Todopoderoso

La profunda crisis diplomática de los últimos días en Colombia ha provocado un sentimiento de unidad alrededor de la figura del Presidente: el 84 por ciento de los colombianos apoya la gestión de Uribe. Pero, paradójicamente, detrás del paroxismo nacionalista y de su buena imagen como gobernante, la concentración de poder alrededor del Presidente debe ser la gran preocupación del país en los meses que vienen.
Este año, se desactivó la bomba con los países vecinos, los colombianos han salido a marchar masivamente, la economía sigue sólida, la guerra parece que se está ganando y el Presidente ha demostrado ser un gran líder. No se trata de ser aguafiestas. Pero detrás del telón y de la dinámica vertiginosa de un país que sigue adelante a pesar de la adversidad, la arquitectura de poderes y contrapoderes sobre la cual descansa cualquier sistema democrático se ha venido fracturando desde cuando se reformó la Constitución para darle vía libre a la reelección inmediata del Presidente.

Y mucho más ahora, cuando en el transcurso de 2008 y a principios de 2009, se comenzará a sentir con más fuerza los efectos de la reelección sobre las otras ramas del poder público.

En unos cuantos meses comenzará la renovación de los miembros de las altas Cortes, de la junta del Banco de la República, del Fiscal General, del Procurador y de la Comisión de Televisión, entre otras, que cumplen un papel crítico de contrapeso al poder del presidente Álvaro Uribe. Y existe el riesgo natural -porque las condiciones políticas están dadas- de que el primer mandatario logre una influencia sobre ellos. Ahora es cuando la democracia en Colombia, y sus instituciones, tendrán que demostrar si resisten o no el tsunami político en que se ha convertido Uribe.

¿El hecho de que el presidente Uribe tenga influencia sobre las elecciones en estos órganos (directa o indirectamente) quiere decir que va a poner gente de su bolsillo? No necesariamente. Sin embargo, algunos de los más recientes nombramientos no han dejado un buen sabor. Fue el caso de Mauricio González, quien el año pasado salió una tarde de su oficina del asesor jurídico de la Casa de Nariño, donde era un juicioso subalterno del Presidente, para asumir, al día siguiente, su puesto como magistrado de la Corte Constitucional, otrora el órgano más independiente del Ejecutivo desde su creación en 1991. La explicación que dio luego de ser elegido como magistrado dejó aun más dudas: "El Presidente me puso en la terna para que fuese juez imparcial y tengo que cumplirle", dijo.

La preocupación por el tamaño que puede alcanzar el poder presidencial se agrava por la crisis de legitimidad que hoy están padeciendo instituciones como el Congreso, que tiene el 20 por ciento de sus miembros salpicado por el escándalo de la para-política. Gracias a esta extrema debilidad y a que la bancada uribista tiene las mayorías, el Congreso de hoy no es propiamente el mejor dotado para cumplir la tarea de contrapeso que le diseñó la Carta Política de 1991: no sólo el gobierno ha logrado pasar hasta las leyes más polémicas, sino que hay un débil control político y se le facilita que los candidatos de sus preferencias para dirigir otras ramas del poder público sean elegidos, como ocurrió con la elección del contralor Julio César Turbay Quintero.

Varios congresistas consultados por SEMANA están convencidos de que si Uribe mantiene su interés en que haya una segunda reelección presidencial, no le van a poner mayores frenos para ese propósito. "Es como si él chasqueara los dedos y ya", dice con algo de exageración un congresista uribista.

En la otra rama del poder, la judicial, la sombra del uribismo ha empezado a extender sus alas y hay un estado de alerta generalizado. Los seis nuevos magistrados que deben llegar a la Corte Constitucional en 2008, serán elegidos por el Congreso -ya dicho, de mayoría uribista-, de dos ternas que manda el Presidente, otras dos el Consejo de Estado y dos más la Corte Suprema. Los elegidos se sumarán a los magistrados Humberto Sierra, Nilson Pinilla y Mauricio González, los dos últimos particularmente afines a las políticas del mandatario.

La gran pregunta -le dijo un magistrado de esta Corte a SEMANA- es si se respetará la tradición de Colombia de que ninguna fuerza política se eche al bolsillo los nuevos magistrados. "A Andrés Pastrana le derrotaron a su ministro de Trabajo, Hernando Yépez, y a su secretario jurídico, Jaime Arrubla. Pero con Mauricio González no pasó así", afirma.

