Timonazo

Con la nueva versión del proyecto de ley de alternatividad penal que acordaron Congreso y gobierno la semana pasada, se dio un paso importante para que, eventualmente, la desmovilización y reinserción de los miembros de las autodefensas se convierta en una realidad. Las primeras versiones de la iniciativa permitían que los ex combatientes beneficiados no fueran castigados con cárcel, sino que compensarían a la sociedad por sus delitos con trabajos sociales, devolviendo bienes al Estado, o con manifestaciones públicas de arrepentimiento, algo a todas luces inaceptable para muchas de las víctimas de crímenes atroces en Colombia y para la comunidad internacional. Por ahora, el nuevo proyecto ayuda a desempantanar el proceso de paz con los paramilitares, salvaguardando que no haya impunidad.

Los efectos del giro no se han hecho esperar. A comienzos de marzo, tres de los líderes de las AUC, Carlos Castaño, Salvatore Mancuso y Adolfo Paz, 'Don Berna', hicieron saber al gobierno que no continuarían en las mesas de negociación si mantenía como condición la concentración de sus fuerzas y si se conservaban los pedidos de extradición de Estados Unidos contra ellos. Al día siguiente de que se anunciaron los cambios a la alternatividad, entre los que se encuentra no incluir el tema de la extradición en el texto del proyecto, las AUC y el Bloque Central Bolívar emitieron un comunicado en el que anunciaron formar una mesa única, que tendrá dentro de sus objetivos estudiar las condiciones para concentrar sus tropas. El cambio de posición de los paramilitares sugiere que la nueva versión del proyecto de ley de alternatividad les ofrece una mayor seguridad jurídica.

La decisión de no incluir la extradición en el proyecto de alternatividad penal podría tener implicaciones más políticas que jurídicas. Mientras en las primeras versiones se mencionaba que en cualquier proceso de paz se respetarían los tratados internacionales de extradición, en la propuesta actual no se hacen referencias explícitas a la posibilidad de que colombianos sean juzgados en el exterior. Aunque con esto abrirían algunas puertas políticas para la desmovilización, en algún momento la extradición se podría volver a atravesar en las negociaciones con los paramilitares.

De hecho, algunos congresistas ya han señalado que sin la reforma constitucional mencionada, los procesos de paz resultan inviables. Así lo expresó la representante Rocío Arias, al anunciar que promoverá un proyecto para eximir de la extradición a integrantes de grupos armados que participen en procesos de paz. Para Arias, incluso con las modificaciones, la Ley de Alternatividad Penal "no favorece en nada la negociación, al no haber claridad de antemano en el tema de extradición".

Además de dejar el tema de la extradición por fuera, el gobierno y los ponentes del proyecto acordaron incluir la creación de un tribunal de verdad, justicia y reparación que se encargará de rendir conceptos al presidente Álvaro Uribe acerca de los beneficios que podrán obtener los desmovilizados con la alternatividad. Adicionalmente, propusieron restricciones a la libertad a los autores de delitos de lesa humanidad; deberán cumplir penas en centros de reclusión por un tiempo que oscilaría entre cinco y 10 años. La inclusión de estos dos nuevos elementos en el proyecto es resultado de una reflexión del gobierno frente a la necesidad de mantener su credibilidad ante los ojos de la comunidad internacional.

Durante los últimos meses se dieron declaraciones como la de Michael Frühling, delegado de la ONU para los derechos humanos en Colombia, quien insistió en que la norma de alternatividad debería contemplar condenas y cárcel para los desmovilizados para evitar la impunidad o la promulgación de una "ley de perdón y olvido". Así mismo, el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, había destacado el fuerte consenso internacional alrededor de que la impunidad ya sea mediante amnistías, indultos o castigos meramente simbólicos- nunca debe otorgarse para los crímenes contra la humanidad. Varios miembros del Congreso de Estados Unidos también han hecho manifestaciones en este sentido. Por eso, el viaje del Presidente a este país incidió en su cambio de actitud frente a la iniciativa de alternatividad.

A las críticas internacionales se sumaron posturas de senadores como Rafael Pardo, que siempre insistió en que el proyecto no debería implicar un perdón total de conductas y que tendría que haber condiciones de reparación a las víctimas. Además, en un seminario realizado hace dos semanas por la Fundación Ideas para la Paz, al que se invitaron los senadores ponentes, expertos internacionales en negociación advirtieron sobre la importancia de precisar más los términos de la ley para garantizar que fuera consecuente con la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos, del derecho internacional humanitario y de las Naciones Unidas. Esta reflexión colectiva también sirvió para que el gobierno hiciera un análisis de los costos que tendría impulsar una ley que posteriormente podría terminar siendo declarada nula por un tribunal internacional, como la Corte Interamericana.

Es positivo que el gobierno haya dado avances en la Ley de Alternatividad para evitar que esta se limitara a perdonar a los combatientes de grupos armados, en el caso actual, los paramilitares, a cambio de su desmovilización. Sin embargo, quedan muchos aspectos sin precisar.

El principal de ellos es el que hace referencia a la conformación del tribunal de verdad, justicia y reparación. En la mayoría de los casos internacionales en los que se ha acudido a la formación de tribunales provisionales, estos han estado encargados de reconstruir los relatos de los delitos atroces, pero no de juzgar. En la propuesta de alternatividad, el tribunal estará compuesto por tres magistrados elegidos por la Corte Suprema de Justicia, a partir de una terna enviada por el Presidente. La Corte deberá informar al Presidente sobre qué personas pueden recibir los beneficios de la alternatividad. Podría pensarse que, a pesar de su carácter transitorio, con este tribunal se estaría creando una justicia paralela a la ordinaria y el Presidente tendría una intervención directa sobre la instancia que, además de reconstruir las historias de guerra, debe definir quiénes y cómo deben ser castigados por actuaciones ilegales.

Por eso, el proyecto de alternatividad penal debe tener la mayor precisión jurídica posible. Primero, porque el proceso de negociación con los paramilitares gira alrededor de la definición clara de los beneficios judiciales de la desmovilización. En este sentido, el gobierno tiene que prever qué pasará cuando, obligatoriamente, los avances en la discusión de este proyecto se crucen con la necesidad de definir posturas claras frente a la extradición. Segundo, porque de su seriedad depende la legitimidad del gobierno colombiano ante la comunidad internacional y, tercero, porque si la iniciativa pasa en el Congreso se podría estar sentando un precedente para la negociación con otros grupos armados. Por ahora, el gobierno radicará una versión del proyecto que procura hacer compatible el cuidado de su imagen ante la comunidad internacional con la oferta de condiciones interesantes de desmovilización para los paramilitares.