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| 11/2/2012 12:00:00 AM

Tribunal de Casanare definirá legalidad del paro judicial

Ante la situación, el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, tuvo que radicar tambien el documento en Procuraduría Delegada para Asuntos Judiciales de Cartagena.

El director territorial del Ministerio de Trabajo en Yopal, Casanare, entregó al tribunal de ese departamento una petición para que se declare la ilegalidad del paro de los empleados judiciales que inició el 11 de octubre. Así lo informó una fuente del propio Ministerio. 

La demanda se radicó allí ante la negativa de que los otros tribunales superiores del país y busca la declaración de ilegalidad de la huelga en el sector judicial.

El titular de la cartera laboral, Rafael Pardo, dijo que su despacho, como autoridad competente para el efecto, ha intentado desde el jueves por la mañana radicar el documento en los tribunales de Bogotá, Bucaramanga, Cartagena y Barranquilla. En estas ciudades no tuvo éxito.

El Gobierno la radicó ante la Procuraduría Delegada para Asuntos Judiciales en Cartagena, y le remitió copia a la Procuraduría General de la Nación en Bogotá la declaratoria de ilegalidad de la huelga.

El ministro del Trabajo explicó que la petición de ilegalidad de la huelga judicial tiene entre sus fundamentos una sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ratificada en octubre de 2009.

En ella, el alto tribunal estableció que "el derecho de huelga no es absoluto, como lo ha reconocido la Corte Constitucional", dado que la Carta Magna "no lo garantiza en los servicios esenciales".

Unos 45.000 empleados y funcionarios de la Rama Judicial en el país entraron el pasado 11 de octubre en un paro indefinido para exigir al Gobierno que les reconozca una nivelación salarial que está ordenada por ley desde hace veinte años.

El cese de actividades fue convocado por la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal Judicial), que no ha logrado llegar a un acuerdo con la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa.

La deuda acumulada suma más de un billón de pesos de pesos que el Ejecutivo se ha propuesto cubrir en cinco años, según la más reciente oferta de Correa a los huelguistas.

Con EFE
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