Y todavía falta...

Por primera vez tres altos ex funcionarios del DAS reconocieron ante la Corte Suprema de Justicia que ese organismo de inteligencia 'chuzaba', hacía seguimientos y amenazaba a sindicalistas, periodistas y miembros de ONG. Las revelaciones hechas por Jorge Noguera, ex director del DAS a quien se le sigue un juicio por tres homicidios y por vínculos con los grupos paramilitares; por Andrés Peñate, ex director de ese organismo, y por Jorge Lagos, ex director de contrainteligencia, dejaron con la piel erizada a quienes los escucharon, evocaron escenas de películas como La vida de los otros sobre el control a los ciudadanos en los países de la cortina de hierro.

A pesar de que nada de lo dicho allí es nuevo, pues SEMANA ha venido publicando desde hace cuatro años, con todo tipo de pruebas y testimonios, la profunda corrupción del DAS y sus peligrosas acciones de guerra sucia, es la primera vez que estos delitos son reconocidos por quienes los dirigieron en los últimos años.

Hace tres semanas Noguera, en su condición de acusado, afirmó ante los magistrados que él le enviaba directamente al presidente Álvaro Uribe informes periódicos sobre las actividades de sindicalistas y ONG. También dijo que fue por orden del Jefe de Estado que nombró como subdirector del DAS al polémico José Miguel Narváez, hoy detenido y también investigado por vínculos con grupos paramilitares y por el caso de las 'chuzadas'. Una declaración muy sensible si se tiene en cuenta que desde que salió del DAS en 2005, es la primera vez que Noguera menciona e involucra al Presidente en sus actuaciones como jefe de la inteligencia.

El primero en declarar como testigo en el juicio contra Noguera fue su sucesor, Andrés Peñate. Ante la Corte afirmó que cuando llegó al DAS "parecía que la guerra fría no hubiera terminado. Había un discurso muy anticomunista y anti-izquierda". Contó que al asumir la dirección descubrió que incluso él y su familia habían sido víctimas de seguimientos y guerra sucia por parte del DAS, que tuvo que sacar una circular para que los funcionarios dejaran de amenazarse entre sí, y que le puso escolta al grupo de control interno de la institución para prevenir cualquier atentado en su contra. Dijo que él mismo cerró el polémico grupo G-3 que actuaba de forma ilegal dentro del organismo y que, como lo ha probado la Fiscalía, era la punta de lanza de amenazas, 'chuzadas' y seguimientos. Esta versión fue respaldada por Lagos, ex jefe de contrainteligencia nombrado por Peñate, quien también está siendo investigado por las 'chuzadas'.

Lagos fue más allá. Afirmó que "lo que encontramos fueron actividades de inteligencia, entre ellos a funcionarios del gobierno, además de seguimientos y presiones a sindicalistas". Lagos confirmó que durante la administración de Peñate se descubrieron seguimientos y 'chuzadas' irregulares. Pero lo que sorprendió más a los presentes es que reconociera que "del DAS salieron sufragios y panfletos amenazantes contra periodistas, sindicalistas y ONG". También salió a relucir que el tenebroso G-3 hacía campañas de desprestigio contra miembros de la sociedad civil. Hechos que también fueron denunciados por SEMANA desde el año pasado.

En medio del vendaval de noticias políticas que soplan en el país, el juicio de Noguera ha tenido poca repercusión. Pero la extrema gravedad de lo que allí se ha dicho tendrá consecuencias políticas considerables dentro y fuera del país. Para empezar, está el asunto de los sindicalistas. A estas alturas nadie duda de que los asesinatos, amenazas y hostigamientos a líderes de los trabajadores ha sido el principal escollo para el TLC con Estados Unidos, y se perfila como el obstáculo que encuentran muchos parlamentarios europeos para firmar un acuerdo comercial con Colombia. El gobierno ha hecho ingentes esfuerzos por bajarle la dimensión al problema y mostrar con cifras la mejoría. Pero hasta ahora no había una prueba de que desde el Estado hubiera una campaña sistemática en contra de los sindicalistas. El juicio de Noguera cambia eso y termina dándole en buena medida la razón a las organizaciones sindicales.

Similar preocupación hay entre las organizaciones de periodistas. Hace pocos días se supo que desde el DAS se ordenó intimidar a los periodistas Claudia Julieta Duque y Hollman Morris. A la primera le amenazaron a su hija y contra el segundo pidieron, según decía un documento oficial: "Iniciar campaña de desprestigio a nivel internacional a través de las siguientes actividades: comunicados, inclusión video Farc, gestionar suspensión de la visa". Por eso, en sus respectivos informes de esta semana, el Comité para la Protección de los Periodistas basado en Nueva York (CPJ) y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) coincidieron en que el espionaje y los hostigamientos a periodistas son las más preocupantes violaciones a la prensa en Colombia en 2009. En una intensa reunión realizada el martes pasado en la Casa de Nariño entre el alto gobierno y una delegación de estas organizaciones de periodistas, el presidente Uribe dijo enfáticamente: "Quien restrinja la libertad de los periodistas y los espíe ilegalmente es enemigo de mi gobierno".

Algo similar está ocurriendo con las ONG y defensores de derechos humanos. Ya hay demandas ante cortes internacionales para que se hagan cargo del tema, y tanto en Washington como en Europa las 'chuzadas' son, junto a los 'falsos positivos', el tema al que más seguimiento se le hace, evitando que se desvíen las investigaciones o no se llegue al fondo.

Por donde se mire, el juicio de Noguera es explosivo y tendrá consecuencias. Primero porque será difícil explicar que se trató de delitos cometidos por grupos aislados dentro de la institución, pues se hicieron de manera sistemática en el tiempo, contra muchas personas y con conocimiento, según indicios, de personas del más alto nivel como era en ese momento José Miguel Narváez.

Un segundo aspecto grave es que no se trata de una institución cualquiera, sino de una que depende directamente de la Presidencia de la República. Dado que se estaba instigando a opositores políticos y a personas que cumplen una función legal y legítima dentro de la democracia, el gobierno queda muy mal parado. Espiar, desprestigiar y amenazar son tácticas sucias que se convierten en un rasgo definitivo de un régimen. Más aún cuando en muchos casos las amenazas terminaron en exilio o muerte de las víctimas, como en el caso del profesor Alfredo Correa de Andreis, o en la destrucción de sus vidas laborales y familiares.

Un tercer punto son los interrogantes que han quedado planteados. ¿Por qué una vez se descubrió que miembros del DAS estaban cometiendo delitos graves no los denunciaron ante las autoridades? ¿Por qué luego de que se acabó con el G-3 varios de sus miembros, que estaban inmersos en esas sucias actividades, fueron llamados para integrar el Grupo de Observación Nacional e Internacional, Goni?

El juicio a Noguera, donde se han ventilado todas estas escabrosas historias, apenas está en su primera etapa y se espera que en los próximos días haya nuevas revelaciones ya que el Procurador ha anunciado que elevará pliego de cargos a 26 funcionarios del DAS y tres de la Casa de Nariño. En plena campaña electoral, no cabe duda de que muchos interrogarán a Uribe sobre el nivel de información que tenía sobre lo que ocurría en un organismo que le rinde cuentas directamente a él. La gran pregunta detrás de todo este escándalo es si estas prácticas eran parte de una política o si durante un largo período la institución estuvo a la deriva, y en el alto gobierno nadie sabía lo que hacían estos funcionarios.