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| 11/14/1988 12:00:00 AM

TORMENTA EN UN VASO DE AGUA

Ambiguedad del gobierno sobre la necesidad de erradicar cultivos de marihuana en el Cauca, desata problema de orden público.

"Acabamos de autorizar por unanimidad, la destrucción de los cultivos de marihuana que se levantan el una vasta zona de Corinto, Cauca" dijo el ministro Guillermo Plazas Alcid, el 29 de septiembre, tan pronto salió de la reunión extraordinaria de Consejo Nacional de Estupefacientes en la que se dio vía libre a la fumigación con glifosato.
Aunque el comunicado que emitió el Consejo de Estupefacientes hablaba de que las cosas se harían "previo concepto favorable de los organismos encargados de velar por la salud de la población y de preservar el equilibrio del ecosistema" y de tener en cuenta el "impacto biofísico y socioeconómico de la zona", la sensación que quedó era la de que se iba a repetir la historia de la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde se fumigó aun a costa de alterar el ecosistema y de golpear fuertemente la vegetación y la fauna de la región.
La fumigación con glifosato en las regiones del norte del Cauca tenía su justificación. Se había encontrado entre los municipios de Corinto, Caloto, Florida y Miranda una extensión de aproximadamente 1.300 hectáreas sembradas de marihuana, completamente tecnificadas y de un valor cercano a los $17 mil millones. Valor que, al colocarse en el mercado de los Estados Unidos alcanza una cifra de alrededor de 2.000 millones de dólares.
Pero no se acababan de hacer las cuentas cuando estalló el problema de orden público. Unos mil habitantes de la región se tomaron la Escuela José María Obando y amenazaron con no regresar a su hogar hasta tanto el gobierno no echara para atrás su decisión. Las peticiones de los campesinos e indígenas incluían, además de exigir que la erradicación fuera hecha manualmente, un programa que contemplara la sustitución de cultivos, el otorgamiento de créditos a bajos intereses y la inclusión de la región en los programas de reforma agraria y de rehabilitación.
El gobierno se vio obligado a dar pie atrás y luego de que los problemas costaran incluso la cabeza del gobernador del Cauca, César Tulio Vergara, nombró una comisión negociadora compuesta por el viceministro de Justicia, los gerentes del Incora, Inderena e ICA, el delegado del Plan Nacional de Rehabilitación y el director de la CVC (Corporación para el desarrollo de los Valles del Cauca). Esta comisión acordó con los campesinos que no se utilizaría masivamente el glifosato y que la erradicación se haría básicamente por medios mecánicos. También se acordaron programas de sustitución de cultivos y créditos para los habitantes de esa región.
SEMANA se enteró de que se pretendió armar una tormenta en un vaso de agua. En primer lugar, la decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes en ningún momento afirmó que se fumigaría como se hizo en la Sierra Nevada de Santa Marta, y el propio ministro de Justicia afirmó que eso sería "asumir una política de tierra arrasada". En segundo lugar, siempre se habló de tener en cuenta las condiciones del ecosistema. El estudio que contrató el Ministerio de Justicia había recomendado el uso de herbicidas autorizados por el ICA, diferentes a glifosato y sólo en una proporción de 15% del cultivo, mientras que para el 85% restante proponía el sistema mecánico de la guadañadora y la desbrozadora.
Por otro lado, la fumigación que se proponía era mata por mata, y no aérea, sino mediante el sistema de fumigadores de espaldas. De acuerdo con los estudios realizados, esto permitiría que, aunque se utilizara el glifosato, el herbicida se degradara antes de caer al suelo. Los estudios inclusive sugerían que en las zonas de difícil acceso individual, la fumigación aérea no se hiciera en avioneta sino en helicóptero, lo que permitiría una aspersión de tipo vertical que acelera el proceso de biodegradación del herbicida.
Pero como si fuera poco, los estudios del Inderena habían sugerido la utilización del glifosato sólo en un 0.5% del ecosistema en donde se encuentran los cultivos de marihuana y coca. Según el instituto, cuando el glifosato se utiliza en áreas de monocultivo como el de la caña de azúcar no afecta el ecosistema porque en estas zonas el impacto ambiental ya se ha producido. Por el contrario, en una zona de bosques como la Sierra Nevada, cualquier gota de herbicida produce un impacto del 100%. Pero en el caso del norte del Cauca, en donde existe el policultivo, y no hay mucho bosque primario, la situación es intermedia. De acuerdo con estos estudios, el 60% de la producción agrícola de la región es de pastos, el 35% es de cultivos de pancoger y el 5% de cultivo ilícito.
Lo que parece quedar en claro es que el alboroto sirvió para que el gobierno le dedicara atención a los cultivadores del norte del Cauca, quienes obtuvieron los compromisos en materia de sustitución de cultivos, asistencia técnica y facilidades crediticias. Pero lo que también se evidenció es que para estos campesinos es más importante la marihuana que les produce el 5% de los cultivos, que lo que les da el 95% restante.
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