Tiempos violentos

En Córdoba hace tiempo no hay paz. Las bandas del narcotráfico están causando tantos muertos como los grupos paramilitares lo hicieron en su momento: por primera vez en muchos años un periodista es asesinado, y masacraron a 16 personas, incluidos tres niños. Al otro lado del territorio, en Buenaventura, Valle, la relativa calma que se estaba viviendo meses después de que 3.000 miembros de las fuerzas armadas tomaron el control del puerto, se rompió estruendosamente con un carro bomba que estalló en pleno centro y mató a 9 personas e hirió a 56. Ambos lugares hacen parte del mapa emergente de la violencia en Colombia, cuyo protagonista principal es el narcotráfico.

Aunque en las primeras horas no se sabía qué grupo había puesto el potente explosivo en Buenaventura, el viernes ya estaba plenamente confirmado que este atentado había sido cometido por dos grupos de las Farc: el Frente Urbano Manuel Cepeda y el Frente 30. La tipología del hecho sumada a la interceptación de comunicaciones entre dos guerrilleros permitieron establecer la autoría. El Frente Manuel Cepeda estuvo tras los atentados terroristas cometidos meses atrás en Cali contra la sede de la Policía y del Palacio de Justicia. No obstante es una de las estructuras de las Farc más golpeadas por las fuerzas militares, especialmente con el bombardeo a su campamento central en el Alto Naya caucano el pasado 16 de febrero, donde murió alias 'Narices', cerebro de esa estructura. Esta bomba habría sido una retaliación por esa muerte.

Inteligencia militar maneja una segunda hipótesis. Se cree que en este momento hay un gran cargamento de coca perteneciente al Frente 30 que está represado en las costas del Pacífico, sin poder se transportado a alta mar. "Este hecho los tiene desesperados a tal punto que intentan bajar la presión del Ejército y la Armada, cometiendo actos terroristas en otros puntos de la región", dijo una fuente militar.

Otra tesis sobre las motivaciones del atentado tiene que ver con la temporada electoral y el final del gobierno de Uribe. Lo de Buenaventura no es un hecho aislado, pues en el suroccidente se ha iniciado, al parecer, una campaña violenta de la insurgencia. Hace una semana fueron quemadas seis tractomulas y un camión que transitaban por la vía que une a Buga con Buenaventura. El jueves otra columna guerrillera atacó a dos patrullas de la Policía y dejó como saldo dos patrulleros muertos; ese mismo día en el Charco, Nariño, un niño murió por la explosión de un petardo. Todo parece indicar que el menor fue engañado por la guerrilla para que transportara el artefacto explosivo con el que buscaban hostigar la sede policial del municipio.

Todos estos actos terroristas muestran a unas Farc que quieren sonar y recordar que siguen vivas, pero también que están menguadas en su capacidad de combate. Para poner bombas se necesitan pocos recursos, poca gente y mucha sangre fría. Sin embargo, al lograr su objetivo pusieron en evidencia que a pesar de la militarización, la inteligencia de los organismos de seguridad tiene fallas profundas en esta zona.

Arde Córdoba
Pero si las Farc no tienen piedad en el Pacífico, donde abundan las fuerzas armadas, el narcotráfico tiene en llamas a Córdoba sin que el gobierno lo pueda contener. El pasado domingo en un bar del corregimiento de San Juan, Puerto Libertador, en el sur de Córdoba, siete personas (tres de ellas menores) fueron acribilladas a quemarropa. Los asesinos salieron del caserío caminando por la vía principal, tranquilamente. A las autoridades les tomó doce horas llegar a la escena del crimen. Al siguiente día, en Puerto Libertador, tres jóvenes lancheros fueron asesinados y otro que resultó herido fue desaparecido. Cuatro homicidios más se registraron también en el sur del departamento. En total, catorce asesinatos en menos de dos días.

