Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

| 3/28/2014 12:00:00 AM

“Es una injusticia que no reconozcan lo que se hace”

Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, responde a un reciente informe que critica la lentitud del proceso que lidera.

El jefe de la dependencia gubernamental encargada de devolver las tierras despojadas a sus legítimos dueños está bravo. Ricardo Sabogal dice que el informe de las fundaciones Forjando Futuros y Paz y Reconciliación, muy crítico del trabajo de la Unidad de Restitución de Tierras que dirige, le dejó la sensación de que se manipulan las cifras para cometer una injusticia y no reconocer la magnitud del esfuerzo estatal en esta materia.

“Ese informe no da cuenta del proceso como tal. Aquí no andamos en Chía ni en La Calera (localidades vecinas de Bogotá). Estamos en zonas con graves problemas de minas antipersona y presencia de bandas criminales. Y la tierra no se la estamos quitando a angelitos sino a gente como 'Jorge 40' y otros”.

Así arrancó Ricardo Sabogal, en entrevista con Semana.com, su respuesta al informe 'Restitución de tierras gota a gota' de esas dos fundaciones, lideradas por Gerardo Vega y León Valencia, que critica a la Unidad de Tierras por la lentitud del proceso.

El informe alega que solo se han producido fallos de restitución sobre el 1,7 % de las cerca de 54.000 solicitudes que hasta ahora han llegado a la Unidad. Sostiene que estas últimas son apenas una ínfima parte de las 360.000 que el gobierno esperaba. Y señala que la Unidad de Restitución solo está atendiendo 20.000 de las solicitudes, mientras las otras están “represadas”.

Sabogal sostiene que nada de eso es cierto. Dice que la cifra de 360.000 fue un “estimativo” que alguna vez lanzó el gobierno pero que la cifra cierta de reclamaciones –y de hectáreas realmente despojadas, que rondan los 3 millones– son esas 54.000 que han recibido las 21 oficinas regionales de su unidad.

Alega que, por razones de seguridad, no se puede atender de inmediato la totalidad de solicitudes, pero que más de 20.000 están en las zonas que su dependencia ha “microfocalizado” y se encuentran en trámite. El 42 % de esta cantidad ha sido resuelta administrativamente y ya están en manos de los jueces o a punto de llegarles casi 6.000 demandas para restituir cerca de 380.000 hectáreas a sus antiguos propietarios.

“Las regiones donde están las reclamaciones de tierras hoy son las regiones donde hay problemas de seguridad. Vaya quite un pedacito de tierra en Valencia (Córdoba). Quisieran que la restitución vaya al ritmo de un Concorde. Pero tocó andar en Tucano. La restitución va al ritmo al que se puede ir. Acelerar afectaría la calidad”. Así habla Sabogal, refiriéndose, además de los obstáculos de seguridad que ha enfrentado el gobierno para devolver los predios expoliados por grupos armados, a las dificultades de catastro y registro de propiedad en las zonas rurales del país.

“Estamos haciendo restitución en medio del conflicto”, dice.

En cuanto a las sentencias emitidas por los jueces de tierras (el informe de las dos fundaciones habla de 372; Sabogal dice que ya van 409, que han devuelto más de 800 predios) Sabogal pide compararlas con otros procesos. “Al cabo de ocho años, Justicia y Paz ha logrado restituir apenas 22 predios, y la extinción de dominio, en 12 años, solo ha logrado decidir sobre la propiedad de algo más de 700. Y nosotros llevamos más de 800 en cerca un año y medio”, dice.

“Hace más justicia Naciones Unidas reconociendo esto que cuatro personas desconociendo lo que se está haciendo”, sentencia.

En efecto, Navi Pillay, alta comisionada de derechos humanos reconoció hace dos días “los considerables esfuerzos” de la Unidad, aunque, en su informe anual señaló, al igual que otros críticos, que “sigue habiendo varias dificultades para garantizar los derechos de quienes reclaman la restitucio´n de sus tierras. Entre las ma´s importantes figuran la limitada capacidad para trabajar en las zonas que todavi´a esta´n afectadas por el conflicto armado interno, la intimidacio´n y el asesinato de activistas y reclamantes de tierras, la falta de coordinacio´n entre las instituciones” para el retorno de los propietarios.

Naciones Unidas no es la única en hacer críticas al proceso de restitución. Tanto los argumentos presentados por las fundaciones en su balance como la defensa que hace el director de la Unidad de Tierras son apenas un abrebocas de uno de los debates claves que enfrenta Colombia. La implementación de la Ley de Víctimas, que incluye la devolución de las tierras a sus legítimos dueños, debe ser objeto de balances y discusión pública. Esa es la mejor manera de garantizar su efectividad.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1842

PORTADA

La voltereta de la Corte con el proceso de Andrade

Los tres delitos por los cuales la Corte Suprema procesaba al senador se esfumaron con la llegada del abogado Gustavo Moreno, hoy ‘ad portas’ de ser extraditado. SEMANA revela la historia secreta de ese reversazo.