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| 6/11/2006 12:00:00 AM

Todo por la plata

Con el hundimiento de reforma a la Ley 100 se perdió una oportunidad para mejorar la atención y la salud de los colombianos. Ganaron los intereses particulares.

Aunque no está permi-tida en Colombia, la semana pasada la eutanasia fue aplicada en el Congreso de la República a un paciente que desde hace semanas estaba en el famoso paseo de la muerte: era el proyecto de ley 052 que buscaba reformar parcialmente el sistema de salud del país.

En 2004, el Senado creó una comisión accidental para estudiar los efectos que la Ley 100 de 1993 había tenido en la salud de los colombianos y así establecer los ajustes que se debían hacer. Desafortunadamente, esa misión terminó con la elaboración de 17 diferentes proyectos de ley.

Pese a la diversidad de propuestas, todos coincidían en señalar que los problemas más importantes que tiene el sistema de salud eran la falta de cobertura, la caída de los indicadores de salud pública, las barreras para acceder a los servicios y la ausencia de transparencia en el manejo de los millonarios recursos que mueve el sector.

Tras semanas de acaloradas discusiones, los 17 proyectos terminaron condensados en dos. Y por presión del gobierno, se terminó escogiendo uno, el 052 de 2005 que, en esencia, buscaba incluir a más de seis millones de personas pobres en el sistema de salud, llevar más recursos y mejorar algunos aspectos puntuales, como la información.

El problema es que, además de los intereses del gobierno, también entraron en juego otros. Algunos sectores querían crear un nuevo sistema. Los hospitales y las clínicas (IPS) lograron incluir en el texto, con el aval del Ministerio de la Protección Social, limitar la integración vertical de las Empresas Promotoras de Salud (EPS). Es decir, que estas sólo pudieran contratar con su propia red de clínicas el 30 por ciento de los servicios. Y, a su vez, las EPS buscaron defender su derecho a la libertad de empresa.

A medida que el proyecto empezó a ser discutido empezó a sufrir modificaciones que enredaron aun más su suerte, como la decisión del Senado de financiar el aumento de la cobertura con el impuesto del 4 por mil a las transacciones financieras. Esto hizo que el mismo Ministerio de Hacienda y el Departamento de Planeación Nacional también mostraran sus reparos. No estaban de acuerdo con el nuevo destino del 4 por mil y tampoco tenían claro de dónde iban a salir los 2,6 billones de pesos que valía aumentar la cobertura.

En últimas, la muerte del proyecto estaba anunciada desde hacía varias semanas. Y así ocurrió el miércoles pasado, cuando, a las 11:38 minutos de la mañana, la comisión séptima de la Cámara logró reunir el esquivo quórum para discutir de nuevo el proyecto. En una jugada política decidieron darle un entierro de tercera.

El viceministro técnico de Protección Social, Ramiro Guerrero, dijo que desafortunadamente en el proyecto confluyeron intereses muy fuertes de diferentes sectores que terminaron por dilatar su discusión, pero advirtió que algunas de las propuestas de cambio se harán por decreto.

Según algunos parlamentarios consultados por SEMANA, el proyecto se hundió por el fuerte cabildeo que las EPS hicieron para evitar que fueran controladas. Augusto Galán, director de Acemi, entidad que reúne a estas empresas, respondió que hicieron un lobby igual al de los hospitales, médicos, sindicatos y universidades, entre otros, para ser escuchados.

"Pese a lo ocurrido, estamos convencidos de que se deben hacer ajustes al sistema que estén sustentados en satisfacer y mejorar cuatro principios fundamentales: lograr cobertura universal, tener solidaridad en el financiamiento, que haya sostenibilidad del sistema y calidad en la atención. Y, por supuesto, que haya control a posiciones dominantes, pero de todos los actores", dijo el ex ministro Galán.

Lo cierto es que el mismo gobierno se encargó silenciosamente de enterrarlo. El presidente Álvaro Uribe se había comprometido en campaña a darles salud a todos los colombianos. Sin embargo, para llegar a eso se requiere de una profunda transformación de los recursos del sistema y de las transferencias que hace la Nación a los departamentos y municipios, entre otras, y este proyecto no respondía a ese reto.

Para el ex secretario de Salud de Bogotá e investigador en seguridad social de la Universidad Javeriana, José Fernando Cardona, era claro desde el principio que el proyecto tenía grandes debilidades porque se centraba en ajustar la arquitectura financiera del sistema, pero no en mejorar la calidad de la atención ni en frenar el deterioro de los indicadores de salud pública.

Un reciente estudio de esa universidad encontró que si bien en los últimos 10 años el gasto en salud se ha multiplicado por seis y la cobertura pasó del 20 al 65 por ciento de la población, los indicadores de muertes evitables, prevención de enfermedades, mortalidad materna, vacunación, malaria, dengue no han mejorado o incluso han empeorado.

Julio Rincón, director de Cosesam, entidad que reúne a todos los secretarios de salud del país, dijo que en vez de seguir pensando en reformar la Ley 100 se debe poner a funcionar lo que hay, en "garantizar una atención básica para todos y dejar de preocuparnos tanto por la plata y más bien cuidar mejor la salud de los usuarios".

Por eso es importante que desde ahora el gobierno lidere un proceso para fijar metas claras que mejoren la atención de los pacientes y rompa las barreras que hay en la atención, encarnadas en el famoso paseo de la muerte que ocurre a diario en el país. Además, debe exigirles a los aseguradores y prestadores de servicios metas en el mejoramiento de la salud de las personas, pues no sólo con tener un carné las personas tienen la atención asegurada.

Ojalá en el futuro las discusiones se enfoquen en este problema y no en una pelea por dinero, en el que cada uno está más preocupado por cuidar su negocio y sus intereses y no por buscar que la salud de los colombianos mejore cada día.
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