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| 6/23/2003 12:00:00 AM

Tijera para rato

El recorte burocrático de Alvaro Uribe producirá más despidos, y también más ahorros de los que se había anunciado inicialmente.

Pese a que estaban anunciados desde antes, los despidos masivos de funcionarios y las liquidaciones de entidades estatales en los últimos días tomaron a más de uno por sorpresa. Todo el mundo sabía que el Congreso le había dado al presidente Alvaro Uribe facultades especiales para reorganizar la administración pública y adelgazar la burocracia. Nadie esperaba, sin embargo, que el primer mandatario se fuera a tomar tan a pecho esta tarea.

Con la liquidación de Telecom -y el despido definitivo de 5.000 de sus trabajadores- quedó claro que la cosa iba mucho más allá de la consabida fusión de ministerios. A la noticia de Telecom siguieron anuncios de recortes importantes en el Sena, Caprecom, la Aerocivil y la liquidación de otras entidades del sector transporte, como Ferrovías y Caminos Vecinales. Y, al cierre de esta edición, todo el mundo seguía a la expectativa por lo que pudiera pasar con Ecopetrol y con el Seguro Social, donde se espera un remezón muy grande.

Desde que arrancó el programa de reorganización del Estado hasta el pasado viernes 20 de junio el gobierno le había metido mano a 41 entidades, en las que había suprimido un total de 13.413 puestos de trabajo, de acuerdo con la contabilidad que lleva el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Esta reducción de la nómina traerá un ahorro de 426.000 millones de pesos al año (más o menos un cuarto de reforma tributaria). De otro lado, un total de 3.965 personas se salvaron de quedar en la calle en virtud del llamado 'retén social', que protege a los discapacitados, a las madres cabeza de hogar y a quienes estén próximos a jubilarse.

Lo primero que llama la atención de este balance preliminar es que el gobierno va a sobrepasar el número de despidos que había calculado inicialmente. En un principio había anunciado que saldrían aproximadamente unos 10.000 servidores públicos y que habría otros 30.000 que se jubilarían y no serían reemplazados. A la semana pasada, sin embargo, se habían despedido 11.834 personas, incluyendo las que estaban vinculadas con contratos de prestación de servicios. Pero estos cálculos todavía no incluyen los cambios que todavía están por hacer en el ISS, por ejemplo, y tampoco suman los 3.400 contratos de servicios personales que el Sena se abstuvo de renovar este año.

Por eso, cuando termine la reestructuración estatal, el número total de despidos (incluyendo contratistas) seguramente será mucho mayor a los 10.000. Seguirá siendo menos del 1 por ciento de los cerca de tres millones de desempleados que ya hay en el país, pero no por eso dejará de ser duro por todo lo que implica para la gente quedarse sin trabajo. Ahora bien, la otra cara de la moneda serán los ahorros, que también estarán por encima de lo previsto.

Sobre el escritorio del presidente Uribe reposan por estos días un montón de decretos de reestructuración que debe firmar antes de este viernes 27 de junio, día en que se vencen las facultades extraordinarias que le otorgó el Congreso. No hay que pensar, no obstante, que ese día terminarán los recortes. La ley le permite al Presidente liquidar y fusionar entidades cuando quiera, sin permiso especial del Congreso. Para escindir o crear instituciones nuevas, en cambio, sí requiere las facultades temporales que vencen el viernes.

Pero la reestructuración del Estado consiste en buena medida en fusionar o suprimir entidades, y estas son cosas que el gobierno puede hacer con sus facultades normales. Por eso cabe esperar que el proceso siga después del 27 de junio. La supresión de varias superintendencias o la fusión de Corelca, Urrá y Termopaipa para formar una gran generadora eléctrica estatal son medidas que se van a tomar con toda seguridad, pero no esta semana sino más adelante. Hay muchos otros recortes de ese estilo que llegarán poco a poco.

De manera que la reestructuración del Estado no será una cosa de este semestre sino de todo el cuatrienio. Al menos esa es la aspiración del gobierno. "La idea es hacer un seguimiento detallado, publicando información completa y oportuna, para evaluar este proceso y darle continuidad", explica Santiago Montenegro, director del DNP. Esto de la información es muy importante. No hay que olvidar que el país ya ha pasado varias veces por este plan de reestructuración general del sector público (en la época de Gaviria la llamaban modernización). Pero antes solía ocurrir que una entidad se reestructuraba, al año siguiente volvía a duplicar su nómina y nadie se daba cuenta.

Igualmente importante será aquello de la continuidad. Los intentos que de reestructuración se han hecho en el pasado se han quedado a mitad de camino porque han llegado nuevos funcionarios a deshacer los cambios y, en muchos casos, a engordar nuevamente la nómina para satisfacer el apetito clientelista de los congresistas. Por eso lo más importante no es el número de ministerios o de entidades que haya sino que se mantengan aisladas del juego politiquero. A juzgar por el malestar que expresan los congresistas, Uribe quiere mantener las entidades reestructuradas alejadas de sus tentáculos. De ser así, esta reestructuración podría producir mejores resultados que las anteriores. Si hay continuidad, claro está.
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