A TRES BANDAS

Cuando a finales del año pasado el Congreso aprobó la llamada 'Ley de orden público', o ley 'para la búsqueda de la convivencia y la eficacia de la justicia', fueron muchos los funcionarios y analistas que pensaron que por fin el gobierno colombiano contaba con un instrumento adecuado para sacar adelante un proceso de paz con los grupos subversivos. La ley _que quedó numerada como Ley 418 de 1997 y que se ha puesto de moda en los últimos días_ contiene un sinnúmero de disposiciones destinadas a facilitar el diálogo y la suscripción de acuerdos con grupos armados al margen de la ley _en particular la guerrilla_ y a buscar la reconciliación entre los colombianos.No es raro por eso que el estudio de la ley y de sus posibilidades fuera el punto de partida de las propuestas de paz que hicieron los candidatos presidenciales antes de las elecciones de mayo pasado. Comenzando por la respuesta positiva que _tanto Andrés Pastrana como Horacio Serpa_ le dieron a la propuesta de las Farc de despejar cinco municipios del sur del país para iniciar las conversaciones de paz.Sin embargo, a medida que se fueron conociendo las posiciones de la guerrilla _y que se hizo evidente, por sus demostraciones de fuerza, que grupos como las Farc no se someterían a un proceso tradicional de desmovilización y entrega de armas, sino que conversarían sólo a cambio de un reconocimiento de su poder territorial_, los estudiosos de la paz empezaron a ver las limitaciones de la ley. En palabras de uno de ellos, la Ley 418 está concebida más para "un proceso de reinserción con taxi" _que es como despectivamente califican algunos analistas los procesos parciales de paz celebrados en los últimos años con algunos grupos guerrilleros_ más que para un conflicto de la magnitud del que vive Colombia en la actualidad. La ley permite celebrar acuerdos con los grupos subversivos y define los mecanismos para lograrlos (incluido el indulto para delitos políticos y conexos). Contempla una larga lista de beneficios para las personas afectadas por la violencia, crea los instrumentos necesarios para garantizar los acuerdos y define sus fuentes de financiamiento. Pero se queda corta en otros aspectos (ver recuadro). Fue después de llegar a esa conclusión que los funcionarios del actual gobierno comprometidos en el tema _comenzando por el alto comisionado de Paz y el Ministro del Interior_ decidieron que era necesario ir más allá. No sólo para adecuar la legislación a las nuevas condiciones del conflicto, sino para evitar que los acuerdos logrados con la guerrilla pudieran caerse por inconstitucionales. Y para ello les cayó de perlas el referendo que la senadora Ingrid Betancourt le había propuesto al presidente Pastrana como condición para adherir a su campaña en la etapa electoral. El referendo es, sin duda, una de las formas más expeditas de lograr un cambio en la Constitución y eso es lo que necesita el gobierno en el tema de la paz: 'constitucionalizar' los instrumentos necesarios para sentarse a negociar.Curiosamente, la inclusión de los temas relacionados con la paz fue _o ha sido, por lo menos hasta ahora_ la salvación del referendo. Como lo han dicho muchos analistas en los últimos días, el de la reforma política _a pesar de su importancia para el futuro de la democracia en el país_ no es un tema que mueva a la opinión pública. Ya sea porque no lo entiende o porque no lo considera prioritario. Pero otra cosa muy distinta sucede con la paz, que se ha convertido en un anhelo nacional. Y es en esa perspectiva que se debe analizar una propuesta tan polémica como la del Ministro del Interior, de ampliar el indulto si es necesario hasta los delitos atroces. Con ella el gobierno logró que la discusión pasara de si el referendo era necesario o no a si las preguntas del mismo las haría el gobierno, o si debían pasar _como quedó claro la semana pasada_ por el filtro del Congreso. Una jugada a tres bandas que no define todavía el chico pero que hasta ahora le da varias carambolas de ventaja a la administración. La inclusión de los temas de paz fue la salvación del referendo Indulto
Lo que contempla la Ley
El artículo 50 permite el indulto para delitos políticos y conexos, en contra del artículo 201 de la Constitución, que sólo lo admite para los derechos políticos. De aplicarse podría caerse por inconstitucional (ya la Corte se pronunció una vez en ese sentido ante una demanda del general Harold Bedoya). Excluye terrorismo, secuestro, genocidios y homicidios fuera de combate o colocando a la víctima en estado de indefensión. Lo que quiere el gobiernoEl gobierno quiere mayor claridad constitucional en el tema y la posibilidad de contar con un indulto más amplio (que cobije, por ejemplo, el secuestro y los homicidios fuera de combate) como un instrumento para sus negociaciones de paz. Rechaza la posibilidad de un indulto previo, como lo quiere el ELN, pero cree que es necesario contar con esa carta desde el comienzo de las conversaciones.
circunscripción de paz
Lo que contempla la LeyAutoriza al gobierno a nombrar, por una sola vez, a un número plural de miembros de los grupos guerrilleros en las Cámaras legislativas y demás corporaciones de elección popular. La Constitución es clara, sin embargo, en el número de miembros que puede tener cada corporación. La Ley dice, además, que cada corporación podrá conceptuar sobre la elección y su opinión obliga al gobierno. Lo que quiere el gobiernoLa participación de los grupos desmovilizados durante el proceso de paz en las corporaciones de elección popular es muy importante para aclimatar la paz. Por eso el gobierno cree que es necesario despejar cualquier duda al respecto, y para eso propondrá que se reviva al artículo transitorio 12 de la Constitución de 1991, que permitía crear circunscripciones especiales de paz y nombrar directamente un número plural de congresistas. Zonas de violenciaLo que contempla la LeyLa Ley contempla varios mecanismos de atención a las víctimas del conflicto armado en materia de salud, educación, vivienda y créditos de trabajo. Permite el anticipo de regalías para algunas regiones y establece una contribución especial para un Fondo de Seguridad y Convivencia. Pero no tiene instrumentos claros para la reinserción de los grupos desmovilizados en las zonas donde desarrollan su actividad.
Lo que quiere el gobierno
A diferencia de los procesos de paz realizados en años anteriores, el gobierno sabe que en este caso la inversión pública en zonas de violencia es fundamental para un acuerdo de paz. Por eso propondrá revivir el artículo transitorio 13 de la Constitución de 1991, que permite no solamente mejorar las condiciones económicas de esas zonas sino intervenir directamente en su organización territorial y política.
paramilitares
Lo que contempla la Ley El artículo 11 de la Ley dice que los representantes del gobierno podrán celebrar acuerdos con los grupos de autodefensa con el fin de lograr su sometimiento a la ley y su reincorporación a la vida civil. Pero en ninguna parte contempla la posibilidad de que los actos realizados por esos grupospuedan considerarse delitos políticos, lo que los excluye de cualquier posibilidad de indulto. Lo que quiere el gobiernoEl gobierno ha dicho que cualquier negociación de paz con los grupos de autodefensa será independiente y posterior a los acuerdos de paz celebrados con la guerrilla. Pero ha dicho también que se necesitan instrumentos para garantizar la desmovilización de esos grupos y su reincorporación a la sociedadl. Uno de esos instrumentos podría ser un indulto más amplio del que contempla la Ley