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| 12/13/2014 10:00:00 PM

Palacio de Justicia: aún falta la verdad

La sentencia de la CIDH les da algo de justicia a las víctimas y pone al Estado en la obligación de buscar la verdad.

En un minucioso y extenso fallo de 232 páginas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió esta semana declarar culpable al Estado colombiano por la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial o por las torturas que sufrieron 17 personas en la toma y retoma del Palacio de Justicia durante el 6 y 7 de noviembre de 1985.

Al examinar y fallar uno a uno los casos, la Corte determinó que el Estado es responsable por la desaparición forzada de 11 personas, entre los que se encontraban siete empleados de la cafetería, dos visitantes, la guerrillera del M-19 Irma Franco Pineda y el magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán Rojas, quien según la Corte salió con vida del Palacio y fue asesinado (vea recuadro).

Si bien la Corte no fue más allá de lo que durante años se ha ido tejiendo a través de investigaciones periodísticas, de las denuncias de los familiares y abogados, de fallos judiciales de las cortes colombianas o del mismo informe de la Comisión de la Verdad promovido por la Corte Suprema en 2006, el hecho de que la justicia internacional decidiera actuar contra el Estado, no solo para reparar a las víctimas sino para obligarlo a seguir con las investigaciones y contar la verdad de lo que allí ocurrió, llega en un momento complejo para el país y amenaza con convertirse en una bomba de tiempo.

Por una parte, la Corte Suprema de Justicia se dispone a estudiar una ponencia del magistrado Luis Guillermo Salazar en la que solicita absolver y darle libertad al coronel Alfonso Plazas Vega, quien comandó la retoma del Palacio, porque no existen pruebas contundentes que demuestren la responsabilidad del alto oficial en la desaparición de personas. Este caso se ha convertido en un punto de honor de los militares, de la derecha y del Centro Democrático, que sienten que mientras que en La Habana se les va a dar perdón y olvido a los comandantes de las Farc por todos sus crímenes, a los uniformados se les castiga con cárcel por cumplir su misión constitucional.

El fallo es un baldado de agua fría para la defensa de Plazas, pues tal y como lo dijo a la prensa el abogado Jorge Molano, quien representa a las familias de varios de los desaparecidos, la justicia colombiana no puede ir en contravía del fallo de la Corte, en el que queda claro que 11 personas fueron desaparecidas, otras asesinadas y cinco torturadas, entre otros delitos.

De todas las pruebas, testimonios y documentos recogidos por la Corte quedó claro que los agentes del Estado determinaron como hipótesis, que desde la cafetería del Palacio se debieron surtir las armas y provisiones para los guerrilleros del M-19, y que por lo tanto, quienes estaban en este sitio eran un objetivo para ser interrogados. Por eso, al salir con vida del Palacio, los empleados de la cafetería y demás sospechosos fueron llevados a la Casa del Florero.

Todo indica que posteriormente estas personas fueron llevadas al Cantón Norte y al batallón de Inteligencia Charry Solano en donde fueron interrogados, torturados y muy seguramente asesinados, pues para la Corte es claro que “existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas sospechosas de participar en la toma del Palacio de Justicia o colaborar con el M-19”.

Además de condenar al Estado por estas desapariciones, la Corte también lo hizo responsable de las detenciones arbitrarias e ilegales, así como de las torturas y tratos crueles a los que fueron sometidos los estudiantes de la Universidad Externado Yolanda Santodomingo Albericci y Eduardo Matson Ospino, así como los de Orlando Quijano y José Vicente Rubiano Galvis, quienes fueron considerados sospechosos de colaborar con el M-19.

A publicar el fallo

Los dos estudiantes del Externado, que estaban en el Palacio haciendo una tarea, fueron llevados al segundo piso de la Casa del Florero donde fueron sometidos a largos interrogatorios, golpeados y vejados. Ellos no fueron incluidos en la lista de sobrevivientes y fueron llevados a la Dijín para hacerles la prueba del guantelete. De allí, los trasladaron al batallón Charry Solano donde, vendados y esposados, fueron sometidos a nuevos interrogatorios y agresiones físicas.

