Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 1997/07/28 00:00

A TRES BANDAS

La justicia militar exoneró al general Farouk Yanine pero un fallo emitido por la Fiscalía 24 horas después despertó dudas.

A TRES BANDAS

Sobre la exoneración del general Farouk Yanine Díaz la opinión pública es poco lo que sabe. Quienes conocen de derechos humanos no dudan en asegurar que el proceso en el que se vio involucrado este alto oficial del Ejército es una prueba de fuego para un tema que cada vez se pone más caliente en el ámbito internacional. Yanine, uno de los siete generales detenidos en toda la historia de Colombia, fue acusado de los delitos de secuestro extorsivo, homicidio múltiple y conformación de grupos de justicia privada. En términos jurídicos el fallo que exoneró a Yanine era lógico, pues en los testimonios que lo incriminaban se encontraron evidentes contradiciones. Los errores hallados por la defensa y que posteriormente fueron avalados por el comandante del Ejército, general Manuel José Bonett _quien actuó como juez del proceso_, hacían imposible que se produjera una condena en contra de Yanine Díaz. La vinculación del alto oficial a este proceso por parte de la Fiscalía se produjo en octubre del año pasado después de que varios fiscales sin rostro consideraron como válidos los testimonios de seis personas que acusaron a Yanine y a otros tres militares de haber participado en el asesinato de 19 comerciantes, en octubre de 1987, cuando transportaban mercancías en el municipio de Puerto Araújo, en pleno Magdalena Medio. En febrero de 1995 la fiscalía regional de Cúcuta llamó a indagatoria a Nelson Lesmes, Marcelino Panesso, Wilson de Jesús Pérez y Carlos Yepes Londoño para que respondieran por dicha masacre.
Las investigaciones dejaron en claro que los comerciantes fueron interceptados por un grupo de autodefensa que los acusó de ser auxiliadores de la guerrilla. Un testigo secreto, identificado como Pablo, fue la clave para hallar a los responsables de este múltiple crimen. El testigo de la Fiscalía relató en forma detallada cómo operaban los grupos de autodefensa en el Magdalena Medio y cuál era, según él, su relación con algunos miembros del Ejército de la zona. Este testigo vinculó por primera vez al general Yanine como "impulsor de todos los trabajos que se hacían en el Magdalena Medio por parte de los paramilitares cuando éste se desempeñaba como comandante de la II División del Ejército con sede en Bucaramanga en 1987".
En diciembre del 95 el proceso tuvo un giro radical cuando un hombre identificado como Alonso de Jesús Vaquero, alias 'Vladimir', quien había militado en las Farc y posteriormente en los grupos paramilitares del Magdalena Medio, decidió colaborar con la justicia. Con la intención de obtener beneficios de rebaja de penas, pues ya había sido condenado a pagar 30 años de cárcel por la masacre de funcionarios judiciales en La Rochela, 'Vladimir' manifestó a los fiscales sin rostro que él conocía en detalle lo que había ocurrido con el asesinato de los 19 comerciantes en Puerto Araújo.En su testimonio 'Vladimir' relató que el general Yanine Díaz asistió a varias reuniones con las autodefensas del Magdalena Medio. Según él, eso ocurrió entre julio y agosto de 1987. Así mismo contó que Yanine se comunicó con Henry Pérez, el jefe de las autodefensas de esa zona del país, para que coordinara la desaparición de los comerciantes. También mencionó a otros tres miembros del Ejército como partícipes de esos hechos. Otro testigo, identificado como Efrén Galeano López, dijo a la Fiscalía que él se había desempeñado como escolta del general Yanine cuando éste era comandante de la XIV Brigada del Ejército en Puerto Berrío. Según su testimonio él presenció cuando Yanine llamó a varios de sus escoltas y les dijo que tenían que hacer un trabajo: eliminar a los comerciantes y quitarles la plata. De acuerdo con su relato uno de los comerciantes quedó vivo y reconoció a uno de los escoltas del general.
Con base en los testimonios de Pablo, Vladimir, Galeano y otras tres personas, la Fiscalía ordenó la captura del general Yanine Díaz en septiembre del año pasado y lo acusó de los delitos de secuestro extorsivo, homicidio múltiple y conformación de grupos de justicia privada. Frente a estas circunstancias el general tuvo que regresar al país y ponerse a disposición de la justicia.Desde ese momento se inició un tire y afloje jurídico entre la Fiscalía y el general Yanine Díaz hasta que en noviembre del año pasado logró que su caso pasara a manos de la justicia penal militar. La semana anterior, siete meses después, el comandante del Ejército produjo un documento de 65 páginas en las que hizo un duro cuestionamiento a la investigación de la Fiscalía y desmontó uno por uno los cargos formulados por los testigos. Así quedó demostrado, por ejemplo, que entre 1986 y 1987 Yanine se encontraba en Bogotá ocupando el cargo de director de la Escuela Militar de Cadetes y no en Bucaramanga como comandante de la II División ni en Puerto Berrío como comandante de la XIV Brigada. Pero lo más revelador de la decisión de Bonett es que logró demostrar la clonación de testigos secretos. Pablo y 'Vladimir' eran la misma persona. Así mismo la defensa de Yanine comprobó que Efrén Galeano nunca fue escolta del general y que, contrario a su testimonio, en la masacre no hubo sobrevivientes. Para probar su inocencia el general presentó una lista de más de 1.500 personas que laboraron con él durante los dos años que permaneció en la Escuela Militar en Bogotá.
A pesar de que la exoneración de Yanine era lógica jurídicamente, no dejó totalmente satisfechos a los miembros de la Fiscalía ni a las organizaciones de derechos humanos. Un día después de su exoneración la Fiscalía condenó a tres lugartenientes de los grupos de autodefensa, supuestamente cercanos a Yanine, quienes pagarán 30 años de cárcel cada uno por los mismos hechos por los que fue exonerado Yanine. Con esto se pretendió enviar un mensaje de inconformidad con las conclusiones de la justicia militar, dejando en el aire la sensación de que de todas maneras la responsabilisdad recaía en 'el combo de Yanine'. En este caso, que duró 10 años, quedaron dos cosas en claro: que jurídicamente al general Yanine le fue bien. Pero al país le fue mal porque en lo que se refiere al tema de los derechos humanos las opiniones están muy polarizadas. Por esa razón las organizaciones de derechos humanos en el exterior aprovecharán para afirmar una vez más que el fallo absolutorio a favor de Yanine, pese a las pruebas que desmontaron las acusaciones en su contra, fue un caso más de impunidad de la justicia penal militar.

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