Martes, 17 de enero de 2017

| 2004/08/22 00:00

Traficantes de ilusiones

Mientras muchos colombianos esperan infructuosamente asilo en el exterior, en las entrañas del Congreso operaba una red que mediante falsas denuncias consiguió refugio para decenas de colombianos.

Parte de la red de traficantes estaba conformada por funcionarios de la oficina de derechos humanos del Senado.

En los primeros días de noviembre del año pasado los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía (CTI) se dieron cuenta de que algo sospechoso estaba ocurriendo. Hasta las oficinas de esa dependencia, varias decenas de personas se habían acercado para denunciar que estaban siendo víctimas de amenazas. Aunque esa situación no es inusual hubo algo que les causó curiosidad a los sabuesos del CTI.

Para sustentar sus argumentos, los denunciantes llegaban con supuestas cartas de la guerrilla o de los paramilitares en las que les advertían que iban a ser secuestrados o asesinados. Al analizar detenidamente las misivas, los investigadores empezaron a darse cuenta de que muchas de estas tenían demasiadas coincidencias. La redacción y el lenguaje utilizado parecía como si se tratara de un formato al cual simplemente le cambiaban los datos de la víctima y el nombre e insignias de la organización que supuestamente hacía la amenaza. Frente a las dudas optaron por llamar nuevamente a las personas que habían puesto las denuncias para que ampliaran sus relatos. Uno de ellos terminó confesando el macabro negocio que realmente se escondía tras las amenazas.

El hombre, un estudiante de una universidad de Bogotá, les contó a los investigadores que un conocido le había ofrecido contactarlo con una persona que a cambio de 12 millones de pesos le garantizaba que podía conseguirle una visa para irse a vivir a Canadá. El estudiante, que infructuosamente había tratado de sacar la visa para viajar a otro país, aceptó el ofrecimiento. Según le dijo a la Fiscalía, lo primero que hizo fue ir hasta la comisión de derechos humanos del Senado de la República y preguntar por uno de los funcionarios de esa oficina llamado Vladimir Ilich Acosta.

El servidor público le explicó al estudiante que la forma como ellos 'sacaban' la gente hacia Canadá era consiguiendo visas como refugiados o asilados políticos. Acosta le dijo también que si estaba de acuerdo con el fraudulento método tenían que seguir varios pasos. El primero de ellos consistió en que Acosta y otro funcionario de la oficina, Pedro Antonio Verbel, redactaron un informe según el cual el estudiante había acudido hasta la oficina del Senado para denunciar una amenaza.

Una vez los funcionarios tuvieron el documento, en el que narraban con lujo de detalles la supuesta amenaza, el estudiante fue a la Fiscalía para efectuar una denuncia formal por amenazas. Una vez consiguió la copia de la denuncia en la Fiscalía, Acosta y Verbel se encargaron de 'preparar' al estudiante para que pudiera engañar a los funcionarios de la embajada de Canadá en Bogotá, quienes le harían una entrevista para entregarle la visa de asilado o refugiado.

Cuando el estudiante terminó de confesar su delito, un fiscal de la unidad de derechos humanos comenzó una investigación que ya lleva ocho meses y en la que 11 personas más ya han reconocido haber intentado obtener la visa de refugiados por medio de ese fraudulento método. Los primeros resultados de esas pesquisas judiciales empezaron a verse hace dos semanas, cuando fueron arrestados los dos funcionarios de la oficina de derechos humanos del Senado. Están sindicados de los delitos de concusión, concierto para delinquir y tráfico de migrantes. La investigación de la Fiscalía también ha establecido que Acosta y Verbel eran parte de una red muy bien organizada, conformada por siete personas más.



De acuerdo con los datos recolectados por los investigadores, la banda de tramitadores de falsos asilos políticos venía operando desde hace tres años, y según los estimativos de la Fiscalía, tan sólo durante este año pudo haber conseguido engañar a las autoridades diplomáticas canadienses en Bogotá al conseguirles las visas como refugiados o asilados a por lo menos 50 personas.

¿Por qué Canadá?

En 2003, Canadá finalizó con 42.477 solicitudes de refugio, con una tasa de aceptación del 45 por ciento, mucho más alta que la de Estados Unidos, donde sólo el 10 por ciento de las solicitudes fueron aceptadas. La política de asistencia social que involucra ayuda económica para gastos de vivienda y alimentación, así como sistema gratuito de salud, permiso de trabajo y estudio, hacen que el sistema de refugio canadiense sea mucho más apetecido que el de otros países. Esta situación explica por qué, según un informe de la oficina de Ciudadanía e Inmigración de Canadá (Citizenship and Immigration Canada -CIC-), en los primeros seis meses de este año los colombianos pasaron a ser el grupo que más solicita refugio en ese país por encima de naciones africanas y asiáticas (ver recuadro).

Esa situación evidentemente es capitalizada por bandas de estafadores como la desmantelada por la Fiscalía. Lo grave son las repercusiones que ese tipo de actividad delictiva puede llegar a tener para aquellos que realmente necesitan asilo o refugio. "El hecho de que haya personal de la política colombiana prestándose para falsificar pruebas puede hacer que el Consejo de Refugio empiece a cuestionar qué clase de documentos son los que les están presentando, al grado que pasa de un mercado negro a algo que funciona a altas esferas", dijo a SEMANA Alejandro Segura, miembro del Consejo Canadiense para los Refugiados (Canadian Council for Refugees).

"Este tipo de actividades al margen de la ley hace que los gobiernos o las autoridades de inmigración en Canadá comiencen a tener cierto grado de desconfianza de las personas que solicitan refugio, dijo Catalina Cháux, cónsul de Colombia en Toronto, Canadá. El hecho de que haya redes para crear historias afecta a quienes padecen de verdad la violencia", concluye. (Ver recuadro).

La investigación continúa, pues las autoridades están estableciendo hasta dónde llegaban los tentáculos de la banda criminal. Entre tanto, el gobierno colombiano tiene el desafío de hacer un mejor control de quienes denuncian amenazas, para asegurarse de que los que finalmente consigan asilo en el exterior sean quienes lo necesitan.

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