No se sabe si estos dos jóvenes se salvaron por las presiones del entonces rector de la Universidad Externado, Fernando Hinestrosa; o del tío del joven, quien era el gobernador de Bolívar. “Los dos iban en camino de ser desaparecidos, tal y como ocurrió con los otros, pero por esas presiones fueron liberados, pidiéndoles disculpas y diciéndoles que todo era un error”, dijo el exmagistrado Nilson Pinilla, quien también hizo parte de la Comisión de la Verdad creada por la Corte Suprema en 2005, cuyo informe fue fundamental para el fallo de la Corte Interamericana.

El tribunal obliga al Estado a publicar el resumen de la sentencia en el Diario Oficial y en un diario de amplia circulación nacional, publicitarlo en una emisora radial y un medio televisivo de cobertura nacional. También tiene que realizar un documental audiovisual “sobre los hechos y víctimas del caso y la búsqueda de justicia de sus familiares, con fundamento en los hechos establecidos en esta sentencia, teniendo en cuenta para ello la opinión de las víctimas y sus representantes”, que deberá emitirse en un canal de televisión de difusión nacional.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, declaró que “el gobierno cumplirá estrictamente la decisión y la justicia colombiana seguirá con la búsqueda de los responsables”. Además, informó que ya se contaba con los recursos necesarios para las indemnizaciones.

Dentro de la sentencia, la Corte le hizo un llamado al Estado para que haga una versión de lo que ocurrió en el Palacio de Justicia. Y eso es lo que muchos han evitado en los últimos 29 años. Según la Corte, los familiares y defensores de las víctimas que trataron de averiguar por la suerte de sus familiares o denunciaron su desaparición, fueron sistemáticamente amenazados o intimidados. A esto se suma, según el expresidente de la Corte Constitucional Nilson Pinilla, “después de la toma y retoma del Palacio se hizo un pacto al más alto nivel para que todo quedara en silencio. Por eso, durante 29 años hay algunos culpables ante la historia y pocos ante la Justicia”.

Ahora que la Corte le exige al gobierno acelerar las investigaciones, encontrar los cuerpos de los desaparecidos, buscar a los culpables de las desapariciones y demás delitos y contar la verdad, se va a abrir de nuevo una de las heridas más grandes de la historia moderna del país.

Alejandra Rodríguez, vocera de los familiares desaparecidos, dijo a Semana.com que el fallo es dignificante, “nos renueva la esperanza de seguir adelante, a la espera que la justicia dentro del país actúe, porque más allá de la reparación económica, lo que queremos es que haya verdad, que sepamos qué pasó con nuestros seres queridos y que el Estado le dé celeridad a los procesos para determinar los responsables. Por ejemplo, el expresidente Belisario Betancur dijo públicamente qué él asumía toda la responsabilidad, pero nada ha pasado”.

El fallo advierte que frente al expresidente “la Corte no es un tribunal penal que analiza la responsabilidad de los individuos, por lo que el objeto del presente caso no se refiere a la inocencia o culpabilidad de las distintas autoridades estatales que presuntamente participaron de los hechos del caso, sino a la conformidad de los actos estatales con la Convención Americana. Por tanto, en el presente caso la Corte no se pronunciará sobre la alegada responsabilidad penal de Betancur ni de cualquier otra persona, ya que esto es materia de la jurisdicción interna colombiana”.

Jorge Molano, uno de los abogados que representa a los familiares de las víctimas, señaló que con el fallo de la Corte van a promover acciones legales contra Belisario Betancur y los miembros del Consejo de Ministros de ese entonces “para que ya que no han dicho la verdad, por lo menos paguen de sus bolsillos las indemnizaciones de los 138 familiares de las víctimas del Palacio y así la plata no tenga que salir del erario público”.

Por su parte, el general retirado Jaime Ruiz, director de Acore, dijo que “El fallo es nefasto. No solo va en contra del honor de las Fuerzas Armadas, sino de los colombianos que deben pagar de sus bolsillos la indemnización. Al final los que defendieron legal y constitucionalmente al Estado, terminaron en la cárcel, y los guerrilleros que se tomaron el Palacio están libres y ejerciendo cargos”.