A eso se sumó el asesinato de Clodomiro Castilla, un controvertido periodista de la región, reconocido por sus denuncias sobre paramilitarismo y corrupción en su revista El Pulso del Tiempo, cuyo crimen ha tenido resonancia nacional e internacional.

Se sabe, sin lugar a dudas, que la causa de esta ola de homicidios no es otra que el narcotráfico. El Bajo Cauca, Córdoba y una parte de Sucre son territorios codiciados por las mafias de todo el país, pues en ellos se da toda la cadena del narcotráfico: los cultivos del Bajo Cauca, que pasan de las 13.000 hectáreas, según cifras oficiales, y que están controlados por la guerrilla, surten a decenas de laboratorios que tienen los frentes 58, 5 y 18 de las Farc, así como los de Los Paisas, Los Urabeños, Los Rastrojos y Las Águilas Negras. Estas últimas bandas, que son residuos de los paramilitares, y ejércitos emergentes, se disputan entre sí las rutas de transporte de la droga hacia el mar Caribe y Venezuela, y los embarcaderos del Golfo de Morrosquillo.

Para enfrentar esta situación, el año pasado se creó el Comando Especial del Bajo Cauca, que abarca cinco municipios del sur de Córdoba y seis del norte de Antioquia. "Contamos con cerca de 1.500 hombres, y nuestro desafío es erradicar 8.000 hectáreas de coca", explica el coronel Luis Eduardo Herrera.

Sin embargo, la violencia no cesa porque las disputas entre estos grupos no paran. El pasado 7 de marzo, por ejemplo, hubo una batalla campal en Montelíbano, Córdoba, entre bandas criminales, que fue tan prolongada y sonora que el Ejército alcanzó a tenderles una redada mientras se mataban entre sí. Al incursionar, la fuerza pública logró detener a 56 combatientes y halló esparcidos por el campo de batalla varios heridos y 12 cuerpos, entre ellos el de Virgilio Peralta, más conocido como 'Caparro', uno de los principales cabecillas de Los Paisas. Se incautaron 52 fusiles, dos lanzagranadas y un mortero. A pesar de todo, muchos delincuentes lograron escabullirse.

Para muchos la explicación sobre tantas muertes es la fractura de las alianzas que existían antes entre bandas. "Todos aspiran a expandirse y ampliar su participación en el negocio, pero al frente se encuentran con otro dispuesto a dar la guerra antes de dejarse arrebatar algo", explica el integrante de una organización internacional que trabaja en la zona. La guerra, al parecer, se está dando también usando a la fuerza pública: de manera soterrada un delincuente pasa información para que la Policía o el Ejército capture a un adversario. "Las masacres no se habían visto desde hace rato acá; quizá lo que buscan es aterrorizar para que nadie se atreva a delatar", dice otro conocedor de la zona.

Una última hipótesis, más pragmática, es que las recientes masacres se deben a un par de negocios de narcotráfico que no terminaron como se pactaron y cuyo ajuste de cuentas terminó en matanza.

Lo inquietante de este panorama es que puede estar ocurriendo lo que muchos analistas han advertido: que mientras el gobierno considera a los grupos emergentes como simples bandas criminales, en realidad lo que se puede estar gestando es una tercera generación de grupos paramilitares que terminen por ganar control del territorio a sangre y fuego, mientras las autoridades se muestran impotentes, o bien porque los ha superado el desafío del narcotráfico, o porque hay niveles profundos de corrupción en su interior. De hecho, Córdoba es uno de los departamentos donde se han presentado casos más graves de infiltración del narcotráfico tanto en la Policía como en el Ejército y la Fiscalía.

Es así como la semana anterior dos fantasmas que parecían cosa del pasado -las masacres y los atentados terroristas- volvieron a amargar la vida de los colombianos y a crear incertidumbre sobre los alcances que estos hechos puedan tener. En el mejor de los casos, que sean episodios fatales pero aislados. En el peor, que sean el reciclaje de la cíclica violencia que han vivido los colombianos de las últimas dos generaciones.