Tratando de labrarse un futuro

La madrugada del 21 de diciembre de 1991 un grupo de hombres armados llegó a la casa de la familia Tapias Osuna en la vereda Nueva Lucía, corregimiento de Buenos Aires la Manta (Montería) y sacaron de su vivienda a Ángel Rafael Tapias Cruz de 55 años y a sus hijos Azael de 22 y Luis Miguel de 14. Los tendieron boca abajo en el patio y los mataron con tiro de gracia.
 
La esposa y madre presenció la masacre, pero logró salvar de los victimarios a Luis Alfredo de diez años. La historia la puede contar 20 años después su hijo Domingo Tapias Osuna, de 23 años, quien resultó escogido como uno de las 304 cabezas de familia beneficiarios del nuevo modelo de restitución de tierras del Gobierno Nacional.
 
Tapias recuerda que sus otros hermanos, eran 12 en total, se salvaron porque se habían casado y vivían en otras parcelas. Como pudo mantuvo la calma hasta que se cumplieron las nueve noches de duelo y al día siguiente se fue para Montería y después fue sacando a los demás miembros de la familia. Por la zona comenzaba a patrullar un grupo al que llamaban ‘la gente del Mono’, que se movía en la zona rural de los municipios de Tierralta y Montería.
 
Entretanto, Evaristo Espitia, un agricultor que vivía en Pajillal (Arboletes), abandonó la parcela en la que vivía hace 20 años porque le fueron matando a los vecinos. Dice que no aparece como desplazado, porque en esa época denunciar el hecho era tanto como comprar el cajón.
 
En esos días sus vecinos anochecían en sus casas y no amanecían y nadie sabía por qué. Ninguno de sus vecinos asesinados dijeron estar amenazados ni les veían trabajar en actividades distintas que la agricultura en sus parcelas o como jornaleros recolectores de cosechas o peones de ganadería. Recuerda entre las víctimas a María González, Alfonso Tordecilla y a la familia Gutiérrez.
 
Era un vereda de casas dispersas, donde él tenía cuatro hectáreas de plátano, dos vacas, dos caballos, dos burros, más los animales de patio. Como pudo malvendió todo lo que tenía y se llevó a su familia para Montería, ciudad en la que encontró trabajó cargando y descargando camiones y vendiendo plátanos en el mercado público.
 
Domingo y Evaristo se inscribieron hace siete años ante el Incoder solicitando el subsidio de tierra y les adjudicaron de manera provisional como beneficiarios de un predio en la hacienda ‘Las Catas’, ubicada en Ayapel, en la región del San Jorge (Córdoba).
 
La adjudicación se hizo de manera provisional, porque el bien incautado a los hermanos Moncada, narcotraficantes aliados de Pablo Escobar, no había sido declarado extinto por la justicia, lo que ocurrió solo a finales de 2011.
 
Historias sin fin
 
Ana Manuela Manchego Arrieta vivía a mediados de los años 90 en la vereda San Antonio, actual municipio de San José de Uré, en la región del San Jorge, cuando los grupos armados ilegales les dijeron que si querían tener vida que salieran. La mayoría sólo alcanzaron a irse con sus hijos y la mera ropa.
 
Se fueron al municipio de La Apartada, donde hizo la denuncia y donde ha vivido los últimos años. También fue beneficiaria de un título provisional y alcanzó a levantar un rancho, pero la incertidumbre por la provisionalidad del título no les permitía establecerse de manera definitiva.
 
Rodolfo Buendía Palmera, fue desplazado de la vereda Nuevo Nariño, corregimiento de Canalete en el municipio de Los Córdobas, vivía con sus padres cuando fue desplazado en el año 1999. Se fue para Montería. Al igual que Domingo, Evaristo, Ana Manuela y otras 300 cabeza de familia, solicitaron un subsidio de vivienda.
 
No todos son desplazados, 147 son campesinos raizales del municipio de Ayapel y los otros 147 son personas que están viviendo en desplazamiento, provenientes de distintos municipios del departamento.
 
Durante los años que han vivido en desplazamiento se han dedicado al comercio, al mototaxismo, al trabajo como jornaleros en fincas ganaderas. La mayoría de los beneficiarios iban con frecuencia a darle vuelta al predio, pero ahora ya llegaron para quedarse.
 
Hay otros que nunca han sido campesinos, ni han sido desplazados, pero dicen no tener nada, se inscribieron en busca de una subsidio y se los otorgaron en ‘Las Catas’.
 
Plantar una semilla
 
“Iniciamos un proceso que le va a cambiar la cara al país pero en especial al campo, porque la pobreza se ha concentrado en las zonas de conflicto. Con la entrega de la tierra a campesinos y desplazados por la violencia, el gobierno está poniendo la semilla de la paz”, anunció el jueves el presidente Juan Manuel Santos, al hacer entrega de los terrenos.
 
Ayapel es un municipio ubicado a orillas del río San Jorge y de la ciénaga de Ayapel, en la subregión de La Mojana cordobesa. El alcalde del municipio, Juan David Cardona, le agradeció al presidente haber empezado con este modelo en una región donde la población se ha desplazado por la violencia de los grupos armados y por las inundaciones.
 
Actualmente tienen familias viviendo en desplazamiento desde hace dos años no solo por la violencia sino también por las crecientes de los ríos Cauca y San Jorge, lo que ha terminado por afectar la ganadería y la agricultura.
 
‘Las Catas’ arrancó como un proyecto piloto, mediante el cual el gobierno espera lograr una enorme transformación en la forma de producción, pues en los cuatro años esperan entregar tres millones de hectáreas bajo la modalidad de alianzas productivas con empresarios.
 
El Gobierno -explicó director de Incoder, Juan Manuel Ospina- entrega la tierra para su explotación, pero el título es colectivo y proindiviso, aunque los campesinos tendrán también dos hectáreas donde construirán sus viviendas y cultivos la sostenibilidad alimentaria de la familia.
 
En la alianza con los empresarios estos aportarán tecnología, conocimiento y asegurarán que el producido tendrá una amplia comercialización. Los cultivos también son estratégicos, pues tanto el caucho como el cacao, son bienes agrícolas de amplia demanda en los mercados internacionales.
 
“Si Colombia logra aumentar su producción alimentaria en un mundo que demanda cada vez más producción de alimentos, podrá generar empleos en el campo y asegurar la sostenibilidad de los proyectos productivos”, puntualizó Ospina.