Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2008/06/28 00:00

Tierras ociosas

El vicepresidente Francisco Santos puso sobre el tapete una propuesta de fondo: crear un impuesto para las fincas improductivas. Una de las consideraciones es que el 0,04 por ciento de la población es dueño del 64 por ciento de las tierras del país.

No es claro a qué valor se deben ajustar los avalúos de las tierras. Al comercial en muchos lugares inflados por el lavado de activos, o al real, que depende de la capacidad productora de un terreno

Un par de cifras muestran de forma dramática dos de los pilares del problema de la tierra rural en el país. La primera tiene que ver con la concentración de su propiedad. Sólo 17.670 propietarios son dueños del 64 por ciento de todas las parcelas rurales existentes. Es decir, más de la mitad del país está en manos del 0,04 por ciento de la población.

La segunda tiene que ver con su poca productividad. El caso que más lo ilustra es la ganadería extensiva, donde en promedio se utiliza una hectárea de tierra para que paste una res. De esta forma se destinan 45 millones de hectáreas para ganado, que son nueve veces más de lo que se destina para agricultura, cuando esta última actividad produce la mitad del producto agropecuario del país.

Estos dos componentes, concentración e improductividad, estaban implícitos en las recientes declaraciones del vicepresidente Francisco Santos cuando dijo que se debería crear nuevos impuestos a las tierras ociosas, para obligar a los propietarios a que hicieran algo con ellas. Con estas palabras el Vicepresidente buscaba abrir de nuevo un debate de profunda trascendencia para el desarrollo del país -¿qué hacer con el sector rural ?-y lo logró.

La discusión en principio se quedó en si tenía algún sentido sugerir la creación de más impuestos. La reflexión de Santos apunta a que en el campo históricamente se han pagado bajos impuestos por concepto de predial, pues se cobra de acuerdo con unos avalúos catastrales con grandes diferencias ante los precios comerciales.

Hay casos de tierras productivas de Magdalena, Cesar y Sucre que pagaban tan solo 80 pesos de impuesto predial por hectárea. Corregir esto es tarea del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), que ya ha actualizado el valor catastral del 47 por ciento del país rural, para evitar que casos como el mencionado se sigan presentando.

Cabe anotar que esos nuevos catastros no necesariamente reflejan la distorsión de los valores de la tierra que se ha dado en Colombia por cuenta de que en las dos últimas décadas el narcotráfico ha utilizado esta clase de propiedades para esconder y valorizar su dinero. "Es inexplicable que aquí haya fincas con valor por hectárea superior a lo que cuesta en la pampa argentina, que son de las más productivas del mundo", dice José Félix Lafaurie, presidente de la Federación de Ganaderos. Así pues, no es claro a qué valor se debe actualizar la tierra: al comercial, inflado en muchos lugares por el lavado de activos, o al real, que es el que depende de la capacidad productora de un terreno.

De ahí que nuevos tributos, sin ponerle orden al impuesto predial existente, no pareciera ser la solución más expedita para ponerle oficio a las tierras ociosas. Entre otras, además, porque no existen estudios que permitan determinar cuáles de estas tierras son una forma de acumular riquezas -lícitas e ilícitas- y cuáles pertenecen a ganaderos que a duras penas logran subsistir con lo que les dan sus vacas.

El ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, plantea que en la Ley de Desarrollo Rural aprobada en 2007 ya se incluyó una figura que le permite al gobierno expropiar grandes extensiones de tierras ociosas en defensa del bien común, las que serían pagadas a su valor catastral. Dice que ya hay en estudio varios "casos ejemplificantes", donde se aplicaría esta ley a fincas de gran extensión que no tienen actividad alguna. Hasta ahora, el gobierno no le ha puesto fecha a la ejecución de esa tarea. Está por verse que la voluntad política del gobierno llegue a una medida de estas contra un puñado de terratenientes.

La preocupación del gobierno, entonces, más allá de la de nuevos impuestos, es sobre cómo hacer el campo más productivo. Lo llamativo es que en su visión de desarrollo está 'quitarle' al menos 10 millones de hectáreas a la ganadería (de las 45 que tiene) para que sean usadas en agricultura -incluidas en gran medida especies usadas para biocombustibles- y reforestación. Y los ganaderos están de acuerdo. O por lo menos el presidente de Fedegán, que los representa. Pero da su aval con una advertencia: que no es cierto que ellos tengan tantas tierras como se dice y que entre los ganaderos hay menos riqueza de la que se cree. Asegura que el 83 por ciento de los ganaderos está debajo de la línea de pobreza, por lo que este cambio de vocación en el uso de las tierras deberá ser paulatino y de la mano de mucho apoyo del Estado. Lo que a la postre se tendría que traducir en subsidios.

Así las cosas, hay hasta aquí cierta unanimidad entre gobierno y los propietarios de la tierra sobre no imponer más impuestos y mejorar la productividad. Estudiosos del tema como Ricardo Bonilla, del Observatorio de Coyuntura Socioeconómica de la Universidad Nacional, y el economista Salomón Kalmanovitz, si bien no coinciden plenamente en la forma de los planteamientos del gobierno y su aplicación, comparten en principio que la tierra ya tiene un impuesto, que es el predial, que se debe actualizar, y en la urgencia de aumentar la competitividad del campo.

Pero en lo que no están muy de acuerdo es en lo concerniente a la concentración de la propiedad rural. Para Fedegán, la discusión sobre la tenencia de la tierra era una bandera en los años 60 y hoy, dicen, las reflexiones deben ser sobre su uso. Por su parte, el gobierno dice que el gran problema de concentración tiene que ver con los capitales ilegales. Sin duda el narcotráfico y luego la violencia paramilitar distorsionaron tanto el valor de las tierras como su propiedad. Revertir su influencia es un gran desafío. Se calcula que cuatro millones de hectáreas han sido arrebatadas por actores armados, sin contar las adquiridas con dineros ilícitos. Siguiendo la sana lógica de la reparación, deberían ser devueltas a las víctimas del conflicto.

Sin embargo, en los archivos de la Dirección Nacional de Estupefacientes hay 4.350 predios rurales incautados y en proceso de extinción de dominio a la mafia, que equivaldrían sólo a unas 335.000 hectáreas. Es decir, todavía no se le hace cosquillas a un aspecto medular del conflicto colombiano: la histórica concentración de la propiedad rural.

Que el 64 por ciento del país rural esté en manos de 17.670 propietarios (cifras del Igac a enero de 2008, en fincas con extensión superior a 500 hectáreas) es a todas luces un despropósito. Para este Instituto, seguramente allí se incluyen grandes extensiones, como las entregadas a comunidades negras e indígenas, pero aun si lo estuvieran, la cifra revela que allí hay una tendencia de concentración urgente de atender por parte del Estado.

La Reforma Agraria es un sueño, y una necesidad aplazada del país. En las presidencias de Alfonso López y Carlos Lleras, en los años 40 y 60, se discutió cómo hacer para que Colombia fuera un país de propietarios, incluso buscando contener la violencia vía equidad. Se hicieron leyes que al llevarlas a la práctica no arrojaron los resultados esperados. Hoy, en pleno siglo XXI, y con la mejoría de la seguridad, el tema de la redistribución de las tierras debe volver a ser crucial.

El tema de la tierra parece ser no sólo la esencia de la reconstrucción de un país en lo que los expertos llaman el posconflicto, sino también una estrategia que ninguna nación que pretenda perdurar puede dejar de lado en un siglo como éste, en el que los alimentos y el uso masivo de biocombustibles se convierten en variables estratégicas del desarrollo.

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