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SEMANA revela la historia secreta de la mujer que fue secuestrada y torturada por un grupo de policías.

2 de febrero de 2004

Olga tiene 25 años y durante los últimos seis se ha ganado la vida como tramitadora de tránsito. Con los ingresos que obtiene de esa actividad sostiene a sus dos pequeñas hijas, su mamá, dos hermanas y una tía. Pero la vida simple que llevó en un barrio del sur de Bogotá le cambió radicalmente el pasado sábado 17 de enero cuando unos amigos le dijeron que acudiera a una cita para efectuar el traspaso de un carro y terminó, sin saberlo, involucrada en el robo de 880.000 dólares de un jefe paramilitar. Lo más aterrador es que, según su testimonio, fue secuestrada y torturada por un grupo de policías, quienes al parecer intentaban recuperar los dólares robados al paramilitar.

La historia comenzó en la mañana del pasado sábado 17 de enero cuando Olga acudió a la que parecía ser una simple cita de trabajo. "Un amigo me dijo que había un señor que necesitaba hacer los papeles de traspaso de un Mercedes. Me dio la dirección de la casa en donde me entregarían la plata para hacer el trámite el lunes a primera hora, dijo Olga, quien habló en exclusiva con SEMANA. Cuando llegué al lugar me encontré con mi amigo y me dijo que teníamos que esperar porque el dueño del carro no estaba en la casa. Nos quedamos al frente, en una cafetería y después vi que entraron unos señores. Mi amigo me dijo que entráramos a la casa porque ya había gente. Cuando Olga y su amigo estaban en la puerta los hombres que acababan de entrar se devolvieron corriendo, los jalaron y les dijeron que se fueran con ellos inmediatamente. Se montaron a un taxi y uno de ellos le entregó un rollo de billetes de dólares a Olga. "Cuando el taxi paró en un semáforo yo me bajé porque no me gustó lo que estaba pasando", afirma Olga. Desconcertada por el episodio se fue a su casa y se dio cuenta de que el hombre en el taxi le había dado 2.500 dólares.

El secuestro

Dos días después, el lunes 19 de enero, Olga llegó a la esquina de la calle 13 con carrera 32, en el centro de Bogotá, en donde habitualmente ofrece sus servicios como tramitadora. Lo que nunca imaginó es que el episodio que había vivido el sábado era tan sólo la antesala de una historia tan impresionante como macabra. A las 8 de la mañana, cuando estaba conversando con dos amigas que se dedican al mismo negocio de ella, un policía las arrestó con el argumento de que tenían que ir con él a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía porque era ilegal trabajar como tramitadoras en la calle. Las tres quedaron en una de las celdas de la URI y 40 minutos más tarde el mismo agente fue hasta la celda y le dijo a Olga que podía salir, pero que sus amigas se tenían que quedar.

Olga salió y se encontró frente a la URI con Wilson, un amigo, a quien le estaba contando lo que le acababa de pasar. De un momento a otro aparecieron cinco hombres vestidos de civil. Se identificaron como policías de la Sijin y después de un forcejeo los obligaron a subir a un carro Swift rojo, mientras eran seguidos por otro vehículo verde. "Dijeron que teníamos que ir con ellos a la estación para un reconocimiento en fila", recuerda Olga. En el carro uno de los hombres sacó un par de esposas y se las puso en las muñecas a Olga y a Wilson. Los llevaron al Sanandresito de la carrera 38 y los dos carros se estacionaron cerca de un almacén de venta de llantas. Uno de los hombres que iba en el carro -relata Olga- se bajó, entró a un local y pocos minutos después regresó y les dijo a sus compañeros: "El señor no está acá, nos toca ir al otro lado".

La tortura

Sin embargo, los cinco policías continuaron dándoles vueltas por las calles de Bogotá y para evitar que vieran por donde iban les taparon sus cabezas con unas chaquetas de jean. Olga sintió que se abrió la puerta de una especie de bodega, la bajaron solo a ella y no volvió a saber nada más de su amigo Wilson. "Era un sitio oscuro", dijo Olga a SEMANA, con lágrimas en sus mejillas. Después sintió que entró otro hombre le pegó un rodillazo en el abdomen y la tiró al piso. En el suelo le dio otras dos patadas en el estómago. Uno de los policías la levantó y le gritaba: "Díganos donde está la plata. ¿Es que usted no sabe a quién le robó? Esa plata es de un señor muy importante de Sanandresito. Es de don Miguel". Olga era la primera vez que escuchaba hablar de don Miguel, un temido jefe paramilitar del Meta que opera también en Bogotá. Mientras le gritaban que entregara la plata, uno de ellos, el más violento, le propinó un puño que le rompió la nariz y otro le dio un golpe en el pómulo derecho. El policía se refería a los 880.000 dólares que habían sido robados en la casa en la que Olga había estado el sábado. Olga, por su parte, pensaba que su victimario estaba hablando de los 2.500 dólares que le habían entregado en el taxi cuando salían de la casa. SEMANA pudo establecer con diversas fuentes que efectivamente al jefe paramilitar se le había desaparecido una fuerte suma de dinero.