La decisión de la Corte que se veía venir desde 2012, más allá de la absurda polémica que se armó por la aparentemente pobre defensa que hizo el Estado, es un paso adelante en el esclarecimiento de lo ocurrido en el Palacio de Justicia y en la reparación de los familiares. Como lo expresó el abogado Jorge Molano: “El fallo es el reconocimiento a 29 años de lucha llevada a cabo por los familiares de las víctimas y también es un paso importante en el establecimiento de la verdad de lo ocurrido en el Palacio de Justicia”.

Aunque el desenlace de la semana pasada de este triste y largo episodio deja una sensación de justicia, la verdad es que es una justicia incompleta. El Estado cometió excesos imperdonables el día del holocausto y está bien que se le llame a rendir cuentas. Pero, el verdadero responsable de la que podría ser, con el 9 de abril, la más grande hecatombe del siglo XX fue el M-19. Hay un desequilibrio en que se le pase cuenta de cobro a los agentes del Estado, mientras los antiguos miembros de ese grupo subversivo no han ni siquiera expresado su arrepentimiento fuera de Antonio Navarro, quien lo ha hecho explícitamente. Este fallo debería motivar a los demás guerrilleros indultados, en reciprocidad, a hacer un acto de contrición y confesar lo que saben de un episodio que no puede seguir en la oscuridad

Quiénes eran los desaparecidos

Carlos Horacio Urán Rojas:
de este magistrado auxiliar durante años se dijo que había sido una de las 94 víctimas que murieron en la toma y retoma. Pero solo se comprobó gracias al trabajo de su esposa y varias organizaciones que encontraron videos en los que se ve al magistrado salir con vida, a pesar de tener una herida en el pie, lo que demuestra que fue asesinado de un tiro en la cabeza.

Carlos Augusto Rodríguez Vera:
administrador de la cafetería, tenía 29 años y estudiaba Derecho en la Universidad Libre.

Cristina del Pilar Guarín:
tenía 26 años y era licenciada en Ciencias Sociales, reemplazaba por unos días a su esposo Carlos Augusto Rodríguez Vera, en la caja de la cafetería.

David Suspes Celis: chef de la cafetería, tenía 26 años y vivía con su pareja, Luz Dary Samper Bedoya, con quien tenía una hija.

Rosa Castiblanco:
era la auxiliar del chef. Al momento de los hechos tenía 31 años y siete meses de embarazo. Su cuerpo fue identificado en 2000 entre los restos exhumados de una fosa común del Cementerio Sur.

Héctor Jaime Beltrán Fuentes: trabajaba como mesero en la cafetería del Palacio de Justicia. Al momento de su desaparición tenía 28 años y estaba casado con María del Pilar Navarrete Urrea, con quien tuvo cuatro hijas.

Bernardo Beltrán Hernández:
tenía 24 años y trabajaba como mesero de la cafetería.

Gloria Stella Lizarazo Figueroa: trabajaba en el autoservicio de la cafetería, tenía 31 años, era madre de tres niñas y un niño y convivía con Luis Carlos Ospina.

Luz Mary Portela León: de 24 años, lavaba los platos en la cafetería en reemplazo de su madre, Rosalbina León, quien se encontraba enferma por los días en que ocurrió la toma del Palacio.

Irma Franco: esta guerrillera del M-19 logró cambiarse el uniforme y salir del Palacio vestida con la ropa de una de las víctimas. Fue llevada al segundo piso de la casa del Florero, donde fue identificada por varios sobrevivientes. Según el celador, “entre las siete y ocho de la noche del 7 de noviembre, en estrictas medidas de seguridad fue embarcada en un campero”, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

Gloria Anzola de Lanao: tenía 33 años. Era abogada y tenía su oficina cerca la Palacio. Estacionaba  su carro allí gracias a una tía suya, que era magistrada del Consejo de Estado, se lo facilitaba.

Lucy Amparo Oviedo Bonilla: trabajaba en un almacén de artesanía e iba a comenzar a estudiar Derecho y tenía 25 años. Se encontraba en el Palacio en una entrevista de trabajo.

Norma Constanza Esguerra Forero: vendía pasteles y estaba en el Palacio haciendo una entrega minutos antes de que comenzara la toma. La Corte cree que su cuerpo fue entregado erróneamente a los familiares del magistrado Serrano Abadía. Por eso se abstuvo de condenar al Estado por su desaparición forzada.
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