A todo vapor

La imagen de la locomotora que escogió el gobierno Santos para definir como prioridad el desarrollo del sector minero no podía ser más apropiada. Este está andando a todo vapor, como nunca antes en la historia del país, y por eso el futuro, visto a la luz del brillo de los metales, se proyecta fabuloso. Pero el gobierno aún no ha tendido los rieles por los que debe correr.

Colombia es el principal productor de carbón de América Latina y el décimo del mundo, con más de 74.000 toneladas métricas de producción en 2010. Y el año pasado, la producción de oro fue histórica, como también ha marcado récords la de ferroníquel en los últimos cinco años. Las exportaciones de minerales alcanzaron los 18.400 millones de dólares, el 46 por ciento del valor exportado.

La inversión extranjera directa en minería casi se triplicó: pasó de 3.800 millones de dólares en el quinquenio 1999-2004 a 11.900 millones en el quinquenio siguiente. Y, según datos del Ministerio de Minas, las regalías mineras alcanzaron los 647 millones de dólares el año pasado y seguirán creciendo de forma exponencial en los próximos años.

A la fecha, el Registro Minero Nacional reporta que 1.717 empresas tienen títulos mineros vigentes. Y de las diez multinacionales mineras más grandes del mundo según su valor de capital de mercado, seis ya están en Colombia. Hay mineras desarrollando proyectos de explotación de oro a gran escala, como Anglo Gold Ashanti con las minas La Colosa, en Tolima, y Gramalote, en Antioquia; y la recién fusionada Medoro Resources-Gran Colombia Gold con las minas de Marmato, en Caldas, y de Frontino y El Zancudo, en Antioquia. Otras están planeando desarrollos o expansiones en minas de carbón, como la brasileña Vale Coal en el Cesar. Si estos y otros planes se concretan, en una década el país puede llegar a duplicar su producción de carbón y a ampliar la de oro en un 60 por ciento.

Esta arrolladora locomotora, sin embargo, por ahora corre a campo traviesa. Los problemas son de todo orden. Las instituciones que regulan el sector han quedado raquíticas después de un largo periodo de corrupción y desorden. Hay 15.000 mineros de hecho que, según el reciente informe de la Defensoría del Pueblo, viven de unas 3.600 minas ilegales de las cuales apenas 23 han podido legalizarse. Esa informalidad los condena a la pobreza y los pone en conflicto con la gran minería en plena expansión. Entre ellos, además, se camufla el crimen organizado, que ha encontrado en la minería ilegal una fuente de riqueza y en las exportaciones ficticias de oro, una manera de lavar dinero. Tampoco están bajo control las fatalidades en las pequeñas minas de carbón: a mayo de este año ya iban 62 mineros muertos en accidentes de trabajo.

El gobierno está empeñado, como dijo el viceministro de Minas, Tomás González, a SEMANA, "en desarrollar la minería que le sirva al país". La clave, añadió, será consolidar una institucionalidad fuerte, capaz de regular el sector con independencia y de aprovechar sus riquezas para un desarrollo sostenible y socialmente más equitativo.

Y ya se están dando los primeros pasos. La creación de un Sistema Nacional que ahorre parte de las crecientes regalías y el resto lo reparta, con mayor control, no solo entre los territorios productores, sino también a los más pobres, es un avance positivo. También lo es destinar un 2 por ciento a fortalecer la capacidad de fiscalizar la actividad minera y a investigar el potencial geológico colombiano. Pero aún falta reglamentar este cambio constitucional, y allí vendrá la puja de políticos que llevan años viviendo de la escandalosa repartija de las regalías. Poca vergüenza les ha dado que las ricas regiones productoras de carbón y de oro hoy registren tan altas tasas de miseria, analfabetismo y desnutrición.

Una norma en la Ley del Plan de Desarrollo hace más fácil clausurarles la operación a organizaciones criminales, que ya han entrado con sus hombres armados y sus dragas gigantes al Pacífico y al Bajo Cauca, entre otras regiones, dejando una estela de violencia y produciendo daños irrecuperables en los ríos. La Fiscalía y la Policía los están combatiendo, pero estos evaden los controles, y con frecuencia los pequeños mineros artesanales pagan los platos rotos.