Olga le relató a SEMANA que a los policías no los conmovieron sus súplicas ni que su rostro estuviera bañado en sangre. Por el contrario, le quitaron la chaqueta de la cabeza y se la reemplazaron por una bolsa de plástico. La falta de aire provocó que Olga se desmayara en varias ocasiones y cada vez que recobraba el conocimiento sentía un arma sobre la sien, mientras suplicaba que no la fueran a matar.

"Yo les dije que la única plata que tenía es la que me gané en unos trámites en diciembre y unos dólares que me habían dado el sábado. Que la tenía en la casa de mi mamá y que si eso era lo que querían, yo estaba dispuesta a darles ese dinero". Le quitaron la bolsa, le pusieron de nuevo la chaqueta de jean sobre la cabeza, la subieron de nuevo al Swift rojo y partieron rumbo a su casa en el barrio Bosa, al sur de Bogotá.

Durante el trayecto Olga escuchó que los policías hablaron en varias oportunidades por los celulares y simplemente se limitan a decir "Sí jefe, sí mayor, sí patrón, ya vamos llegando". Cuando estaban a pocas cuadras de su casa uno de los policías le quitó la chaqueta de jean y se detuvo cerca de una panadería. Junto al Swift rojo se detuvo otro auto conducido por un hombre calvo de unos 35 años. "Cómo está jefe", fue el saludo de uno de los policías mientras otro le dijo: "Cómo está mi mayor".

Se trataba del mayor Iván Bohórquez, jefe del grupo de automotores de la Sijin. El oficial, vestido de civil, descendió del carro y les dijo a sus hombres que le quitaran las esposas a Olga y lo dejaran sentarse solo con ella en una cafetería. "El me dijo que me tranquilizara, que no me iba a pasar nada. Preguntó de nuevo por la plata y que si se la entregaba no iba a tener problemas", recuerda la mujer.

Olga llegó a su casa acompañada por el mayor y uno de los policías. Buscó el dinero pero no lo encontró. Le dijo al mayor que le permitiera hacer una llamada al celular de su mamá con el argumento de que ella lo tenía guardado. El oficial aceptó, pero antes sacó una cámara instantánea y le tomó una foto a Olga con sus dos hijas. El mayor salió de la casa mientras dos de los policías la presionaron para que llamara por el celular y les entregara rápido el dinero.

Olga marcó a un celular y simuló hablar con su mamá pero en realidad conversó con un primo a quien le dijo que estaba en la casa y que unos hombres la iban a matar si no les entregaba una plata. Mientras la mujer había logrado ganar unos minutos, el primo corrió hasta el DAS y pidió ayuda en la Unidad Antiterrorista que designó a nueve detectives para que se trasladaran a la casa de Olga para verificar lo que estaba ocurriendo. Minutos antes de que llegaran los investigadores, los policías habían obligado a Olga a salir con ellos de la casa y buscar a la mamá para que entregara el dinero. Sin embargo, uno de los uniformados que se encontraba en la calle puso en alerta a sus compañeros sobre movimientos sospechosos alrededor del barrio.

Los policías decidieron irse sin Olga y en ese momento, por el otro extremo de la cuadra, aparecieron dos camionetas con los hombres del DAS. Los detectives alcanzaron a verlos y los siguieron varias cuadras por la autopista sur hasta llegar cerca a la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander. Allí decidieron interceptar los carros y les pidieron la identificación a los cinco hombres. "Se identificaron como miembros de la Sijin y afirmaron que estaban en un operativo contra ladrones. Sin embargo no tenían una orden de trabajo con ellos", dijo uno de los detectives que participó en el operativo.

Después de requisar los vehículos, uno de los hombres del DAS encontró la cartera de Olga con todos sus documentos y su celular. Y luego de una requisa en que le encontraron a uno de los policías la foto instantánea que el mayor Bohórquez les había tomado a Olga y a sus niñas, decidieron llevar a los policías a las celdas del DAS y ponerlos a disposición de la Fiscalía.

