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Mientras el ministro Andrés Arias considera que puede vender Corabastos a los empresarios privados, Bogotá cree que tiene la primera opción. ¿Quién tiene la razón?

política

A tomatazo limpio

La venta que el gobierno hará de Corabastos está a punto de desatar una nueva pelea con Bogotá.

20 de octubre de 2007

En los pròximos dìas el Ministerio de Agricultura expedirá un decreto que inicia el proceso de venta de la participación que el Estado tiene en tres centrales de abastos del país: Corabastos, en Bogotá; Cavasa, en Cali, y Centroabastos, en Bucaramanga. La venta de estos y otros activos, no sólo servirá para financiar el plan de desarrollo, sino que puede ser uno de los negocios más importantes del segundo semestre.

En Corabastos la Nación venderá el 20,47 por ciento de las acciones, que sumadas al 23,4 por ciento de Cundinamarca, que también saldrán a la venta, dan un total de 43,87 por ciento. Por eso, varios grupos nacionales e internacionales ya han expresado su interés en participar en el proceso.

Corabastos tiene un papel determinante en la capital del país, no sólo por las 10.900 toneladas de alimentos que se transan a diario por más de 22.000 millones de pesos, sino porque es el referente nacional de los precios al consumidor. Además, está en juego el control de la plataforma logística, que con un área de 420.000 metros cuadrados, es la base del suministro de alimentos de más de 10 millones de personas.

La discusión con Bogotá es si el grueso de las acciones que el Estado va a vender debe quedar en manos privadas o si la ciudad debe hacer uso del derecho preferencial que le dio la Ley de Presupuesto. Si lo hiciera, la capital pasaría del 4,03 por ciento que tiene hoy, a un porcentaje que le permitiría garantizar la función pública para la cual fue creada Corabastos. El artículo 20 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo estableció que "el Ministerio de Agricultura trasladará a los entes territoriales que previamente manifiesten el interés de adquirirlas, las participaciones sociales que tienen en los fondos ganaderos, centrales de abastos y empresas del Fondo Emprender". El ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, dijo a SEMANA que como Bogotá nunca manifestó interés, en los próximos días expedirá un decreto para ofrecerlas, primero al sector solidario y después a la empresa privada. "Bogotá sí podría comprar acciones, pero entrando en la puja. El otro camino es esperar que el Estado le ceda la participación que no se venda", dijo Arias.

Esto significa que ni Bogotá, Cali y Bucaramanga podrán usar el derecho a comprar sus centrales de abasto, lo que, para el concejal capitalino Carlos Baena, "es absurdo, por no decir arbitrario, pues hay un derecho que tienen las ciudades que no puede ser vulnerado. ¿Acaso el Ministerio les preguntó? Para que haya claridad, le pediremos al Procurador que intervenga en el proceso". Tanto Baena como la bancada del Polo consideran que está en juego el futuro del abastecimiento alimenticio, en especial el de los más pobres.

El alcalde de Bogotá, Luis E. Garzón, dijo a SEMANA que "por ahora mi posición es la de no comprar, porque este ha sido un proceso con muchas incertidumbres y en el que ha faltado claridad. Ni siquiera hoy sabemos el costo ni la forma como sería el proceso, lo que nos deja muchas dudas. Si tenemos información clara y el nuevo alcalde decide comprar, la posición podría cambiar". Precisamente el viernes, Consuelo Corredor, secretaria de Desarrollo Económico , le pidió en una carta al Ministerio de Agricultura que informe cuál es el procedimiento para ejercer la opción que tiene la ciudad sobre las acciones de Corabastos.

Además de la puja por el control, en juego hay dos formas filosóficas de gobernar. Mientras el gobierno ha optado por vender sus activos para financiar el Plan de Desarrollo y el funcionamiento del Estado, Bogotá se la ha jugado desde hace 10 años por mantener la propiedad o el control accionario de las empresas, y entregar el control a los operadores privados a cambio de jugosos dividendos para la inversión social. Este modelo se debería repetir en Corabastos.

La pregunta es, ¿por qué al Estado sí le gustó la plata de Bogotá cuando este año la ciudad compró por 3,25 billones de pesos a Ecogás, y ahora no quiere venderle las acciones de Corabastos, más aun cuando hay una obligación legal? El Ministerio debe dar muestras de transparencia, porque la venta de las centrales puede terminar más sucia que las mismas centrales al final de un día de operaciones.