Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 2002/12/23 00:00

¡Todos a estribor!

En 2002 el país se dio cuenta de que la economía era un Titanic. Las drásticas medidas fiscales están haciendo girar la nave. ¿Lo lograrán?

¡Todos a estribor!

En Colombia, 2002 pasara a la historia como el quinto año consecutivo de un pobre crecimiento económico. Esta "media década perdida", como la ha denominado la Cepal, ha sido una característica de toda América Latina. En efecto, la región cerró el año con una producción por habitante inferior en 2 por ciento al nivel de 1997. Desafortunadamente, Colombia enfrenta una situación aún más difícil, ya que la producción por habitante fue 7 por ciento inferior a la de cinco años atrás. El aumento del desempleo, la informalidad y la pobreza que se han experimentado durante este lustro son un reflejo de esta situación.

Hay muchos factores que explican esta media década perdida. El principal ha sido el brusco cambio, desde una situación de abundancia a una de escasez de capitales, a partir de la crisis asiática de 1997. A esto se suma la importante disminución de los precios de los productos básicos diferentes al petróleo, entre los cuales el café ha sido uno de los más afectados. La recesión de 2001 en Estados Unidos, la debilidad de su recuperación posterior, así como los problemas que enfrentan otras economías industrializadas, han agregado dificultades.

Este contexto tiene implicaciones importantes para Colombia. La principal es que la abundancia de capitales es (al menos en el futuro previsible) cosa del pasado. Quizás esto no es tan desafortunado, ya que Colombia mostró en los años 90 una gran dificultad para manejar adecuadamente la bonanza de financiamiento externo, un problema que ha sido además característico de América Latina desde hace tres décadas. La disponibilidad de divisas y, por ende, el crecimiento económico dependerá ahora del dinamismo de las exportaciones. Por supuesto, nuestro mercado interno también importa, pero en el mundo actual sería una locura no centrar la atención en la conquista de los mercados externos.

La tarea de dinamizar las exportaciones implica desafíos importantes. Dado que muchos de nuestros vecinos enfrentan, como Colombia, una compleja combinación de problemas económicos y políticos, la diversificación de mercados será clave para el fomento de las exportaciones no tradicionales. Por este motivo, y sin perder de vista la importancia de los procesos de integración en curso, la estrategia de expansión exportadora deberá tener como eje a los países industrializados. Estos mercados no serán muy dinámicos en el futuro próximo y la competencia será fuerte, así que el éxito dependerá de nuestra competitividad.

Una de la ventajas de la escasez actual de divisas es que habrá una presión para mantener una tasa de cambio competitiva, clave para el éxito de una estrategia de este tipo. Sin embargo, sabemos muy bien que esto depende también de la política macroeconómica, que deberá tener, por lo tanto, como una de sus obsesiones, un tipo de cambio competitivo. Más allá de ello, sabemos que la apertura económica no genera automáticamente un mayor ritmo de crecimiento de las exportaciones y, menos aún, de crecimiento económico general, como lo soñaron algunos hace una década. Ese dinamismo hay que construirlo con una política orientada a crear una amplia gama de productos para exportar.

La combinación de una estrategia exportadora ambiciosa, de políticas sectoriales (agropecuaria, industrial y de servicios) activas y de una estrategia de ciencia y tecnología de gran alcance debe convertirse en una de las obsesiones de la administración Uribe. La recuperación de la oferta petrolera es otro componente esencial. La concentración inicial del nuevo gobierno en los problemas de orden público y ajuste fiscal no ha permitido prestar la atención adecuada a estos temas. Ojalá 2003 represente una mejoría en este campo.

La obsesión de la administración con el ajuste macroeconómico ha sido, en cualquier caso, correcta durante esta etapa. Este es, en efecto, un problema que no ha sido resuelto aún. La sucesión de una bonanza de financiamiento externo e interno y del drástico ajuste monetario de 1998-1999 dejó como legado un deterioro patrimonial del sector privado y una crisis financiera interna, afortunadamente pequeña dentro de los patrones internacionales. La mayor parte del ajuste del sector privado y del sistema financiero ya se ha realizado a lo largo de los últimos cinco años, con lo cual este es un problema en gran medida superado.

