Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2006/02/12 00:00

Trancones en la justicia

La falta de recursos y de previsión impidió que el sistema penal acusatorio funcionara en su primer año como se había anunciado.

Aunque una de las bondades del sistema oral es la rápida evacuación de los casos, la congestión de la justicia colombiana ha aumentado de un año a otro.

El año 2005 arrancó con cambios en la justicia colombiana. El primero de enero, Bogotá y el Eje Cafetero dieron el paso al nuevo Sistema Penal Acusatorio, y aunque es muy pronto para hacer un balance de un esquema que no terminará de ser implementado en todo el país sino dentro de tres años, ya hay casos que obligan a encender algunas luces de alerta. El propio vicefiscal, Jorge Armando Otálora, advirtió en una entrevista en El Tiempo que "de no corregirse, la justicia oral puede colapsar". Esa preocupación, manifestada también por el Fiscal General, Mario Iguarán, durante el debate que la Cámara de Representantes le hizo al nuevo sistema en octubre, tiene fundamento en los resultados hasta ahora vistos. Aunque una de las bondades del sistema oral es la rápida evacuación de los casos, la congestión en la justicia colombiana ha aumentado de un año a otro y actualmente hay más de 38.000 investigaciones represadas. Sólo el 48 por ciento de las querellas ha cumplido con la audiencia de conciliación -que es el primer paso- y el 52 por ciento restante está esperando turno. La situación, sin embargo, no se debe a un defecto del sistema sino a la carga de casos heredados del sistema anterior que no se tuvo en cuenta y no le ha permitido a jueces y fiscales hacer la transición definitiva para centrarse en la justicia oral. Esto se puede volver aun más crítico si se suprimen los 5.118 cargos de la Fiscalía General de la Nación, entre ellos 1.333 fiscales, como quedó contemplado para la implementación de este nuevo sistema de partes. Lo que ha demostrado este primer año es que de hacerse la reducción, el sistema podría entrar en coma por represamiento de procesos. Si se hace el recorte de la planta, para 2006 la carga laboral promedio para los fiscales locales se incrementaría en un 89 por ciento, y para los fiscales seccionales, en un 108 por ciento. Además, la Fiscalía dejaría de hacer presencia en un 20 por ciento de los municipios. En Antioquia, por ejemplo, donde actualmente la Fiscalía está en 70 municipios, estaría solamente en 46. Boyacá, que ya tiene escasez de fiscales -tiene en 29 de los 123 municipios-, pasaría a tener sólo en 20. Por esas razones está en trámite un proyecto de ley para suspender temporalmente la norma que obliga al Fiscal General a hacer la reducción de la planta. El número de investigaciones iniciadas por delitos de crimen organizado es significativamente inferior al de 2004. Bajo el nuevo sistema, la policía judicial -DAS, Dijín y CTI- es la encargada de recoger las pruebas y comparecer al juicio como testigo de lo que halló. Lo que ha quedado demostrado en este año es que los efectivos son insuficientes, y los existentes no tienen las herramientas necesarias para asumir sus nuevas y más complejas funciones que demanda el sistema. La Fiscalía ya ha dicho que no cuenta con los recursos necesarios para el ejercicio de su labor investigativa, que los insumos de criminalística no son suficientes para atender la demanda de casos que llegaron y que ni siquiera tiene el software para el análisis de variables criminales, necesario en la desarticulación de organizaciones delictivas. Pero los recursos para hacer esta tarea clave no son suficientes. La mayoría de casos recibidos en la Fiscalía se reducen a los de flagrancia y tienen que ver con robo callejero y lesiones personales menores. Y aunque es bueno que haya justicia para los casos menores que afectan a gran parte de la población, el sistema no ha sido probado para delitos mayores como corrupción, narcotráfico y lavado de activos. Un estudio de la Universidad de Los Andes señaló que se requeriríran asignaciones por 186.807 millones de pesos entre 2004 y 2006, para poner en pleno vigor el sistema. Hasta el momento se le han asignado 106.788 millones. Las consecuencias saltaron a la vista a lo largo del año. Pero, tal vez, la más grave de todas, es que la Fiscalía ya reconoce que no hay recursos para poner en práctica el programa de Protección a víctimas y testigos. Con esto el sistema de partes, en un país donde la retaliación es un arma más de intimidación, la seguridad de víctimas y testigos estará amenazada. Muchos preferirán callar, y con su silencio empedrarán el camino más corto a la impunidad. El sistema penal acusatorio promete rapidez, cumplimiento y mayores garantías para cada una de las partes que el anterior sistema inquisidor. Pero si no se atienden los puntos críticos que han salido a flote este año y que le han causado más de un trancón a la justicia, podría fracasar.

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