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| 5/22/2015 11:34:00 AM

Barranquilla, donde menos riesgo hay de que se roben el erario

En contraste, según Transparencia por Colombia, el mayor riesgo se presenta en Leticia, El Zulia, Sincelejo, Mitú, Inírida, Quibdó y Puerto Carreño.

Hasta hace unas décadas, Barranquilla era vista como una de las capitales del país donde reinaba la corrupción. Prueba de ello es que varios de sus alcaldes terminaron sus administraciones bajo numerosos cuestionamientos. Para la muestra, en los años 90, dos de sus mandatarios, el cura Bernardo Hoyos y su sucesor, Guillermo Hoenisberg, terminaron presos por corrupción.

A pesar de ese antecedente, y para sorpresa de muchos, Barranquilla es hoy la ciudad capital que presenta los resultados menos preocupantes en el más reciente índice de transparencia de las entidades públicas. Según esta evaluación, la capital de Atlántico obtuvo un riesgo moderado de corrupción, lo cual puede ser interpretado como que hoy es la ciudad colombiana que presenta menor riesgo de que se roben los recursos públicos.

Según Transparencia por Colombia, la evaluación de los municipios arrojó cifras que encienden las alarmas. El promedio general de 57,2 sobre 100 puntos obtenido por los municipios evaluados señala un alto riesgo de corrupción, es decir, un alto nivel de vulnerabilidad en el proceso de gestión. “Ninguna entidad territorial evaluada logró la calificación de Riesgo Bajo de corrupción y sólo el 7 % obtuvo la de Riesgo de corrupción Moderado”, señala el informe.

La administración de Elsa Noguera en Barranquilla obtuvo la calificación más sobresaliente de los municipios del país en esta evaluación: 77,5 puntos sobre 100, que significa que hay riesgo moderado de corrupción. Otras de las alcaldías que registraron este mismo indicador fueron los municipios de Mosquera (Cundinamarca) y Pereira (Risaralda).

En contraposición, según Transparencia por Colombia, los municipios donde hay riesgo “muy alto” de corrupción son Leticia (Amazonas), El Zulia (Norte de Santander), Sincelejo (Sucre), Mitú (Vaupés), Inírida (Guainía), Quibdó (Chocó), y Puerto Carreño (Vichada).

Tampoco son halagadores los indicadores arrojados por las gobernaciones, que lograron una calificación promedio de 59,1 sobre 100 puntos, que, según Transparencia, refleja que hay un alto riesgo de corrupción. “Ninguna de las gobernaciones alcanza el nivel de riesgo bajo de corrupción, Sólo cuatro se encuentran en riesgo moderado y seis se ubicaron en la categoría de riesgo muy alto de corrupción”, dice el informe.

La gobernación mejor calificada fue la de Sergio Fajardo en Antioquia, con 82,4 puntos sobre 100. Las otras que también obtuvieron riesgo moderado fueron Santander, Caldas y Meta.

Por su parte, las gobernaciones peor calificadas, y que presentaron riesgos muy altos de corrupción, fueron las de Chocó, Vaupés, Guainía, Caquetá, La Guajira y Putumayo.

Pero el panorama es más preocupante es el de las contralorías departamentales. Estas entidades, creadas para controlar el manejo eficiente y pulcro de los entes territoriales, tuvieron calificaciones inferiores a las gobernaciones que vigilan y controlan.

“El resultado obtenido por las contralorías señala que las prácticas relacionadas con el abuso de poder, el clientelismo y la desviación de recursos podrán desarrollarse sin mayores dificultades. Resulta alarmante que sólo dos órganos de control logran el nivel de riesgo moderado. En estas condiciones el fenómeno de la corrupción encuentra un escenario de oportunidad muy propicio”, se lee en las conclusiones del informe.

Los seis riesgos en las regiones

Para Transparencia por Colombia, son seis los principales riegos de corrupción en los entes territoriales. Una pobre o nula divulgación pública sobre la oferta de programas sociales, como Familias en Acción, que cada cuatro años se ha convertido como una especie de transacción electoral.

También se rajó la divulgación de la información presupuestaria en los sitios web de las alcaldías. Hay poca información sobre los dineros del sistema general de regalías y los recursos propios de las entidades.

Se detectaron pocos esfuerzos en las administraciones territoriales por contratar los funcionarios mejor calificados, por lo que no hay garantías de que los más idóneos sean los servidores estatales.

Las alcaldías se rajaron en meritocracia, y sólo una gobernación aplicó este principio para los cargos de libre nombramiento y remoción. En el 76 % de las entidades, más del 75 % de los servidores están vinculados mediante contrato de prestación de servicios, no son funcionarios de la planta oficial.

En materia de contratación, Transparencia por Colombia asegura que el Estado colombiano ha avanzado en leyes y normas para evitar la corrupción, pero no han sido suficientes para erradicar prácticas de corrupción. Por ejemplo, un caso alarmante es que en seis gobernaciones, el 75 % de la contratación fue directa: adjudicada a dedo.

Si en algo coincidieron la mayoría de propuestas de campaña y programas de gobierno de quienes fueron candidatos en el 2011 fue en la lucha férrea contra la corrupción. Pero a la hora de gobernar, señala Transparencia, la adopción de medidas y políticas anticorrupción fue muy pobre. “La calificación que obtienen estas iniciativas de las gobernaciones es de 53,3 sobre 100, y en los municipios de 51,4 sobre 100”.

Los resultados globales del Índice de Transparencia 2015 son preocupantes y encienden las alarmas acerca de la eficacia de la institucionalidad que dice prepararse para afrontar los inmensos retos de transparencia, integridad y anticorrupción que demandará el Estado una vez se llegue a la etapa del postconflicto.

Para Elisabeth Ungar, directora de Transparencia por Colombia, “el Estado está obligado a anticiparse a la acción de los corruptos. En Colombia tenemos claro que la corrupción afecta la calidad de vida de la gente y la legitimidad del Estado”.

Añadió que “los corruptos son hábiles y utilizan cualquier espacio libre que encuentren para buscar su propio beneficio, por eso es urgente blindar la gestión administrativa. El Índice de Transparencia, como ejercicio de control social, identifica esos espacios donde los débiles diseños institucionales le dejan espacio a la corrupción”.

Por eso, más allá de que Barranquilla hoy aparezca como la ciudad con riesgos moderados de corrupción, no significa que sea la ciudad donde se administren los recursos de la forma más transparente. Más bien, la lectura tras el preocupante informe de Transparencia por Colombia es que la capital de Atlántico podría ser el tuerto en un país de ciegos.
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