Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 1997/03/10 00:00

A TODA MAQUINA

El acuerdo marítimo alcanzado la semana pasada con Estados Unidos no garantiza la certificación de Colombia pero la aleja de las sanciones.

A TODA MAQUINA

Cuando en la madrugada del pasado 2 de febrero los delegados colombianos y estadounidenses pusieron punto final al acuerdo marítimo de lucha contra el narcotráfico entre los dos países, sintieron un alivio. Después de seis días de intensos debates y de más de un año de negociaciones habían logrado finalmente poner sobre el papel las reglas del juego bajo las cuales colombianos y norteamericanos actuarían conjuntamente en el mar para combatir el tráfico de drogas.La tarea no fue nada fácil. Aunque varios de los puntos del acuerdo ya se estaban llevando a cabo en la práctica, en más de una ocasión estuvieron a punto de suspenderse las negociaciones por las sutilezas de las partes, que sabían lo delicado e importante que resultaba el tema para las dos naciones. La delegación norteamericana, encabezada por el capitán J. Ashley Roach, debió prolongar su estadía por dos días más de los planeados inicialmente para poder volver a Washington con resultados.La primera versión del acuerdo, presentada por los estadounidenses a finales de 1995, había sido rechazada prácticamente en su totalidad por el gobierno nacional, con el argumento de que buena parte de ella era inconstitucional o ilegal. Las pretensiones norteamericanas en ese momento eran las de patrullar, monitorear e inspeccionar naves colombianas incluso dentro de las 12 millas de mar territorial. Este punto, que desde un comienzo los delegados colombianos calificaron de inadmisible, detuvo el avance de las conversaciones durante varios meses.Después de varias rondas de conversaciones, cuando los negociadores de los dos países se sentaron nuevamente a la mesa el 27 de enero pasado, todavía eran varios los asuntos que quedaban por resolver. Entre ellos los más importantes eran la zona donde los barcos del otro país podrían hacer los monitoreos y el abordaje e inspección, cuáles serían los procedimientos para obtener la autorización y, sobre todo, qué sucedería con la nave, los tripulantes y la carga en caso de que se comprobara que estaban traficando con drogas.Tras un intenso forcejeo, en el cual las diferentes interpretaciones que cada uno de los dos países daba a conceptos como mar territorial, zona económica exclusiva e incluso a palabras como abordaje fueron motivo de largas discusiones, finalmente se llegó a un acuerdo satisfactorio para las dos partes. En él, Colombia ganó ante todo la defensa de su jurisdicción exclusiva dentro del mar territorial y abrió nuevamente las puertas para la cooperación judicial binacional, que en los últimos años había sido bastante limitada. Estados Unidos, por su parte, obtuvo el reconocimiento de la posibilidad de ejercer jurisdicción sobre los barcos de bandera colombiana capturados en altamar, sus tripulantes y su carga, los cuales, de acuerdo con el artículo 14 del Código Penal colombiano, podrán ser llevados a Estados Unidos cuando este país ya haya iniciado una acción penal contra ellos (ver recuadro).Finalmente el acuerdo, cuyo texto final está siendo revisado y traducido por las partes y podría ser firmado en el transcurso de esta semana, dejó satisfechos a los dos gobiernos. A Colombia, porque sin ceder en puntos considerados vitales como la jurisdicción dentro del mar territorial, sacó adelante el acuerdo en momentos en que un fracaso en este campo habría sido nefasto para el proceso de certificación que se aproxima. Aunque en teoría la evaluación de Estados Unidos califica el desempeño del país sólo durante 1996, y es bien sabido que el acuerdo por sí solo no garantiza la certificación, lo que todos daban por descontado es que sin acuerdo habría desaparecido cualquier posibilidad de obtenerla.En cuanto a Estados Unidos, el haber logrado finalmente un acuerdo con Colombia en una materia tan delicada representa para el embajador Myles Frechette un triunfo personal pocos meses antes de que culmine su misión en Bogotá. Pero además es un trofeo para el subsecretario de Estado Robert Gelbard, quien con el acuerdo con Colombia en la mano podrá negociar, como ya lo está haciendo esta semana con Jamaica, acuerdos similares con otros países del área, que en la práctica se traducirán en la posibilidad de monitorear y controlar una vasta zona del Caribe.A pesar de los mutuos reconocimientos por el trabajo adelantado, el sigilo que las dos partes han mantenido con respecto al contenido del texto final ha despertado suspicacias dentro de diversos círculos del país, algunos de los cuales ven todavía con reticencia la firma del acuerdo. A medida que se han conocido sus distintas partes han surgido algunas dudas sobre el verdadero alcance de puntos como el de la entrega a los norteamericanos de la jurisdicción sobre las naves que cometan delitos en alta mar. Aunque aparentemente esta disposición está acorde con las leyes colombianas hay quienes se preguntan si al hablarse de"tener la competencia debido a que previamente inició la acción penal por este mismo hecho" se está aceptando la posibilidad de que los guardacostas estadounidenses inicien los procesos penales en el momento mismo de la captura de las embarcaciones o si sólo es aplicable a los casos en que tengan procesos previos. De todos modos el gobierno colombiano está dispuesto a hacerle frente a las eventuales críticas que pudieran surgir por el acuerdo con la convicción de que no pasará mucho tiempo sin que el país se dé cuenta de sus bondades. La principal es evitar que sus aguas sigan siendo refugio para narcotraficantes. Y también la de haber aumentado las probabilidades de que Estados Unidos opte por otorgarle aunque sea una certificación condicionada. nn El sigilo de los dos gobiernos ha despertado suspicacias sobre el alcance del acuerdoLos principales puntos del acuerdo entre Colombia y Estados Unidos son:1 La detección, monitoreo, abordaje e inspección de naves sospechosas que se encuentren dentro del mar territorial de cada uno de los países será realizada únicamente por las autoridades de ese país. 2Más allá del mar territorial _es decir de las 12 millas_ las autoridades del otro país podrán realizar labores de detección y monitoreo y abordar e inspeccionar naves sospechosas que tengan la bandera del otro país, pero con su autorización previa. En el caso de Colombia, esta autorización debe provenir del Ministerio de Defensa, a través del Centro de Operaciones de la Armada Nacional. Si después de tres horas la autorización no ha sido recibida, se entenderá que ésta ha sido otorgada. 3Cuando las autoridades norteamericanas encuentren una nave colombiana traficando con droga más allá del mar territorial pero dentro de las 200 millas de la zona económica exclusiva de Colombia, no podrán disponer de la nave, los tripulantes o la carga, los cuales tendrán que ser entregados a las autoridades colombianas. 4Cuando se cometa un delito en una nave colombiana que se encuentre más allá de las 200 millas, las autoridades norteamericanas podrán excepcionalmente disponer de la nave, los tripulantes y la carga, siempre que previamente hayan iniciado la acción penal por el hecho, de acuerdo con el artículo 14 del Código Penal colombiano.5Los dos países podrán intercambiar la información y las pruebas que obtengan en desarrollo del acuerdo y compartir los bienes decomisados o el producto de su venta.6 El país que realiza la inspección y el abordaje de la nave se hará responsable de los daños, perjuicios o pérdidas que pudieran ocasionarse innecesariamente en ella.

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.