Domingo, 22 de enero de 2017

| 2005/01/16 00:00

A tientas

Pese a los avances, Colombia no sabe exactamente cuántos habitantes tiene, ni cuántos son pobres, ni cuánto produce, ni siquiera cuántos presos hay.

En Colombia no hay un censo de reclusos confiable. La economía subterránea distorsiona las cifras oficiales y tampoco se sabe cuántas personas viven en la calle ni por fuera del país.

EL VIERNES Y SÁBADO PAsados se reunió el gabinete con el presidente Álvaro Uribe para planear el año 2005. Cada uno de los ministros presentó sus proyecciones para el año y se fijó metas concretas. El problema es que toda esta loable planeación se hace en gran parte con base en estadísticas no siempre confiables. Comenzando por la economía. Según el Dane, tres de cada cinco colombianos trabajan en la economía informal. Es decir que 4,5 millones de personas no presentan facturas ni declaración de renta. Y por lo tanto sus ingresos -equivalentes, según un estudio reciente del Banco Mundial, al 39 por ciento del PIB- son invisibles. La Dian deja de cobrarle impuestos a más de la mitad de la población que los podría pagar. Si se trata de la asignación de subsidios también hay un problema. Anualmente se entregan unos 25 billones de pesos en subsidios en pensiones, salud, educación, vivienda, etc. Aunque en teoría están destinados a los más pobres, la realidad es que por lo menos la mitad no llega a los beneficiarios adecuados por falta de sistemas de información. Buena parte de estos subsidios -16 billones de pesos- se transfieren a los municipios y departamentos para salud y educación. Para asignarlos se utilizaron hasta el año pasado las proyecciones anuales del Dane sobre población y pobreza del censo de 1993. El problema es que por un lado ese censo no es muy exacto porque muchos encuestadores no pudieron acceder a lugares donde estaba la guerrilla y además lo realizaron en épocas de cosecha de café, por lo cual el Eje Cafetero está sobrerrepresentado. Por otro lado, las proyecciones del censo, actualizadas cada año, no reflejan cambios importantes en la población originados por fenómenos como la migración y el desplazamiento. "Pueden estar desfasadas", afirma el ex director del Dane César Caballero, en su reciente libro Cambio y exclusión sobre este tema. Las pruebas de campo así lo demuestran. La proyección oficial del censo para San Andrés y Providencia calculaba 71.485 personas para 1999, y al hacer un censo real encontraron 57.324 personas. En Soacha, en cambio, sucedió lo contrario. El censo en mayo de 2003 arrojó que había 63.000 personas más de las calculadas por la proyección oficial.Si estos desfases se multiplican por todos los municipios, querría decir que varios billones de pesos (¿una reforma tributaria?) estarían llegando a los lugares equivocados. Para corregir el error, desde el año pasado el gobierno creó un nuevo Sisbén, que es la herramienta para saber cuántos pobres hay y dónde están. Ya se recogió la información en todos los municipios y sólo falta censar los estratos 1,2 y 3 de las tres principales ciudades. Así se espera que a partir de abril los subsidios finalmente beneficien a los más necesitados y no a los más avispados. Por el lado de la seguridad y la justicia el tema no es más alentador. ¿Cómo se pueden diseñar planes realistas cuando no hay un acuerdo sobre la cifra de impunidad? Mientras analistas como Mauricio Rubio han estimado que ésta supera el 90 por ciento, la Fiscalía piensa que está alrededor del 50 por ciento. No se sabe entonces cuántos criminales están libres. Pero lo que es aún más insólito, no se sabe tampoco con exactitud cuántos están tras las rejas ni por qué delitos. Las cifras sobre el conflicto han mejorado mucho. El Observatorio de Derechos Humanos de la vicepresidencia lleva más de una década cruzando información y contrastándola con trabajo de campo, lo que ya permite observar la evolución de ciertos fenómenos como ataques a pueblos, a la infraestructura, el secuestro, etc. Las cifras sobre desplazamiento, aunque siguen teniendo disparidades frente a las recogidas por la ONG Codhes, que se dedica al tema, se depuraron en 2004 y también son confiables los datos sobre homicidio en las ciudades. En cambio los homicidios en las zonas rurales -a donde difícilmente llega Medicina Legal o un fiscal- están subregistrados. Nadie cuenta los cuerpos arrojados a los ríos ni tampoco los encontrados en las fosas comunes. En otras áreas también hay problemas. Según los resultados de la Fuerza Pública, durante el gobierno de Álvaro Uribe, entre guerrilleros capturados, abatidos y desmovilizados han salido de combate 24.035 personas. Es decir que en dos años las guerrillas se habrían reducido en más de la mitad. Difícil de creer. Las cifras sobre delitos de menor impacto son quizá las más alegres. La reciente 'Encuesta de victimización sobre criminalidad urbana' realizada en 2003 por el Dane, en asocio con Planeación Nacional, así lo demostró. Por ejemplo, mientras que la Policía tenía registradas sólo 300 extorsiones en Bogotá, la encuesta arrojó 10.500 casos. En Medellín la situación es peor. Este delito sencillamente no es denunciado por los estratos 1 y 2. En Cali, solo una de cada 10 personas de estrato 1 que es robada lo denuncia. ¿Cómo planear así una política criminal realista? ¿O una política nacional contra la violencia intrafamiliar y la violencia sexual, cuyas cifras son prácticamente inexistentes? Tanto Bogotá como Cali y Medellín se han comenzado a preocupar por este grave problema y están reforzando sus observatorios. Sin embargo, cada uno lo está haciendo a su manera, con su propia metodología, lo cual dificultará la elaboración de planes nacionales. El gobierno no sabe cuántos afrocolombianos hay. Mientras Planeación calcula que hay 10,5 millones, el Dane cree que no superan los 4,5 millones. Y mucho menos se sabe cuántos colombianos viven por fuera del país. La diferencia entre Dane y Cancillería es de tres millones de personas. En conclusión, es mucho lo que no se sabe. Aunque es justo decir que hoy se sabe más que hace un año. Gracias a que el tema de los sistemas de información obsesiona al director de Planeación, Santiago Montenegro, en el último año se han podido saber varias cosas: cuántos funcionarios públicos hay en Colombia y cuánto gana cada uno; las demandas existentes contra el Estado, las razones y los montos, y qué porcentaje del Plan de Desarrollo se va cumpliendo. A partir del 22 de mayo se realizará el Censo General 2005 con las polémicas modificaciones impulsadas por el nuevo director, las cuales fueron aprobadas a finales del año pasado. Ojalá que este gran esfuerzo nacional ayude a reflejar en cifras el verdadero país y el único que realmente se puede planear.

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