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| 3/10/2013 12:00:00 AM

Tras la guaca de los 'paras'

Solo ahora la Fiscalía puede buscar e incautar bienes de paras desmovilizados.

Hasta el año pasado, los fiscales que tenían a su cargo entrevistar a los paramilitares para indagar sobre sus bienes vivían una situación bastante exótica por cuenta de la ley vigente en ese momento. A pesar de que sabían de sus propiedades, tenían que conformarse con las que ellos quisieran ofrecer para reparar a las víctimas, pues así quedó consignado en la Ley de Justicia y Paz (975 de 2005), que fue la que permitió la masiva desmovilización de los combatientes.

De hecho, varios fiscales contaron cómo quedaron en una situación “indignante para la justicia”, según dijo a semana.com uno de ellos. La Fiscalía debía casi que rogarles para que entregaran alguna finca que ya tenían identificada, argumentando que era un bien útil para reparar a las víctimas. Muchos de los paramilitares, como si fuera un acto de grandeza, accedían. Otros, por ejemplo, argumentaban que no tenían más bienes y que los que la Fiscalía había identificado eran los que les estaban dejando a sus hijos.

Los paramilitares, por voluntad propia, ofrecieron alrededor de 300 bienes. Luego, en el interior de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, se creó la Subunidad de Tierras, que, a punta de persuasión y negociaciones, logró llevar esta cifra a 519 bienes que hoy están a cargo de la Unidad de Atención y Reparación de Víctimas. Sin duda, una cifra muy distante del botín que los miembros de estos grupos logró amasar durante sus años de control territorial y barbarie. De hecho, el dinero en efectivo entregado por los paras destinado a la reparación de las víctimas alcanza apenas 4.500 millones de pesos. Prácticamente una burla (vea aquí el informe de bienes recibidos por el Fondo para Reparación de Víctimas).

Pero esta situación puede cambiar radicalmente en beneficio de las víctimas, dejando en serias complicaciones a los paramilitares, que creían que ya se habían salido con la suya, pues se reformó la ley por una iniciativa de la exfiscal general Viviane Morales y que continuó el actual fiscal, Eduardo Montealegre.

En diciembre pasado, el Congreso le dio vida a la Ley 1592, que le permite a la Fiscalía incautar las propiedades de los paramilitares, trasladar para las víctimas las propiedades que estaban involucradas en otras investigaciones, como las relacionadas con narcotráfico, y además consigna que quien haya tenido los beneficios legales de la ley anterior puede perderlos en caso de que se le encuentre algún bien.

Esto ha generado revuelo. Por un lado, tiene a los abogados de los paramilitares contactando a sus clientes para recomendarles que aprovechen esta especie de ‘último llamado’ que les queda, pues, por ejemplo, 71 de ellos ya están a un año de cumplir la pena alternativa acordada y con las investigaciones sobre sus bienes se les puede enredar todo a último minuto.

De otro lado, tiene a la Fiscalía en una estrategia para la que comisionó un equipo de 60 personas entre fiscales e investigadores en Bogotá, Medellín y Barranquilla para actuar como una suerte de ‘bloque de búsqueda’ de los tesoros escondidos de los paras.

El organismo de control tiene mucho a su favor. Varios de los fiscales que tienen el liderazgo de esta tarea cuenta con práctica en esta clase de pesquisas, pues trabajaron por años en las unidades de lavado de activos y extinción de dominio. También en la Fiscalía están dispuestos a emplear a fondo la figura del principio de oportunidad en casos de testaferrato, que es muy atractiva para quienes les guardaron por estos años los bienes a los otrora poderosos jefes paras, pues de manera muy fácil resuelven sus cuentas con la justicia.

Y además, cuentan con la colaboración de una gran base de excombatientes que no solo están obligados a colaborar bajo la misma ley, sino que en muchos casos están dispuestos a declarar en contra de los que fueron sus comandantes, en busca de beneficios o por simple resentimiento.

La estrategia del ente de control le da prioridad a una veintena de comandantes, de los que se reserva sus nombres para no afectar los avances que ya están logrando. Con esta medida de choque se espera que los recursos para las víctimas tengan un segundo aire. Ahora sí la Fiscalía tiene con qué y el balón está en su terreno.
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