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| 7/22/2016 9:19:00 AM

No se probó complot contra los hijos de Uribe: Fiscalía

El ente investigador archivó la investigación por falta de pruebas. Tomás y Jerónimo Uribe denunciaron que buscaban incriminarlos en actividades ilícitas.

En los primeros días de marzo, Tomás y Jerónimo Uribe -hijos del expresidente Álvaro Uribe Vélez- fueron al búnker de la Fiscalía a hacer unas graves denuncias sobre un supuesto complot que había en su contra.

En esa ocasión los hijos del ahora senador indicaron ante el ente acusador que desde la Fiscalía y la Presidencia se habrían ofrecido beneficios al empresario James Francisco Arias, también conocido como el ‘zar’ de la chatarra, quien actualmente se encuentra procesado por varios delitos, para que involucrara a los Uribe en actividades ilícitas. Y explicaron, por medio de una carta dirigida al entonces fiscal, Eduardo Montealegre, y al vicefiscal, Jorge Fernando Perdomo, que habían recibido seis testimonios de diferentes personas sobre presuntos ofrecimientos que le hicieron al zar.

Así, según los Uribe, la esposa del zar, Diana Ochoa, supuestamente les dijo a dos empleados de la empresa de ellos –llamada Ecoeficiencia- que ella y su esposo habían recibido muchas presiones por parte de la Fiscalía y de la Presidencia para que su marido declarara en su contra, pero que Arias no tenía nada que decir al respecto, puesto que el único vínculo que ellos tenían era de una compra y venta de chatarra legales y completamente sustentadas.

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Luego de la denuncia interpuesta, la Fiscalía inició las investigaciones correspondientes y después de realizar la práctica de pruebas testimoniales, la entidad determinó que el delito que denunciaron los Uribe –constreñimiento ilegal- no existía en este caso.

Para llegar a esta determinación, a partir de la denuncia, el ente acusador llamó a declarar a las personas mencionadas por los hijos del expresidente. Entre ellas estuvo Diana Ochoa, quien, al preguntarle si ella o su esposo habían recibido alguna clase de presiones para declarar en contra de los Uribe, respondió que no.

También declaró James Arias y, al igual que su esposa, dijo que nunca ha "recibido ninguna clase de presión, ni coacción, ni ofrecimientos de prebendas por parte de ningún funcionario de Presidencia ni de Fiscalía, ni de ningún particular para que declare en contra de ellos”.

Entre los testigos llamados a declarar además estuvieron los dos empleados de la empresa de Tomás y Jerónimo Uribe que, según ellos, fueron quienes habrían indicado que Diana Ochoa habló de las presiones para involucrarlos a ellos en actividades ilícitas.

De esta manera, Diego Guzmán, uno de los declarantes, señaló a la Fiscalía que rindió una declaración extraprocesal el 4 de enero del 2016 ante el notario único de Mosquera, sobre lo que había dicho Diana Ochoa. Dijo a los investigadores del caso que lo que lo motivó a rendir dicha declaración fue que “Tomás Uribe se lo pidió, teniendo en cuenta una conversación que tuvieron meses atrás”.

Luego, tanto él como el otro testigo si bien aseguraron que Diana Ochoa habló sobre algunas presiones que ella y su marido estaban recibiendo, nunca precisaron si Ochoa se refirió a la Fiscalía y la la Presidencia. Ambos aseguraron que eso había ocurrido meses atrás y que no podían recordarlo con claridad.

Precisamente, esa falta de detalles en la declaración de los testigos ocasionó que el ente acusador tomara una decisión contundente sobre el caso, pues luego de estudiar la información recopilada, la entidad decidió archivar la investigación por el supuesto complot para involucrar a Tomás y Jerónimo Uribe en actividades ilícitas.

Así, en el documento expedido el 12 de julio de este año, el ente acusador señaló que era procedente “el archivo de las diligencias por parte de la Fiscalía porque a ello habría lugar en el evento en que al valorar los resultados obtenidos en la indagación no fuese posible determinar si las conductas denunciadas realmente ocurrieron y si las mismas eran típicas objetivamente o no y más aún cuando, al sopesar los resultados alcanzados por la indagación, se deduce la imposibilidad de demostrar la tipicidad de la conducta o su real existencia”.

Al mismo tiempo, el ente acusador indicó en la decisión que la entidad “puede afirmar que no existe la conducta de constreñimiento ilegal, ni soborno, ni otra conducta que se asemeje a los hechos manifestados por los hermanos Uribe Moreno, porque no existe ese complot criminal, toda vez que la señora Diana Ochoa y su esposo, James Arias, han hecho manifestación expresa que no han sido constreñidos sobornados, manipulados, con el fin de rendir testimonios o declaraciones juradas en proceso penal en contra de los hermanos Uribe Moreno”.

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