El otro propósito es meter en cintura el desorden y la debilidad institucional que denunció el propio ministro de Minas, Carlos Rodado, hace unas semanas. Pero, como dijo a SEMANA el director de Ingeominas, Óscar Paredes, eso requiere un conjunto de medidas sostenidas en el tiempo. Mientras tanto, no están recibiendo nuevas solicitudes de títulos mineros, pues antes deben procesar las cerca de 19.000 que tienen acumuladas. Y en lo que va de 2011, tan solo han emitido 187 títulos porque han negado la mayoría.

Después la idea es, según ha dicho el ministro Rodado, volver Ingeominas un servicio geológico cuyo presupuesto se verá reforzado por las regalías, y crear una Agencia Nacional de Minería, par de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que administre el sector. Pero esta no podrá hacer bien la tarea si sigue como hoy, sin información confiable.

Colombia hace años no realiza un censo minero nacional completo, su catastro está desactualizado y plagado de errores, y los sistemas actuales no permiten recoger bien la información. El experto del Banco Mundial en catastros mineros, Enrique Ortega, ha recomendado empezar de cero y desarrollar un sistema informativo con filtros confiables, que pueda resolver las solicitudes de títulos con eficacia y controlar los pagos de cánones por áreas concesionadas con efectividad. Hoy no sucede lo uno ni lo otro.

Simultáneamente, el gobierno está preparando otra reforma al Código de Minas de 2001. La de 2010, que prohibió la minería en páramos, quedará suspendida a partir de 2013, según fallo de la Corte Constitucional. Como medida de emergencia, la Procuraduría ha ordenado el cierre de actividades mineras en el Parque Nacional Yaigoje Apaporis. En 12 de los otros 37 casos de títulos mineros en parques naturales, encontraron superposiciones de menos del 1 por ciento de área y los están ajustando de oficio. Y en los demás están negociando acuerdos de salida con las compañías.

Además, necesitan cambiar la legislación para entregar áreas en concesión que no sean irregulares, sino en cuadrícula, como las concesiones petroleras. Por último, el gobierno cree que la mejor manera de fiscalizar -verificar que los volúmenes de producción de cada empresa sean los que declara, que todos cumplan las normas de seguridad y que todos exploten con licencia- es delegar esta tarea al sector privado. Sin embargo, otra iniciativa similar para controlar la inversión de regalías fracasó.

Desde la industria se están recibiendo los anuncios, con sentimientos mezclados. Volver a abrir la caja de Pandora de intereses que significa cada reforma al Código de Minas puede tener un final impredecible, que les arruine la rentabilidad de sus inversiones. Pero, evidentemente, les será más fácil operar con unas instituciones más transparentes y menos arbitrarias.

Los ambientalistas argumentan que es posible contar con normas más tajantes que las actuales, para controlar al máximo el posible daño ambiental y preservar los equilibrios ecológicos. Habrá que ver hasta dónde acoge sus propuestas el gobierno, más cuando las debe negociar en el cenagoso terreno del Legislativo.

Falta además por resolver otro asunto espinoso: ¿está Colombia quedándose con suficiente dinero a cambio de entregarles a empresas privadas la explotación de recursos naturales insustituibles? Algunos, como el exdirector de la Unidad de Planeación Minero-Energética Álvaro Pardo, aseguran que no. Citando un estudio de la Universidad de los Andes, el Estado colombiano se lleva el 22 por ciento, mientras que un estudio similar de la Cepal asegura que en Chile era del 26 por ciento antes del aumento reciente de las regalías, y en Perú es el 27 por ciento para oro y 25 para cobre.

Y el experto en asuntos minero-ambientales Guillermo Rudas aseguró, en una investigación reciente, que los beneficios para el país son bajos, pues a los impuestos, regalías y demás compensaciones se les descuentan amplias exenciones. Así, calcula que en 2009 se recibieron 1,93 billones de pesos en regalías mineras y se dieron beneficios tributarios por 1,44 billones.

Para que Colombia pueda aprovechar la bonanza minera y evitar que, como en el pasado, sus riquezas sirvan de combustible a la violencia y a la corrupción y que el daño ambiental se extienda, el esfuerzo institucional y presupuestal que ha planteado el gobierno Santos tendrá que ser sostenido. Pero los tiempos políticos de los gobiernos son demasiado cortos y la capacidad de maniobra limitada, más aún cuando debe tender los rieles mientras la locomotora marcha a toda máquina.