Tiros al aire

El lunes pasado al salir de un consejo de seguridad en Yopal, Casanare, el presidente Álvaro Uribe afirmó que tenía pruebas de que Tayrona, una empresa administradora del régimen subsidiado (ARS), pertenecía a grupos de autodefensa. "Aspiro a que antes de que termine el día de hoy esa ARS esté suspendida", dijo. Dos días atrás un alcalde del Chocó aprovechó un consejo comunitario para denunciar que otra ARS le había ofrecido dinero para que la contrataran. Al finalizar el día, el ministro de Protección Social, Diego Palacio, anunció que por las denuncias ya estaba lista la resolución para suspender temporalmente a la Asociación Mutual Barrios Unidos del Quibdó. Hace dos semanas también hubo denuncias de irregularidades cuando la Alcadía de Villavicencio no prorrogó los contratos de tres ARS de esa ciudad, y se los adjudicó a tres empresas nuevas. Una de estas Tayrona, la señalada por Uribe de ser de los paramilitares. Los escándalos que desataron estos anuncios resultaron ser fiebre de un día pues en la práctica, por lo menos en estos casos, el gobierno ha hecho más ruido que tomado decisiones. En vez de darles claridad a los colombianos sobre lo que está pasando con los dineros de la salud, se enrareció el ambiente sobre la necesidad del régimen subsidiado y se despertó zozobra entre los usuarios. Por ejemplo en Villavicencio, Salud Total, una de las ARS a las que no les renovaron su contrato, ha pedido que se le suspendan los giros de recursos de la salud a la Alcaldía, pues Palacio ya había advertido que esto sucedería si los alcaldes no renovaban los contratos con las ARS, salvo en caso de incumplimiento. Si se suspenden los pagos, 57.000 personas quedarían sin cobertura. Además, las otras dos ARS afectadas, Solsalud y Salud Vida, han anunciado acciones legales que les pueden significar a los colombianos el pago de millones de pesos en indemnizaciones. Así mismo en Quibdó, donde el Ministro había dicho que ya estaba lista la resolución para suspender a la ARS Mutual de Barrios Unidos del Quibdó, esta sigue funcionando. Juan Vargas, su representante, dice que a ellos no les han notificado nada y que ni siquiera el superintendente de salud César López los ha atendido. Anunció acciones legales por el daño que les han causado las acusaciones públicas, para él sin fundamento. El tratamiento del gobierno a la ARS Tayrona no ha sido muy diferente. Aunque un vocero de la Presidencia dijo a SEMANA que Uribe hizo ese señalamiento porque el gobierno tiene pruebas documentales de sus vínculos con el grupo paramilitar de Martín Llanos, los representantes de la ARS dijeron a SEMANA que ninguna autoridad les ha preguntado al respecto, ni en Yopal ni en Villavicencio. Además en la Fiscalía dicen que no hay investigación al respecto. Así mismo, José Gómez y Luz Zea, los representantes de Tayrona, dicen que le hicieron antesala al superintendente de Salud y no los atendió. Que nadie les notificó resolución alguna en su contra y que lo que saben es por la prensa, por lo que ellos prefirieron pedir que se les cancelen sus contratos, según dijo Zea, "antes que se les siga estigmatizando". Dicen que no van a iniciar acción legal contra el Presidente, pero que consideran que "sus declaraciones los pusieron a ellos y a todos sus trabajadores en riesgo en un departamento donde hay presencia guerrillera". Un vocero de la superintendencia dijo a esta revista que como el Superintendente no se encontraba en la ciudad, no pudo atender a los representantes de las ARS, y que no había ningún funcionario con autoridad para atenderlos. Dijo que ellos respetan el debido proceso y que por eso han estudiado en detalle la forma como se hacen las resoluciones en contra de estas empresas, que según ellos en el caso de Barrios Unidos ya está en proceso de notificación. También que están adelantando las investigaciones en el caso de Villavicencio y de otras denuncias, y cuando esté toda la información la van a dar a conocer a la opinión pública. Bienvenidas son todas las acciones del gobierno para que se depure el sistema de salud de las mafias que se han logrado camuflar en algunas de sus entidades. Pero cuando se actúe contra alguien tiene que ser con fórmula de juicio, sin tiros al aire que condenan -y ponen en riesgo- de antemano a personas y empresas a quienes ninguna autoridad judicial o de control ha declarado culpables. Además, si luego esas acusaciones resultan sin piso se les resta credibilidad a las investigaciones que se adelantan y se pone en entredicho todo el régimen subsidiado de salud, que el mismo gobierno dice estar empeñado en defender y expandir.