El caso de la Corte Constitucional es particularmente delicado porque se trata del principal contrapeso que ha tenido el poder presidencial en Colombia. Como última instancia de la justicia desde la Constitución del 91, ha puesto en jaque a todos los presidentes, empezando por César Gaviria. En los últimos 17 años se ha encargado de poner freno a algunos excesos (como el de las zonas de rehabilitación en Arauca), de garantizarles a los ciudadanos las libertades civiles y políticas e incluso de corregir leyes cruciales del Congreso como la de Justicia y Paz, que luego de pasar por las manos de la Corte dejó tranquilos hasta a los más críticos de la negociación con los paramilitares.

La Corte Suprema es el otro alto tribunal que en esta coyuntura está llamado a marcar independencia frente al Ejecutivo. Y de hecho, con el proceso de la para-política, tiene en sus manos una verdadera 'papa caliente', pues la mayoría de los congresistas investigados pertenece a la coalición uribista. En teoría, parece ser el de mayor blindaje con respecto a la Casa de Nariño, pues sus miembros son elegidos por los mismos magistrados, de ternas que envía la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Sin embargo, el caso del magistrado auxiliar de la Corte Suprema Iván Velásquez es ilustrativo. A pesar de ser considerado el gran investigador del escándalo de la para-política y, por ende, con méritos para estar en el equipo titular de la Corte, no logró ser incluido en una de las ternas para elegir a dos de los magistrados de la sala penal sustituidos el año pasado. ¿El uribismo cerró filas o no contó con los padrinos políticos necesarios?

Pero el abrazo uribista no sólo va a tener en su regazo al Congreso y parte de la rama judicial. Este año se espera incluya en su generosa corpulencia dos organismos consagrados en la Constitución como autónomos para el manejo de temas tan delicados como la televisión y la política monetaria.

En el caso de la Comisión Nacional de Televisión, ya todo está casi consumado. Hace un mes quedó por fuera el comisionado Eduardo Noriega, que se había distinguido por ser la única voz disidente del gobierno. El Ministerio de Comunicaciones cambió a última hora, a través de decretos, las reglas de juego para que algunos de sus electores no pudieran participar de la votación. No valió siquiera la intervención de la Procuraduría, para evitar que se llevara a cabo el proceso.

Cabe anotar que así como en la Corte Constitucional la cuota de la Casa de Nariño es el ex secretario jurídico de Palacio, en la de la Comisión de Televisión -en la que se tomarán decisiones estratégicas del país como la adjudicación del tercer canal de televisión y el nuevo sistema digital de televisión- está Ricardo Galán, quien como secretario de prensa de Presidencia en el primer período de Uribe, fue uno de sus colaboradores más cercanos.

En el otro ente autónomo, la Junta del Banco de la República, todo está por definirse este año. En total -contando al Ministro de Hacienda, el gerente del Banco y cinco directores más- son siete los hombres que deciden para dónde va el país en materias monetaria, crediticia y cambiaria. Si bien el presidente Uribe ha nombrado a tres de los cinco, en la práctica aún no controla las decisiones. El decano de economía de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, explica que eso tiene que ver con que algunos no trabajan como cuota del gobierno: "Juan José Echavarría, por ejemplo, siempre ha actuado de manera independiente. Está pensando en su reputación".

El contrapeso se notó particularmente en la reunión de la Junta del pasado 22 de febrero: la posición que el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, llevó a la junta, de no subir las tasas de interés, fue derrotada. Pero el efecto de la reelección sobre la independencia del Banco Central se va a ver el año entrante, cuando ya haya finiquitado el cambio de tres directores y se venza el período del actual gerente, José Darío Uribe. "Cuando se dé mayoría, ahí sí una posición a favor del gobierno como la del 22 de febrero, no me cabe duda que pasará", dice Gaviria. Y añade que se verá más clara la mayoría si se mantiene la tendencia que se ha comenzado a imponer de que el gobierno elija directores con un perfil más político que técnico: "Antes eran más economistas profesionales y ahora no lo son tanto". La independencia del Banco Central es hoy la gran preocupación del gremio de los economistas.