Ese mismo día Olga fue a Medicina Legal en donde un médico le dio una incapacidad por las lesiones que tenía en sus muñecas, en el rostro y en el cuerpo. A las 8 de la noche el fiscal delegado ante el DAS le tomó su primera declaración y el jueves pasado la Fiscalía les dictó medida de aseguramiento a los cinco policías por secuestro extorsivo agravado.

Sin embargo, desde su captura, los uniformados no sólo estaban convencidos de que saldrían rápido de los calabozos, sino que guardaron silencio ante el fiscal que los indagó e incluso tuvieron la sangre fría de hacer bromas sobre el asunto.

Las presiones

Lo más delicado de este episodio son las presiones y las amenazas que han rodeado el caso. Insistentemente, los abogados que la Policía contrató para que defendieran a sus hombres intentaron que Olga se retractara de sus acusaciones contra los uniformados y firmara un documento que ellos mismos le elaboraron.

Curiosamente uno de los que empezó a buscarla para que se retractara fue el mayor Bohórquez, jefe de los policías detenidos. El miércoles 21 de enero, dos días después del secuestro, el oficial se reunión con Olga en el almacén Carrefour de la carrera 30 con calle 19 en compañía de otras personas para pedirle que se retractara de su declaración. Con lo que no contaba el oficial era que el momento de esta clandestina reunión quedara grabado por las cámaras de seguridad del almacén. A pesar de la insistencia del oficial, Olga se negó a retractarse y salió del establecimiento.

Hasta ese momento la mujer desconocía que Wilson, la otra persona que fue secuestrada con ella, estaba libre y que había recibido 800.000 pesos de los policías, a cambio de no declarar en su contra.

SEMANA tuvo acceso a dos grabaciones en las que Wilson reconoce haber recibido presiones para aceptar el soborno y otra en la que Olga habla con el mayor Iván Bohórquez, quien le ofrece enviar su abogado para que ella desista. (Ver recuadros).

Inconsistencias

Este caso está rodeado de una serie de inconsistencias y muchas dudas. Primero, los cinco policías jamás mostraron una orden de trabajo que justificara oficialmente el operativo. Segundo, es inusual que un grupo de automotores atienda un caso de robo de dinero a un comerciante de Sanandresito. Tercero, los tres vehículos en los que se movilizaban habían sido robados y sus placas estaban alteradas. Y lo que más sorprendió al DAS es que el propio comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Héctor García, convocó a los medios de comunicación y respaldó la actuación de sus hombres argumentando que era un procedimiento legal y su detención podía obedecer a una equivocación del DAS.

Efectivamente, el pasado viernes 23 de enero, cuando el oficial sostuvo que sus hombres habían atendido el caso de un asalto a una residencia de un comerciante de Sanandresito, presentó a un testigo encubierto, entrevistado por el canal RCN, quien afirmó ser el comerciante asaltado y quien dijo que una mujer, refiriéndose a Olga, lo había robado el lunes 19 en su casa en el barrio Santa Isabel en compañía de otros hombres. Lo curioso es que el robo no ocurrió ese día sino el sábado 17 y en un barrio muy diferente .

Según el director del DAS, Jorge Noguera, las contradicciones de la Policía son muy graves, pues existen las pruebas suficientes para determinar si los uniformados estaban o no actuando de manera irregular. El viernes pasado el general Jorge Daniel Castro, director de la Policía, no dudó en afirmar que respaldaba y apoyaba la decisión de la Fiscalía de vincular a los policías. "Si la Fiscalía los vinculó es porque hay pruebas suficientes para hacerlo y nosotros la apoyamos porque no vamos a aceptar un solo caso de corrupción", dijo el alto oficial, quien estaba por fuera del país cuando ocurrieron los hechos.

Mientras los dos organismos tienen que dejar en manos de la Fiscalía la suerte de los cinco policías, Olga no volvió jamás a su casa, se vio obligada a enviar a sus pequeñas niñas a vivir lejos de ella y permanece escondida por el temor de que algo le pueda suceder. Quedan, por lo pronto, muchas preguntas sin resolver: ¿eran los 880.000 dólares de don Miguel? ¿Por qué el grupo de policías sabía que eran de él? ¿Estaban los cinco policías tratando de recuperar el dinero de un comerciante de Sanandresito o estaban recuperándole el dinero a don Miguel? Preguntas que necesitan respuestas urgentes. La Fiscalía tiene la palabra.