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| 12/19/2009 12:00:00 AM

Treinta años ¿mucho o poco?

David Murcia ha vivido menos años de los que tendrá que pagar en prisión. El juez le impuso una condena ejemplarizante.

Los colombianos se sorprendieron dos veces con el juicio a David Murcia Guzmán. En primer lugar, por la velocidad con la que se llegó a la condena. Hace apenas un año el país estaba en crisis por cuenta del derrumbe de la pirámide de DMG y hoy ya se conoce el veredicto. La respuesta en este caso es fácil: la agilidad no es nada extraño en el nuevo sistema penal acusatorio.

Pero la segunda sorpresa sí es más compleja. Tal vez nadie se imaginaba que a David Murcia Guzmán, de 29 años, la justicia colombiana le iba a aplicar una condena de 30 años y ocho meses de prisión. El miércoles, día en que se conoció la sentencia, muchos colombianos del común -y no necesariamente beneficiarios de DMG- decían que era una pena demasiado alta.

Y seguramente tampoco se lo esperaba la llamada "familia DMG" que, con visible ansiedad, escuchó desde las 8 de la mañana, cuando el juez José de los Reyes Rodríguez empezó la lectura de su veredicto, hasta las 4 de la tarde cuando concluyó las 267 páginas de la sentencia. En la sala de audiencias en Bogotá estaban el acusado, un poco más atrás su madre, tres de sus hermanos y varios seguidores.

Mientras leía las páginas finales el nerviosismo se hizo evidente en el auditorio. Aparecieron entonces camándulas circulando entre los familiares de Murcia y se iniciaron oraciones entre labios. A David le hicieron llegar una camándula tricolor, pero no surtió ningún efecto evidente, porque el juez en ese momento aseguró que Murcia "embriagado por la riqueza, se rebeló contra el poder del Estado colombiano", y decidió condenarlo por los delitos de lavado de activos agravado y captación masiva y habitual de dineros.

Si es muy alta la condena, depende desde qué punto de vista se mire. Si se compara, por ejemplo, con la pena que recibió Bernard Madoff -el hombre que hizo algo parecido a lo de David Murcia, pero en Nueva York y durante 20 años-, la condena al colombiano es poca. A Madoff le aplicaron 150 años, es decir, cinco veces más que a Murcia.

En principio se podría decir que es una condena ejemplarizante para este tipo de delitos en Colombia. Sin duda, el propósito de disuadir a otros de incurrir en este tipo de delitos se cumple a cabalidad.

El delito tampoco es de poca monta. Por culpa del negocio de Murcia, 214.000 personas perdieron 1,14 billones de pesos (de los cuatro billones que manejó), según datos validados por la jefe interventora de DMG, María Mercedes Perry. Y de eso, sólo quedan 51.000 millones de pesos para devolverles.

El juez federal que condenó a Madoff lo resumió de la siguiente manera: "Tenemos que mandar el mensaje más duro posible. Los símbolos son importantes en las sentencias. Este tipo de manipulación del sistema no es un simple delito sin derramamiento de sangre que se queda sobre el papel".

El juez de Murcia, por su parte, recordó en su sentencia que DMG fue fundada con 100 millones y a los nueve meses siguientes le hizo una inyección de capital de 2.600 millones. Y fue enfático en decir que Murcia se rebeló contra el Estado porque, aunque sabía que la actividad que adelantaba era ilegal, se asesoró de reconocidos abogados para conformar sociedades de papel destinadas "a captar masivamente", con lo cual buscaba "ocultar la fuente de su desmesurado capital".

Por supuesto, y volviendo a la pregunta, el hecho de que a muchos les parezca que la condena es muy alta tiene que ver con que asesinos profesionales recibirán sólo ocho años de prisión; congresistas como Miguel de la Espriella, que se aliaron con autodefensas, pagaron menos de dos años, y capos de la mafia como los Rodríguez Orejuela pagaron, en su momento, sólo siete años en prisión. Cada uno de esos casos tiene su explicación. Pero, sin duda, el Estado está en mora de dar mayor claridad en la dosificación de las penas.

Dicho esto, de lo que no cabe duda es de que el hecho de que exista cierta distorsión en la dosificación de penas en el país, o que la política criminal esté en déficit, no se puede convertir en excusa para promover castigos menores que alienten la impunidad.
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