Más allá de los tres poderes clásicos, y del poder del Banco, la Casa de Nariño tiene cada vez más cerca al cuarto poder, el de la información. Gran parte de la prensa escrita regional o la radial ha sido abiertamente uribista. Pero para la gran prensa que todavía mantiene posiciones críticas, hay una zanahoria demasiado tentadora para ser más complaciente con el Ejecutivo: el negocio de la televisión privada. Como en la época de la búsqueda del oro, todos los grandes jugadores de los medios están alineados con sus carrozas y diligencias esperando el disparo inicial. El Grupo Planeta (propietario del diario El Tiempo) y el Grupo Prisa (propietario de Caracol Radio), aspiran a ganarse el canal, mientras que los actuales canales privados, Caracol y RCN, están esperando a que les prorroguen la concesión por 10 años más en octubre de este año. Un panorama poco alentador para la independencia de los medios, pero muy afortunado para un gobierno que, como todo poder político, prefiere tener la prensa acostada dócilmente en el sofá de la casa y no ladrando en el jardín.

Y, precisamente por tener la sartén por el mango, los asesores cercanos al Presidente le han recomendado posponer la adjudicación del canal lo más posible -para 2009- y así aprovechar políticamente la espada de Damocles que pende sobre el negocio de los grandes medios.

A lo anterior se suma la clase empresarial y gremial del país, cuyo uribismo ha sido abierto y reconocido, pues el clima para los negocios y la inversión no ha podido tener una mejor coyuntura. La política de seguridad democrática fue el mejor aliado de las empresas y los inversionistas.

En este cuadro de unanimismo y de creciente influencia uribista en todas las ramas del poder y la sociedad, ¿dónde queda la voz crítica? ¿Dónde quedan los contrapesos al poder y las instituciones independientes que permiten una democracia más fuerte?

El país, embriagado con los buenos resultados de la economía y los golpes certeros contra las Farc, parece no querer darse cuenta de cómo se está debilitando la separación de poderes del Estado colombiano.

Precisamente no es extraño que la misma encuesta que dice que el presidente Uribe es el campeón en popularidad en la historia reciente, sea la misma que advierte que hay más colombianos que piensan que el país va por mal camino (46 por ciento) que por buen camino (45 por ciento). Porcentaje preocupante si se tiene en cuenta que en cuatro meses el pesimismo dio un salto de 24 a 46 por ciento.

El desdén que existe frente a esa arquitectura de pesos y contrapesos se demostró cuando el Partido Liberal, en 2006, fracasó en el intento de que se aprobara un proyecto de equilibrio de poderes en el Congreso para remendar la fractura que dejó la reelección inmediata. En su momento, el senador Juan Fernando Cristo denunció una silenciosa pero efectiva estrategia orquestada desde la Casa de Nariño para torpedear la iniciativa.

Son muchas las cosas que están en juego para la estabilidad institucional del país. Sobre todo tratándose de una Nación que tiene tradición democrática, de movilidad de la política y de respeto por las instituciones y que, gracias a ello, ha logrado superar dentro del cauce democrático crisis tan traumáticas como la del proceso 8.000 o la para-política.

Preocupan los síntomas que pueden dar al traste con esa saludable tradición histórica cuando ya se empiezan a sentir los coletazos de la primera reelección y todavía sigue respirando la iniciativa de la segunda.

Toda esta mezcla de circunstancias, de la exaltación patriótica, del liderazgo de Uribe, y de la buena situación económica, ha hecho que la oposición política se haya resquebrajado. En el Congreso, los independientes o los partidos opositores, están canibalizados en sus propias diferencias o, en el mejor de los casos, son quijotes cabalgando contra molinos de viento. El Partido Liberal, en teoría de oposición, tentado por la espuma uribista de popularidad, ha terminado por mover su péndulo del antiuribismo racional al uribismo moderado. Y en el Polo Democrático, el contrapeso ideológico del gobierno, el factor Uribe ha provocado grandes fisuras cuyas consecuencias podrían terminar dividiéndolo entre un ala radical, encabezada por Carlos Gaviria, y un ala moderada, bajo la batuta de Lucho Garzón.

