Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 1989/07/03 00:00

TRAS LAS REJAS

Michelsen pierde el primer round de sus batallas jurídicas y políticas, y termina en una celda de la Modelo.

TRAS LAS REJAS

Para muchos fue una sorpresa.
Ni siquiera los más pesimistas entre sus allegados o los más optimistas entre sus enemigos, esperaban que el ex presidente del Banco de Colombia, Jaime Michelsen Uribe, fuera a dar a la cárcel tan pronto. Pero sucedió: el martes 30, mientras el país era sacudido por el bombazo que pretendió acabar con la vida del jefe del DAS, el banquero se entregó a las autoridades, después de que una juez revocara el beneficio de excarcelación que le había sido concedido.

Desde su regreso al país dos semanas atrás, había quedado en claro que la batalla de Michelsen tenía que librarse simultáneamente en dos frentes: el jurídico y el político. Curiosamente, tenía más posibilidades de salir airoso en el primero que en el segundo. La forma como se podía interpretar la ley en los distintos puntos del caso--excarcelación, fondos de inversión, autopréstamos e inclusive la devolución de algunas de las empresas que pertenecieron al Grupo Grancolombiano-volvía viable, si no una victoria de Michelsen, al menos un resultado aceptable para él.

Sin embargo, en la batalla política las cosas no pudieron resultar peor.
En parte por culpa del propio Michelsen y en parte por circunstancias ajenas a su control. Las características cinematográficas de su regreso a Colombia despertaron inicialmente algunas simpatías. Pero el exceso de "Pantalla" hizo que en pocos días la situación, en lugar de ser percibida por la gente en términos de drama familiar, fuera asociada más bien con el mismo.

Parte de esta concepción obedecia la convicción de que existía un arreglo previo entre Michelsen y las autoridades, que según esa idea era lo que había decidido al banquero a volver al país. Para quienes tenían esta visión de las cosas, el principal indicio era la vinculación profesional que había existido en el pasado entre Michelsen y el actual Procurador General de la Nación, Alfonso Gómez Méndez. En realidad, en los últimos tiempos no había habido ningún contacto entre los dos personajes, ni Gómez Méndez había sido tan clave en las primeras épocas de la defensa de Michelsen, como se había pensado, ni tampoco eran amigos personales.

Pero para la opinión pública la coincidencia tenía demasiada mala presentación. Sobre todo porque Gómez Méndez se negó repetidamente a declararse inhabilitado frente al caso.
No tenía por qué hacerlo, pues los agentes de la Procuraduría en el caso eran los mismos que habían designado los antecesores de Gómez en su cargo--ninguno de los cuales puede tacharse precisamente de ser pro Michelsen--y jurídicamente esos funcionarios se consideran agentes del Estado y no del Procurador. Sin embargo, en un caso de estas dimensiones, estas cuestiones jurídicas resultan irrelevantes frente a lo político.
Por eso el abogado de los reclamantes en el caso de los fondos de inversión Luis Xavier Sorela, ni corto ni perezoso, se apuntó un hit al recusar al delegado del Procurador en el juicio.
Desde ese momento, la integridad del Procurador, que ya había sido cuestionada a partir del momento de su nombramiento y no en pocas ocasiones en términos arbitrarios, volvía a serlo en relación con el caso Michelsen.

Pero tal vez el mayor error de la estrategia de la defensa tuvo que ver con declaraciones del propio Michelsen, cuando planteó en público la cuestión del fideicomiso de las que fueron sus empresas, y la posibilidad de recuperar algunas de ellas. Como era previsible, esta postura desató una ola de indignación que se tradujo en dos cartas simultáneas: una dirigida al presidente Virgilio Barco por parte de los senadores Rodrigo Marin, William Jaramillo y Luis Fernando Botero, en la que los tres congresistas, que habían participado en el pasado en las investigaciones sobre la quiebra de los fondos de inversión, le pedían al primer mandatario que interviniera para evitar que Michelsen recuperara algunas de las empresas del Grupo; y una segunda, del propio Barco al Superintendente Bancario, Néstor Martínez, que el primer mandatario envió antes de conocer la de los senadores y en la cual, precisamente, intervenía para que las empresas en cuestión siguieran en fideicomiso. Políticamente, Barco no podía actuar de otra forma. Si Michelsen hubiera dejado sus reclamos económicos para más adelante, el asunto hubiera podido ser objeto de un debate jurídico, que ni siquiera alcanzó a iniciarse.

El resultado de todo lo anterior fue la revocatoria de la excarcelación y la conducción de Michelsen a la cárcel.
En términos procesales, esa revocatoria se podía justificar con base en normas de 1984, según las cuales no puede ser excarcelado quien tenga, como Michelsen, mas de un auto de detención vigente. Los abogados del banquero alegaron que esas normas eran posteriores en el tiempo a los hechos investigados y que aplicarlas era aplicar retroactivamente la ley.
Tal vez en otras circunstancias los jueces habrían tenido en cuenta los argumentos de la defensa. Pero con el ambiente anti-Michelsen que se habia generalizado, la interpretación jurídica que quedaba en manos de las autoridades solo podía ser la más desfavorable para el banquero. Tan es así que fueron los agentes de la Procuraduría, los mismos que Sorela había recusado, quienes obtuvieron las constancias de los tres juzgados sobre los autos de detención contra Michelsen, constancias que sirvieron de base para la revocatoria del beneficio de la excarcelación y para la entrada a la cárcel de quien hasta hace pocos años fuera el banquero más importante del país. -

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