal dejó claro que los periodistas tienen la obligación de proteger la intimidad de las personas, salvo en aquellos casos de interés común, por más público que sea el afectado.

Por considerar que este era un tema de la vida privada de la actriz, la divulgación del video y los comentarios burlones y ofensivos configuraron el delito de injuria agravada, tipificado en el Código Penal. Por eso, 'la 'Negra Candela' fue condenada a 17 meses de prisión, e inhabilitada por el mismo período para ejercer su profesión. Aunque la condena es excarcelable, no podrá ejercer el periodismo por ese tiempo y deberá pagar una multa de alrededor de 87 millones de pesos.

Al contrario de lo que algunos medios y periodistas han publicado, el fallo no es un atentado contra la libertad de prensa. Por el contrario, es un espaldarazo para el ejercicio del periodismo en el país. El reconocido experto Javier Darío Restrepo dijo a SEMANA que la decisión no se puede prestar a equívocos. El primero es que no es un asunto de libertad de prensa, sino de expresión. "Esta señora no hace periodismo, y suponer que sí lo hace degrada el oficio. No se puede permitir que se compare al chisme con el periodismo serio, porque eso haría que la sociedad perdiera la confianza en un medio", explicó.

Precisamente para Restrepo y otros expertos consultados por SEMANA, el caso Torres-Bossa no se puede prestar al segundo equívoco: hacer pensar que se trata de un asunto ético y no legal. Para ellos es claro que la Constitución y las leyes protegen la intimidad de las personas, y volver mercancía la vida íntima es infame. "De por medio está la libertad de las personas, que necesitan la intimidad como materia prima indispensable para ejercer este derecho", agregó Restrepo.

El fallo advierte que la divulgación de una conducta sexual no ofende sólo la intimidad, sino también el honor. Para el Tribunal, "en el delito de injuria se prevé que no se admitirán pruebas sobre la vida sexual de las personas, lo que significa que no admite la intromisión de terceros en ningún sentido. La Corte Constitucional ha establecido, sin embargo, que cuando ese tema represente un interés público, se podrán hacer alusiones a ella, pero tal invasión se justifica en la medida exacta que sea necesaria para satisfacer dicho interés". Pero en la publicación del video de Lully Bossa no había ningún interés público.El fallo del Tribunal también abrió el debate sobre la avalancha de libros de periodistas o seudoperiodistas que han generado escándalos y acusaciones. El más reciente es Las Prepago, que cuenta cómo aparentemente varias de las modelos, actrices y presentadoras de televisión hicieron parte del grupo de mujeres manejadas por una misteriosa Madame Rochy. Estas mujeres supuestamente prestaban servicios a narcotraficantes como los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, personajes del gobierno, ricos comerciantes y hasta delincuentes.

¿Se puede revelar la vida íntima de las personas por el solo hecho de ser figuras públicas? ¿De qué sirve saber que una modelo tuvo relaciones con un narco? ¿Se puede decir cualquier cosa bajo el amparo del principio de libertad de prensa? La justicia, con razón, dice que no. Pero el debate está abierto.

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