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| 12/18/2014 7:45:00 PM

Amenazan de muerte a tres víctimas que viajaron a La Habana

La denuncia se conoció tras la visita de la última comisión de víctimas que se reunió en Cuba con las FARC.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Universidad Nacional (UN) presentaron el balance de las cinco visitas de igual número de comisiones de víctimas del conflicto que viajaron a La Habana como parte del proceso de paz que adelanta el gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC.

En total, fueron 60 personas que representaron al universo de víctimas que han sufrido violación a sus derechos fundamentales por parte de la guerrilla de las FARC, agentes del Estado y grupos paramilitares, con ocasión del conflicto armado. 36 mujeres y 24 hombres, entre los 19 y los 78 años de edad, provenientes de 25 departamentos del país, además de diez víctimas representativas del nivel nacional participaron en las delegaciones que viajaron a La Habana.

Los departamentos con mayor representación territorial en el grupo de las 60 víctimas, además de las diez de Bogotá, fueron: Valle del Cauca con cinco personas y Cauca con cuatro. Antioquia, Cundinamarca, Huila, Nariño, Santander y Caquetá con tres. Bolívar, Chocó, Magdalena, Meta, Norte de Santander y Tolima, con dos personas respectivamente.

Por su parte, Arauca, Casanare, Cesar, Córdoba, Guajira, Guaviare, Putumayo, Vaupés, Atlántico, Sucre y Boyacá fueron representadas por una víctima respectivamente. Adicionalmente, tres personas que viven en el exterior, producto de un exilio, también hicieron parte de las delegaciones.

En relación con los hechos victimizantes, las violaciones al derecho a la vida, como ejecuciones extrajudiciales, incluidos los mal llamados falsos positivos, y las masacres representaron el número más alto de hechos presentes en La Habana, seguidas del desplazamiento forzado. También se hicieron presentes en La Habana victimas de desaparición forzada y toma de rehenes. Como también víctimas de violencia sexual, accidentes por minas antipersonales, reclutamiento de menores.

En relación a los presuntos responsables que fueron presentados por las 60 víctimas en La Habana, se escucharon testimonios que atribuían la responsabilidad a alguna de las partes de la Mesa de Negociación, así como a grupos paramilitares, bandas criminales, el ELN, y en un número muy significativo de casos a múltiples actores del conflicto.

Las ONU y la UN, que fueron delegadas por la Mesa para conformar las víctimas, destacaron la presencia de estas 60 personas en La Habana al señalar como un hecho inédito en cualquier proceso de paz en el mundo, que demostró que las víctimas están en el centro de la negociación. Asimismo justificaron el mecanismo de selección de víctimas que se hizo bajo los principios de “equilibrio, pluralismo y sindéresis”.

Aparte de este balance, las organizaciones no dejaron de pronunciarse ante dos hechos que calificaron de lamentables y que se registraron a lo largo de los cuatro meses que duró el proceso de participación directa de las víctimas en La Habana.

En primer lugar cuestionan la “intolerancia” de algunos ciudadanos, columnistas y líderes políticos, que en redes sociales y en medios de comunicación, “ofendieron la dignidad de las víctimas” con calificativos y acusaciones ofensivas.

Quizás el hecho que tuvo mayor relevancia fue el de la congresista María Fernanda Cabal contra Ángela Buitrago, hermana de uno de los diputados del Valle asesinados por las FARC.

Ante estos episodios, “lo que nos convoca a hacer un llamado a la responsabilidad y el respeto para aquellas personas que no deben ser, bajo ninguna circunstancia, revictimizadas por su participación y aportes en el proceso de paz”.

Y el segundo hecho censurado por las Naciones Unidas son las graves amenazas de muerte contra por lo menos tres de las víctimas que participaron en las audiencias, y contra dos miembros de las instituciones encargadas de la selección de las delegaciones, quienes aparecieron en listas que circularon a través de correo electrónico.

“Confiamos en la celeridad de las investigaciones penales que adelantan las autoridades competentes, de manera que se identifiquen y sanciones a los responsables, como la más eficaz medida de disuasión y no repetición de estos hechos criminales”, señalaron las dos instituciones en un documento presentado este jueves en la Conferencia Episcopal.
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