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| 10/16/1989 12:00:00 AM

Todos en la mira

El asesinato de Pablo Peláez, una muestra de que la lista negra de los narcos ha crecido dramáticamente.

Todo fue muy rápido. Ni el chofer ni el guardaespaldas tuvieron tiempo de reaccionar, a pesar de estar entrenados para enfrentar cualquier tipo de ataque. En un abrir y cerrar de ojos, mientras el automóvil BMW hizo el pare en la esquina de la calle lOa. con carrera 36, en el sector de El Poblado, tres hombres que se hacían pasar por vendedores de cigarrillos se acercaron al carro, accionaron sus pistolas calibre 9 mm y acabaron con la vida de Pablo Peláez González, ex alcalde de Medellín y hasta ese momento presidente de la compañía Holasa. A su lado, también cayó herido de muerte el conductor Adalberto Antonio Rodríguez. Los médicos lograrían más tarde salvar la vida del guardaespaldas Omar Humberto Jiménez.
Como es ya costumbre en estos casos, los sicarios huyeron tranquilamente y caminaron varios metros antes de llegar al lugar donde los aguardaban dos carros, un Renault-18 y un taxi, en los que se perdieron del todo. Así, el pasado lunes 11 de septiembre, a las 8:45 de la mañana, Antioquia perdió a uno de los más auténticos representantes de su clase empresarial y a un dirigente cívico de primera línea.
La historia de Peláez González es la misma de muchos antioqueños. Nació el 3 de mayo de 1944 en el seno de una familia de clase media; estudió Derecho en la Universidad Bolivariana de Medellín y sus méritos lo llevaron muy pronto a la dirección de Holasa. Entre 1972 y 1974 fue concejal de la ciudad y ocupó la alcaldía entre mayo del 84 y agosto del 86, antes de regresar a manejar la empresa que creció bajo su batuta. Una de sus últimas apariciones públicas ocurrió el pasado 4 de agosto, cuando presidió la jornada de reflexión, acción y compromiso que bajo el nombre de "Antioquia: compromiso Colombia", se tradujo en un llamado para que los antioqueños condenaran la violencia y cerraran filas en torno a los valores tradicionales del departamento. De este modo, Peláez recogió las banderas del gobernador Antonio Roldán Betancur, promotor del encuentro, a quien ese día se le brindó un homenaje. El comandante de la Policía, Waldemar Franklin Quintero, Pablo Peláez y Luis Carlos Galán, todos asesinados, compartieron la mesa de personalidades que presidió el acto. El entonces presidente de Holasa habló del dolor de patria "que sentimos las gentes de bien cuando observamos a una sociedad cómplice, silenciosa y cobarde encerrada en sí misma para ocultar sus descarríos o proteger el interés particular que la limita. .. ".
Apenas se supo del asesinato de Peláez comenzaron las especulaciones. Pero lo cierto es que, casi una semana después del atentado, las investigaciones no han arrojado ningún resultado. Lo que se sabe a ciencia cierta es que el dirigente empresarial no recibió ningún tipo de amenaza y tal vez por eso puso oídos sordos a las recomendaciones de sus amigos, que le hablaron de dejar la ciudad. Sólo un episodio despertó, aunque demasiado tarde, algunas sospechas: cuando ya el dirigente había abordado el carro que lo llevaba a la empresa, se produjo una extraña llamada anónima a su residencia que buscaba averiguar si Peláez ya había salido de la casa. La llamada parece haber sido hecha por los asesinos.
Para Colombia, pero sobre todo para Antioquia, se trata de un rudo golpe que confirma que la famosa declaración de guerra enviada en dos comunicados -uno el 20 y otro el 2 de agosto- por los extraditables a gobierno, va en serio. Si se tiene en cuenta que Peláez, aunque siempre censuró la tolerancia de algunos coterráneos hacia el narcotráfico, nunca enfiló sus baterías contra los capos y más bien se dedicó a exaltar los sanos valores antioqueños, queda claro que con su asesinato, más que matar un símbolo de la lucha antimafia, acabaron con la vida de un miembro destacado de la clase empresarial antioqueña a la que los extraditables le habían declarado la guerra quince días antes.
Por otra parte, la muerte de Peláez González ocurrió pocos días después de la extradición de Eduardo Martínez Romero, jefe de finanzas del cartel de Medellín. Hasta antes de su envio a Estados Unidos, los jefes del narcotráfico sólo se habían visto afectados en sus bienes materiales. A esa andanada de allanamientos, ocupaciones y confiscaciones respondieron con la destrucción de propiedades de figuras representativas y con los atentados a empresas y medios de comunicación. A partir de la extradición de Martínez las cosas parecen haber cambiado y la venganza se dirige a golpear figuras de la sociedad, la política y la industria.
Las autoridades no descartan además que, teniendo en cuenta los problemas logísticos y operativos que está afrontando la organización de la mafia para desarrollar, a cabalidad, su campaña de terror, la escogencia de Peláez como blanco de un asesinato haya tenido que ver también con el hecho de que no contaba con carro blindado ni piquete de guardaespaldas. En una coyuntura en la que las prioridades de los capos son las de golpear a la clase dirigente empresarial, la desprotección de Peláez sirvió en bandeja de plata una posibilidad que los sicarios aprovecharon en forma cruel y sangrienta.
El gran problema que se deriva de este análisis es que, si antes del asesinato de Pelaez, había en Medellín y en el resto del país un número importante pero limitado de figuras que podían ser blanco de las balas de los narcosicarios, ahora ese número se ha multiplicado en forma dramática, al dirigirse la mira prácticamente hacia cualquier empresario o ejecutivo relativamente importante de la capital antioqueña e incluso de otras ciudades del país. Es, pues, esta una nueva fase de la guerra. De una guerra frente a la cual cada vez menos colombianos pueden mantenerse al margen.
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