Tutela de Daniel Samper llega a los estrados

Con memoriales y oficios de Daniel Samper Ospina, Álvaro Uribe Vélez, el abogado Jaime Lombana y de la Fundación para la Libertad de Prensa, comenzó en los estados el trámite de una acción de tutela iniciada por el columnista de SEMANA, que busca que el senador del Centro Democrático "se retracte de sus difamaciones".

El enfrentamiento público se originó en la cuenta de Twitter del senador Uribe, donde llamó a Samper "violador de niños". "El senador Uribe inició una inmensa campaña de difamación de mi nombre que, en mi humilde opinión, es innecesaria (...) Como me parece necesario que esta vez no falle el senador, cosa a la que nos tiene acostumbrados desde hace años, sino la justicia, quise dejar el asunto en manos de los jueces, salirme de obsesiones y rebajar la furia de los últimos días con otro tema", indicó Samper en su publicación dominical.

Será en el despacho del magistrado Luis Fernando Ramírez Contreras, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, donde se llevará a cabo el trámite de este recurso en el que Samper pide que el expresidente se retracte de manera inmediata y que no se limite a repetir lo que él mismo (Samper) ha respondido frente a las sindicaciones.

"Constituye un señalamiento calumnioso que lesiona mis derechos constitucionales a la honra, buen nombre y al derecho a la rectificación, por lo cual protesté públicamente, actitud que fue respaldada ampliamente por muchas personas en las redes sociales y concretamente por colegas periodistas”, dijo Samper Ospina en el documento de tutela.

A través de un comunicado, la Flip había declarado que el trino del senador "es una violación a la libertad de prensa, una estigmatización carente de cualquier prueba y una afirmación irresponsable que activa desde su rol como congresista un riesgo para el periodista.  Álvaro Uribe falta a sus obligaciones como senador con respecto a la garantía del derecho a la libertad de prensa y estas acusaciones van en contra de sus deberes como servidor público".

Líneas más adelante decía: "La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha manifestado que para garantizar la libertad de prensa se “requiere que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores de medios de comunicación a un mayor riesgo de actos de violencia”.