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| 11/24/2003 12:00:00 AM

¿Todos ponen?

Mientras que el gobierno les exige a los asalariados pagar más impuestos, se reaviva el debate sobre si un mayor tributo a la tierra sería mejor remedio al déficit fiscal.

Con la decisión del Congreso la semana pasada de barajar nuevamente la reforma tributaria, revivió la carta de poner a pagar más a los terratenientes.

El Polo Democrático propuso duplicar el techo y el piso del impuesto predial para las fincas de más de 500 hectáreas, recogiendo una propuesta del Informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas El conflicto, callejón con salida.

La idea de que los hacendados tributan muy poco es un lugar común. La diferencia es que ahora esta propuesta tiene más posibilidades de prosperar porque el gobierno necesita más dinero y se ha quedado sin muchas otras alternativas de dónde obtenerlo.

¿Qué tan buena idea es que los terratenientes paguen más por sus predios?

La ley dice que los municipios deben cobrar un impuesto de entre el 1 y el 16 por mil sobre el avalúo catastral del terreno. En la práctica, dado el amplio margen de maniobra que tienen los concejos, se cobra en promedio un impuesto efectivo del 5,5 por mil sobre el avalúo catastral, según informó la semana pasada la subdirección de Catastro del Instituto Geográfico Agustin Codazzi (Igac).

Por este concepto, el año pasado el país recaudó 1,25 billones de pesos que pagaron los casi 12 millones de predios que existen, entre urbanos y rurales.

El impuesto predial urbano se ha ido acercando lentamente al valor comercial de los bienes, pero en el campo el rezago es escandaloso. "Más de la mitad del catastro rural está desactualizado", afirma Gabriel Martínez, subdirector de Catastro.

Aunque 250 municipios actualizaron su información en los últimos dos años, a la mayoría les resulta demasiado costoso ponerse al día porque carecen de la cartografía y no tienen plata para pagar los peritos. Además, en muchas zonas ni siquiera es posible llegar a los predios por problemas de seguridad.

No sólo es que la mayoría de los predios rurales están subavaluados, sino que la tasa del impuesto predial es muy baja. Los terratenientes, que suelen financiar las campañas políticas de muchos concejales, controlan la mayoría de concejos municipales. El resultado es que estas corporaciones tienen muy poco músculo para incrementar las tarifas y los colombianos con tierras terminan pagando un predial muy inferior al que pagan otros países.

En Estados Unidos la gente paga un impuesto predial de entre el 2 y el 3 por ciento anual. El estrato 6 en Bogotá es el que más paga, 0,85 por ciento sobre un avalúo catastral que en promedio equivale al 50 por ciento del comercial. Es decir, siete veces menos. Y si esto es así en la capital, donde más se ha ajustado el predial, ni hablar de la situación de la tierra en el campo.

Las bondades

Los que defienden un aumento del predial ofrecen varias razones. "El impuesto no se traslada al que consume los bienes que produce la tierra, no eleva el precio de los bienes agrícolas ni el de las viviendas y no disminuye su producción. Lo único que implica es que el precio de la tierra disminuye", afirma Samuel Jaramillo, profesor e investigador en estos temas del Cede, de la Universidad de los Andes.

El ex ministro y empresario Hernán Echavarría Olózaga, el mayor adalid de la propuesta de gravar más la tierra para que la clase dirigente no la utilice como 'alcancía', ha explicado en sus escritos que el sistema actual de tenencia de la tierra inhibe la motivación de los empresarios a producir. "Uno de los factores que más detiene el desarrollo económico y social del país es que la tierra tenga más uso como activo de acumulación de patrimonio que como activo de producción", dice en su libro sobre el tema. "Si el grueso de la clase dirigente encuentra una manera de vivir cómodamente y de conservar su rango social, sin necesidad de correr riesgos y sin participar en actividades productivas agitadas, es obvio que opta por ese más fácil método de vida".

Siguiendo las tesis de Echavarría, el informe de la ONU propone reajustar el avalúo catastral para que se acerque al comercial, según aptitud de uso de los suelos y en función inversa a su productividad, para castigar los lotes de engorde. Sugiere, además, que sea la Dian la que fije las tarifas y haga el recaudo, pero que los recursos sigan siendo de los municipios.

Si el impuesto se cobra inversamente a la productividad se evitaría el riesgo que advierten los gremios del sector y es el de frenar el despegue del campo. "Esta propuesta implicaría mayores costos y nos quitaría competitividad lo que podría desviar la vocación agrícola del uso del suelo", afirma Rafael Mejía, presidente de la SAC. Dice que además de que les toca pagar valorización, plusvalía, tasa ambiental, ajustes integrales por inflación, los dueños de tierras incurren en costos adicionales por los problemas de seguridad en el campo. "Lo de los lotes de engorde es un mito", agrega.

Aunque es cierto que se ha acelerado la expropiación de tierras de narcos, aún persiste una tendencia hacia la concentración de la tierra. Esta hace que los buenos suelos se exploten por debajo de su capacidad, en ganadería extensiva por ejemplo, y, en cambio, suelos malos se sobreexploten. Según la encuesta agropecuaria del Dane de 1996, citada por la ONU, las fincas mayores de 200 hectáreas dedicaron sólo el 2,5 por ciento de su extensión a la agricultura, mientras que el 39 por ciento de la extensión de las fincas menores de cinco hectáreas fue dedicado al mismo fin.

Esta situación se agrava por la creciente concentración de la tierra. Los últimos datos indican que los 11.570 propietarios (0,4 por ciento del total) de fincas mayores de 500 hectáreas, con un promedio cercano a las 2.000 hectáreas cada uno, controlaban un poco menos de la mitad de las tierras bajo explotación. Mientras que 2,2 millones de pequeños propietarios con fincas menores a las cinco hectáreas poseían menos del 5 por ciento de tierra disponible. Es una situación a todas luces injusta que tiende a empeorar y que se podría corregir en parte con un ajuste al predial.

Desafortunadamente la propuesta del Polo tiene muy pocas posibilidades de salir adelante en un Congreso donde los terratenientes están sobrerrepresentados. Además no resuelve el problema de fondo de que las tierras figuran en el Catastro por mucho menos de lo que en realidad valen.

El gobierno debería entonces incentivar más a los municipios a actualizar su catastro. Ya creó hace unos meses una línea de crédito para prestarles plata a los alcaldes y algunos han comenzado a hacerlo. Está probado que por cada peso que el municipio invierta en esto recupera ocho pesos. Soledad, Atlántico, por ejemplo, invirtió el año pasado 260 millones para poner al día la información de 85.000 predios, con lo que aumentó su facturación en casi 4.000 millones de pesos. Esta puede ser una solución intermedia para la crisis fiscal que atraviesan los municipios, mientras llega el día en el que el " todos ponen, todos quitan" trascienda las fronteras bogotanas.
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