Home

Nación

Artículo

Para el Túnel de Oriente hay que perforar una montaña en el corregimiento de Santa Elena y hay dudas ambientales, pues puede afectar fuentes de agua.

COMPETITIVIDAD

Tres megaenredos

Las tres obras más grandes de infraestructura vial y energética están en Antioquia y se están embolatando. Están en juego 18 billones de pesos. ¿Qué está pasando?

11 de febrero de 2012

En las últimas semanas, varios pronunciamientos de autoridades nacionales han generado ruido en tres importantes proyectos en Antioquia y han provocado malestar en la región. Se trata de las obras viales Autopistas de la Montaña y Túnel de Oriente, que suman 16 billones de pesos -casi el 40 por ciento de lo que vale el paquete de megaobras de infraestructura que planea el gobierno para todo el país-, y de la Central Hidroeléctrica Porce IV, que construye EPM y que vale cerca de 2 billones de pesos.

La Procuraduría, el Ministerio de Medio Ambiente y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) han planteado objeciones para cada obra que, si bien no significan que se vayan a abortar los proyectos, generan traumatismos y demoras.

La comunidad antioqueña ha manifestado sus molestias por lo que algunos han llegado a considerar obstáculos del centralismo que impiden que la región actúe con autonomía. Pero nada más equivocado que pensar que detrás se esconde alguna especie de conspiración contra los antioqueños, y nada más miope que creer que se trata de obras que solo benefician a esa región. Los proyectos tienen importancia a nivel nacional.

En el caso de Autopistas de la Montaña, que conectará a la costa Atlántica con el Pacífico pasando por Antioquia, la Procuraduría -según documento que reveló el diario El Tiempo- lanzó una advertencia por presuntas irregularidades en el contrato interadministrativo que firmó el gobierno con la empresa Interconexión Eléctrica (ISA) para el diseño y la construcción de esta obra que vale 15,6 billones de pesos.

Las observaciones del Ministerio Público se refieren al hecho de haber firmado el convenio sin un concurso previo y sin estudios que acreditaran la experiencia de ISA en concesiones viales. Aunque de este documento no se deriva ninguna sanción ni efecto, quedaron interrogantes jurídicos que aún están por resolverse. El procurador Alejandro Ordóñez aclaró que el documento apenas está en análisis y que no contiene ninguna decisión respecto a la suspensión del convenio con ISA.

Lo cierto es que no hay duda de que se trata de una obra fundamental para los planes de competitividad de todo el país, máxime ahora con el TLC con Estados Unidos. En total son 900 kilómetros con 131 túneles y 606 puentes. La obra se puede proyectar para que la costa Caribe quede unida con el Eje Cafetero y el Pacífico y para que Urabá tenga una vía ágil hacia los Santanderes y casi hasta Venezuela.

Más allá de la polémica sobre la viabilidad del convenio que se firmó con ISA, un punto que suscita grandes inquietudes es el de la financiación. En un comienzo se había definido que la nación aportaría un billón de pesos; Antioquia, 600.000 millones, y Medellín, 400.000 millones, para un total de 2 billones de pesos. Pero, ¿y el resto? El ministro de Transporte, Germán Cardona, dice que se podrían comprometer vigencias futuras, independientemente de que lo haga ISA, u optar por un proceso de licitación de concesiones con firmas nacionales o extranjeras. Insistió en que hay un gran interés para sacarlo a licitación lo más pronto posible o hacerlo directamente, si se puede.

Este episodio con Autopistas de la Montaña ocurrió dos semanas después de que el ministro de Ambiente, Frank Pearl, ordenó suspender las obras del Túnel de Oriente. Pearl encontró que faltaba claridad en el impacto ambiental de este proyecto, que cuesta 820.000 millones de pesos. Este túnel se ha planeado desde hace 50 años, pero aún no se logran resolver las inquietudes técnicas, ambientales y económicas que plantea perforar una montaña en el corregimiento de Santa Elena para unir al Valle de Aburrá con el oriente antioqueño.

La obra ha sido muy debatida entre los mismos antioqueños. Hay quienes piensan, como el gobernador Sergio Fajardo, que es importante pero no prioritaria. Otros creen que es necesaria si se tiene en cuenta que el espacio en el Valle de Aburrá se agotó. Mientras tanto, en el oriente está el valle de San Nicolás, que tiene 60.000 hectáreas, donde se puede asentar gente. Adicionalmente, en el oriente queda el único aeropuerto internacional de Antioquia, el José María Córdova. Para llegar allí desde Medellín el Túnel de Oriente acorta el trayecto a 18 minutos.

Por ahora, todo está en suspenso. Pearl encontró que, del proyecto inicial aprobado en 2002 por la corporación regional Cornare, queda muy poco. La obra cambió sustancialmente en 2010. Según el ministro, están en riesgo fuentes de agua que abastecen a Medellín, Guarne, Rionegro y Envigado. Por eso, prefirió suspender las obras, mientras aclara el verdadero impacto que producirá el tan soñado Túnel de Oriente.

Pero el ruido no solo está en las vías. También en la construcción de la central hidroeléctrica Porce IV que construye EPM y que vale 1.085 millones de dólares.

El pasado 19 de enero la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) ordenó a EPM pagar 23.000 millones de pesos por lo que considera incumplimiento de la promesa de generación de energía en Porce IV.

EPM se defiende. Afirma que el compromiso que asumió fue el de transmitir, desde el 1 de diciembre de 2015, para el interconectado de energía nacional 962

gigavatios-hora anuales hasta el 30 de noviembre de 2035. Si no cumplía con esta proyección, se comprometía a pagar ese dinero.

Pero además, sus argumentos se fortalecen con las dificultades que se han encontrado. Aunque desde un principio se sabía que había guerrilla y paramilitares en la región, los funcionarios lograron entrar y negociaron los predios con la gente. Sin embargo, la vía de acceso al lugar ha sido minada en varias ocasiones y se volvió imposible acceder la zona. Pero hay otro tropiezo. En 2006 EPM hizo un censo de habitantes y encontró que allí trabajaban 2.799 personas en minería. Cuatro años más tarde, en 2010, habían aparecido 14.500 personas que buscaban una indemnización de la compañía. EPM considera que era imposible negociar con todo el mundo. Ante todo esto, la empresa decidió suspender el proyecto el 7 de diciembre de 2010. El caso está en los tribunales.

Lo importante, ahora, es retirar los atascos en el camino. Y que no se despierten los fantasmas de otros proyectos que dilataron las soluciones a sus problemas. Porque los años pasan y, si las obras no despegan, el tren del desarrollo va a dejar al país.