Lo mismo no ha acontecido, sin embargo, con el déficit fiscal. El origen de los problemas se deriva en este caso de la decisión adoptada, a comienzos de los años 90, de aumentar el tamaño del Estado para hacer frente a los inmensos retos sociales, de justicia y seguridad que todavía enfrenta el país, así como para promover la descentralización. La Constitución de 1991 fue la expresión más acabada de esa aspiración. Para financiar el aumento del gasto público implícito en esta decisión, los tres últimos gobiernos propusieron al Congreso, y éste aprobó, varias reformas tributarias, pero fueron insuficientes. El déficit fiscal resultante dio lugar a una acumulación de deuda pública, que se vio acrecentada, además, por las altas tasas de interés que tuvo el país en 1998-1999. Hasta 1999, la deuda pública, calculada como proporción del PIB, fue inferior a la de 1990, pero a partir de 2000 comenzó a superar el nivel de entonces, sin que se haya detenido todavía su dinámica ascendente.

El resultado de ello es claro: la administración Uribe heredó un déficit fiscal muy similar al de hace cuatro años, pero agravado ahora por un problema de endeudamiento público que no existía entonces. Ni uno ni otro son inmanejables. El déficit fiscal no es el más alto de nuestra historia, como a veces se afirma. El de comienzos de la década de los 80 fue mucho mayor. La deuda pública también es alta, pero sostenible, siempre y cuando se reduzca el déficit corriente y se mantenga una política de tasas de interés moderadas. Por otra parte, si se tiene en cuenta que una parte importante de la deuda está en poder de entidades públicas, su nivel no es excesivo dentro de los patrones internacionales.

La verdad es que Colombia decidió tener un Estado grande pero no le ha dado la base tributaria que requiere. Hasta ahora el desbalance se ha cubierto con deuda pública, pero esta válvula de escape ya se ha agotado. Por otra parte, no vale la pena seguir viviendo con la espada de Damocles de un ajuste fiscal incompleto, que nos obliga a pensar cuándo y cómo será la próxima reforma tributaria, máxime en un país que ha acumulado, desde 1990, un récord mundial de reformas tributarias.

Ante los niveles de deuda y déficit públicos heredados, la administración Uribe asumió la actitud responsable que corresponde. El gobierno ha buscado, además, financiar con recursos propios los mayores gastos en seguridad. La reforma tributaria y las medidas de reducción del gasto son esenciales, así como múltiples medidas para hacerlo más eficiente y eficaz. La escasez y costo actual del financiamiento externo hace aún más necesaria una política fiscal ordenada. Internamente, los problemas de financiamiento se harán evidentes una vez aumente la demanda de crédito del sector privado.

Desafortunadamente, el ajuste fiscal que se ha diseñado deja algunos vacíos que conviene resaltar. La estructura del IVA se ha tornado más compleja y el impuesto de renta sigue plagado de beneficios específicos, algunos de ellos decretados recientemente. Sería preferible un IVA más general, con un mecanismo que permitiera devolver el impuesto pagado por los hogares pobres. También sería mejor un impuesto a la renta más uniforme y que los incentivos fiscales se otorgaran por la vía del gasto, para saber precisamente cuál es su costo. Por este mismo motivo, ojalá el gobierno presentara al Congreso, con el próximo presupuesto, un cálculo de los 'gastos tributarios', es decir cuánto le cuestan al país los beneficios tributarios existentes.

A esto se agregan los problemas de eficiencia y estructura del gasto público. El Contralor General de la República ha indicado que la situación fiscal del gobierno nacional no queda resuelta con las decisiones en curso. Sería bueno que los problemas estructurales se discutieran en un foro amplio, que permita llegar a un 'Pacto Fiscal' duradero, para emplear un término que acuñó la Cepal hace algunos años.

En cualquier caso, el ajuste fiscal es recesivo, y esto no es una noticia positiva en una economía que lleva cinco años convaleciente. Sobre esto no hay que llevarse a engaños. Por este motivo es necesario que esté acompañado por una política monetaria y cambiaria que garantice una tasa de interés baja y una tasa de cambio competitiva, impulsando, por una y otra vía, la reactivación del sector privado. Esta fue, afortunadamente, la política del Banco de la República durante el año que termina y ojalá lo siga siendo el próximo. De lo contrario, los efectos recesivos del ajuste fiscal prevalecerán.

Se requiere también superar los problemas de orden público, ojalá retornando, cuando sea posible, al diálogo. Pero esperar que la paz nos vaya a brindar una solución mágica a nuestros problemas económicos, puede resultar un espejismo igual al de hace una década, cuando se dijo lo mismo de la apertura económica. Por otra parte, esperar una paz duradera, e incluso un ambiente adecuado para crecer, sin superar gradualmente las inmensas desigualdades sociales que, al menos en parte, determinan el clima de violencia que caracteriza al país, puede resultar otro espejismo.

Los desafíos son enormes. Sin embargo, contamos con muchas reservas nacionales y con el ambiente de optimismo que ha generado el nuevo gobierno, bajo el liderazgo de un Presidente con amplio respaldo popular. Ahí residen las fortalezas.

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