TOMA DEL PALACIO

MINDEFENSA VEGA URIBE - Salió fortalecido
ALFONSO REYES ECHANDIA - Su voz no fue escuchada
Todo empezó el miércoles 6 de noviembre a las once y veinte de la mañana, cuando un comando del M-19 encabezado por Andrés Almarales y Luis Otero penetró violentamente en el Palacio de Justicia, dando muerte a dos celadores y tomando unos trescientos rehenes, entre ellos los más altos magistrados de la justicia colombiana. Su intención era la de exigir un "juicio público" a la política de paz del presidente Belisario Betancur. Pero la drástica e inmediata reacción de las autoridades cortó de raíz toda esperanza de negociación. Media hora más tarde, los tanques del Ejército entraban al Palacio derribando las puertas.
Empezaba así una batalla de veintiocho horas en plena Plaza de Bolívar de Bogotá, transmitida a todo el país en directo por la radio y la televisión. Cuando terminó, quedaron en las ruinas del Palacio incendiado algo así como un centenar de muertos (115, según el ministro de Defensa Vega Uribe ante el Congreso, 94, según el Instituto de Medicina Legal por donde pasaron todos los cadáveres). Entre ellos, once magistrados de la Corte Suprema, encabezados por su presidente Alfonso Reyes Echandía, y supuestamente todos los asaltantes. En este punto hay versiones encontradas: las Fuerzas Armadas niegan que hubiera detenidos, en tanto que algunos testimonios hablan de que hubo por lo menos tres detenidos y de que hay once desaparecidos.
Durante esas veintiocho horas el fuego cruzado no cesó en ningún momento. Las peticiones al respecto de Reyes Echandía, hechas dramáticamente a traves de las emisoras de radio, no fueron escuchadas. Según se dijo después, el gobierno no podía aceptar una negociación, pues ello hubiera hecho peligrar las instituciones. El jueves por la tarde, cuando ya todo hubo concluido, el presidente Betancur asumió en un mensaje a la nación toda la responsabilidad por la decisión de no negociar e imponer la solución militar de arrasamiento.
Por otra parte, tanto él como su ministro de Justicia, Enrique Parejo, enredaron el tema atribuyendo la delirante acción del M-19 al narcotráfico. También los militares hicieron circular en las primeras horas versiones espeluznantes sobre la inhumana ferocidad de los asaltantes, que habrían hecho volar con dinamita a sus rehenes, extremo que fue negado luego por los testigos sobrevivientes, entre ellos varios magistrados. Así, por querer probar demasiadas cosas, las versiones oficiales tuvieron el efecto contraproducente de hacer flaquear la fe de la opinión pública en lo que le decían. Y si con su acción enloquecida el M-19 perdió de un solo golpe el poco capital de simpatía con que contaba todavía, también el gobierno y las Fuerzas Armadas perdieron credibilidad por su confuso manejo de las informaciones al respecto. Quedó claro, pues que la opinión pública repudia la violencia tanto cuando viene de los grupos subversivos como de las Fuerzas Armadas.
De inmediato empezaron las críticas y las suspicacias. Las familias de los magistrados sacrificados acusaron amargamente al Presidente. Los jueces del país decretaron una huelga de protesta. El Procurador declaró innecesario y monstruoso el precio pagado en vidas humanas por la defensa de las instituciones. Comentaristas de prensa, los candidatos Galán y Uribe Rueda, el propio ex presidente Turbay Ayala, hicieron al gobierno críticas veladas o directas. No sólo la operación de guerra, sino también el silencio oficial durante las largas horas de la batalla fue interpretado en algunos sectores como indicio de que las decisiones cruciales no habían partido del poder civil, sino que, por acción u omisión, habían sido impuestas por las Fuerzas Armadas. La negativa a negociar para buscar una salida menos bárbara que la matanza indiscriminada de secuestradores y rehenes, fue interpretada como una negativa al diálogo. Y eso en un gobierno que había basado todo su proceso de paz en la disposición al diálogo, fue acerbamente criticado: incluso --con notable dosis de oportunismo-- por los mismos que llevaban dos años criticando por "blanda" esa misma disposición al diálogo.
Así, el director alterno del Partido Liberal César Gaviria inició en el Congreso un "juicio de responsabilidades" al gobierno, y durante el debate subsiguiente salieron a la luz serias resquebrajaduras en la coalición de gobierno, que el visto bueno o absolución plenaria dado a Betancur por el conjunto de los ex presidentes de la República no bastó para paliar.
Un representante liberal acusó al Presidente de "genocida", dando pie al candidato conservador Alvaro Gómez para acusar a su vez de "desleal" al ministro liberal de Gobierno, Jaime Castro, por no haber salido en defensa de su superior. Y aunque el debate parlamentario acabó --como es usual-- ahogándose melancólicamente en la falta de quórum de las cámaras, en el aire quedaron flotando muchas dudas e interrogantes sobre los terribles sucesos del Palacio. En medio de lo cual resaltó más aún la afirmación, esa sí enfática y sin matices, del comandante del Ejército general Samudio en Santiago de Chile: la violenta respuesta militar al asalto terrorista, con todo y su hecatombe de inocentes, había sido "un ejemplo para el mundo".
Porque la consecuencia más notable del acontecimiento, tras el desconcierto y la indecisión de los políticos, fue que en el vacio de poder así creado, los militares habían entrado pisando más fuerte que nunca. Unos pocos días después, la toma militar del barrio caleño de Siloé con docenas de víctimas civiles bajo el pretexto de barrer un fortín guerrillero fue sólo un síntoma de la nueva prepotencia militar, que se mostró también en un recrudecimiento del hostigamiento a las fuerzas guerrilleras aún en tregua y en una multiplicación de militarizaciones y allanamientos --por alguno de los cuales (el de la periodista Olga Behar) el propio presidente Betancur pidió disculpas públicas.
La iniciativa militar tuvo otra manifestación vistosa que, de rebote, dejó maltrecha la política centroamericana del presidente Betancur: la filtración a la prensa de "pruebas" sobre la participación de los sandinistas nicaraguenses en la toma del Palacio. Tales pruebas habían sido anunciadas por el secretario de Estado norteamericano, ante la azorada confusión del Canciller colombiano y la total ignorancia al respecto del tribunal especial nombrado por la Corte Suprema para investigar la toma. Y fueron luego entregadas a la prensa por los servicios secretos militares, sin que el ministro de Defensa las hubiera presentado previamente al Congreso, ni al mismo tribunal especial. Un comunicado de la oficina de prensa del Ministerio de Defensa rectificó la información periodística, lo cual sólo dejó en claro que los servicios secretos no obedecen a esa oficina de prensa.
Las consecuencias políticas de la toma del Palacio --para no hablar de las juridicas y prácticas derivadas de la muerte de los jueces y la destrucción física de la sede del poder judicial --son, pues, graves. Y seguirán pesando durante mucho tiempo sobre la vida nacional. Y, desde luego, sobre la futura carrera política del ya casi ex presidente Betancur, que no se anuncia ya tan promisoria como parecía hace apenas dos meses. Pues éste llega a los meses finales de su mandato no sólo bajo el tradicional "sol a las espaldas" que acompaña siempre a los presidentes en ese trance, sino además abrumado por el peso creciente de otros tres soles más: los de las charreteras del general Vega Uribe.--