Hay, sí, muchos columnistas que, desde la prensa escrita, tienen voces independientes y críticas frente al régimen político. Plumas como las de María Jimena Duzán, Daniel Coronell, Claudia López, Daniel Samper Pizano, Héctor Abad, Ramiro Bejarano y Pedro Medellín, cuyas posiciones ponen todavía el dedo en la llaga y muestran realidades que muchos quisieran no ver. Para muchos uribistas en el gobierno estos columnistas viven en un país artificial y alejado de la realidades del pueblo que, según ellos, interpreta las imponentes torres de popularidad del presidente Uribe. Pero estos periodistas siguen siendo voces cuyo eco sólo retumba en la clase dirigente e intelectual del país. Por otro lado, hay muchas ONG que ven a Uribe como un fascista, pero precisamente por sus discursos radicales, ideológicos y anacrónicos, han perdido credibilidad.

Pero el unanimismo ha ido de la mano de una estigmatización de las voces disidentes, promovida desde algunos sectores del gobierno. Preocupa que se criminalicen expresiones con causas distintas, como ocurrió en la marcha del 6 de marzo a favor de las víctimas, o que se cierren espacios de participación política en un país cuya historia de intolerancia y exclusión ha dejado tras de sí una estela de cadáveres, dolor y miedo. En estos momentos, cuando el Estado está tratando de reintegrar a los combatientes de grupos ilegales y de reparar a las víctimas, es importante que se valore la crítica y se respete la oposición.

La falta de oposición y de contrapesos va también de la mano de la arbitrariedad y la corrupción. En Estados con poderes concentrados o con instituciones frágiles, se fortalecen grupos de intereses particulares que tratan de sacarle todo el jugo posible al Estado. Un personaje como el ex ministro de Hacienda Rudolf Hommes, que difícilmente puede ser tildado como antiuribista, lo advirtió en una columna reciente al criticar la propuesta de promover la segunda reelección de Uribe: "La U ha escogido el rumbo opuesto. Buscan entronizar en el poder a una rosca que obtiene beneficios privados o aspira a ellos. Y arruinaron una buena oportunidad de armar un consenso para gobernar".

Y son muchos otros los interrogantes sobre lo que puede ocurrir con un Uribe todopoderoso. ¿Una Corte Constitucional 'de bolsillo' qué tipo de fallo producirá en caso de que el Congreso apruebe una segunda reelección? ¿Recordará acaso el fallo de la primera reelección que fue explícito en decir una sola vez? ¿O en temas morales como el del aborto o el de la unión patrimonial de homosexuales se impondrá la ideología dominante en el régimen? ¿Qué suerte podrá correr la cruzada a favor de los desplazados que ha emprendido la Corte y con la cual ha obligado al gobierno ha desembolsar 5,7 billones de pesos para los desterrados?

Por el lado de la Corte Suprema y del Banco de la República las preguntas no son menos cruciales ¿Qué pasará con los congresistas de la para-política? ¿Con otra Corte podrán recuperar sus derechos políticos? ¿Se tomarán decisiones económicas y monetarias para satisfacer la agenda del gobierno?

De la manera como el presidente Uribe maneje el reto de las elecciones que se vienen en órganos clave dependerá si se salvaguarda la democracia o Colombia llega a convertirse en algo muy cercano a una dictadura constitucional. En la cual si bien se respeta en apariencia la Constitución, el poder se concentra en un mandatario que controla directa o indirectamente, además del poder Ejecutivo, también el Legislativo y el Judicial.

Porque si bien muchos entienden la democracia como la expresión de la voluntad de la mayoría, su sentido es más profundo y tiene que ver con el fundamento de una democracia y es la división del poder para evitar abusos. Es tener varios poderes para que se contrarresten unos a otros sin importar qué tan bueno o tan malo sea el mandatario de turno. El presidente Uribe sin duda ha sido un gran líder, y su popularidad obedece a un gobierno que ha dado resultados y un gobernante que ha sabido sintonizarse con las masas.

Pero, más allá de los liderazgos personalistas, tal vez ninguna idea de la política clásica sea más oportuna y necesaria actualmente para Colombia que la de la separación de poderes. Montesquieu, que fue el encargado de refinar esa teoría que hoy más que un tema de discusión es un mandamiento sobre el cual se construyen todas las constituciones del mundo occidental, decía: "Es una experiencia eterna que todo hombre dotado de poder tiende a abusar de él (...) para evitar tal abuso, es necesario por la misma naturaleza de las cosas que el poder sea un límite al poder".