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| 2/10/2017 10:38:00 AM

Embargan cuentas a Odebrecht por contrato Ruta del Sol tramo 2

Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordena que el Gobierno tome posesión de las obras. Contrato queda suspendido provisionalmente.

Tres semanas después de que la Procuraduría General solicitó medidas cautelares en la acción popular contra el contrato de Ruta del Sol tramo 2, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca procedió a tomar drásticas medidas que complican la situación de este proyecto víal y del consorcio al que se le adjudicó. 

El Tribunal acaba de ordenar el embargo de las cuentas bancarias y dividendos de Gabriel García Morales, exviceministro de Transporte; y de los exrepresentantes de Odebrecht en Colombia Luiz Antonio Bueno Junior, Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo Da Rocha Soares. Los embargos serán hasta por 191.000 millones de pesos y el Procurador General queda facultado para identificar las cuentas de estas personas naturales. 

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La gran alerta está concentrada en el estancamiento de las obras, por lo que el Tribunal ordenó la suspensión provisional de los efectos del contrato y que en consecuencia el Gobierno Nacional tome el control del proyecto. 

En este sentido, los magistrados consideraron que el Presidente de la República deberá designar la autoridad que habrá de administrar el proyecto Ruta del Sol, con el fin de que se garantice de manera temporal la continuidad de las obras.

La Agencia Nacional de Infraestructura venía estudiando una alternativa sobre la Ruta del Sol tramo dos, encaminada a declarar la caducidad del contrato y abrir una nueva licitación para que un nuevo inversionista termine el proyecto. Sin embargo, este proceso podría prolongarse hasta por dos años, por lo que para evitar una parálisis de las obras, el Instituto Nacional de Vías tomaría el control de las obras durante este periodo. 

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Para ello, se estudia presentar una adición presupuestal con el fin de girarle plata al Invías para este tema. Sin embargo, la suerte del proyecto sigue siendo muy incierta y hay mucha preocupación si se tiene en cuenta que es la carretera más importante del país. De los más de 1.000 kilómetros que conectan a Bogotá y la Costa Atlántica, 528 kilómetros es el tramo afectado por el escándalo. 

Esta semana se agravó la situación del Gobierno frente a las salidas jurídicas planteadas para evitar la parálisis de las obras. Esto en razón a que los abogados que conformaban el tribunal de arbitramento que debía tomar una decisión definitiva sobre la nulidad del contrato, renunciaron intempestivamente. El Gobierno anunció demandas contra los tres árbitros. 

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