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| 4/11/2015 10:00:00 PM

¿Por qué el miedo a la supercorte?

La creación de la Comisión de Aforados detonó las grandes peleas sobre la reforma de equilibrio de poderes. SEMANA le explica por qué.

Desde el debate sobre la reelección presidencial, ninguna otra propuesta para modificar un “articulito” en la Constitución había generado tal agarrón como la de los aforados. Aunque en los 29 artículos de ese acto legislativo hay una verdadera reforma a la política y a la justicia, la idea de crear una nueva corte que juzgue a los magistrados y al fiscal ha encendido las más grandes pasiones. Esta semana, por ejemplo, las senadoras Viviane Morales y Claudia López denunciaron dos micos, a juicio de ellas enormes: la inviolabilidad de los magistrados y el fuero presidencial para Germán Vargas. El proyecto va en el quinto debate (de ocho) y en esta nueva ronda apenas se han discutido tres (de más de 15) incisos de este artículo. ¿Por qué levanta tanta ampolla? Estas son algunas razones:

¿Aforados o privilegiados?

La pelea por la Comisión de Aforados es clave porque determina que los altos funcionarios de la Justicia tengan impunidad o no. En este momento son juzgados por la Comisión de Acusaciones que se ha ganado el mote de ‘Comisión de Absoluciones’ pues en 25 años no ha logrado sacar adelante un caso. El único fue el de Ernesto Samper, durante el proceso 8.000, quien finalmente fue absuelto por la Cámara de Representantes. El hecho de que ningún magistrado haya sido sancionado por los grandes escándalos de la Justicia, y sobre todo el caso de Jorge Pretelt, generó una indignación nacional que ha producido acuerdos importantes para quitarles ese privilegio.

El fuero no es malo

Más allá de las polémicas, lo cierto es que los magistrados y el fiscal sí necesitan tener fuero pues como explica el ministro de Justicia, Yesid Reyes, este es “un elemento esencial de la separación de poderes, necesario para evitar que las investigaciones penales se usen para presionar a funcionarios autónomos”. No solo los magistrados tienen esta garantía, sino los altos funcionarios como el presidente, congresistas, gobernadores o ministros. Lo que se busca es que quienes desempeñan estos cargos no puedan ser amedrentados utilizando el sistema judicial. También tienen fuero los diplomáticos, los cónsules, los indígenas y los militares.

Esto es lo que cambia

Si pasa la reforma de equilibrio de poderes se eliminaría la Comisión de Acusaciones. Los funcionarios investigados por esta se dividen en dos. Por un lado, el presidente y el vicepresidente mantienen el modelo en que la Cámara investiga y acusa al funcionario ante el Senado. Los demás tendrían otro esquema ante la Comisión de Aforados que investiga y acusa, pero puede decidir si envía el caso al Congreso para que se determine si el funcionario es indigno del cargo o directamente a la Corte Suprema para que adelante un proceso penal. En la práctica esto es un cambio abismal pues los altos funcionarios dejarían de tener solamente un juicio político (que es el que en décadas no ha condenado a nadie) a uno jurídico (que ha llevado a decenas de congresistas, gobernadores y ministros a la cárcel).

La segunda toma del Palacio

A las cortes y al fiscal la Comisión de Aforados no les gusta mucho. Tanto que cuando se propuso hace unos meses, Eduardo Montealegre acusó al Congreso de conjurar una “revancha” contra las altas cortes y comparó esa reforma con una “segunda toma del Palacio de Justicia”. A gran parte de la cúpula de esta rama del poder no le suena la idea de que unos magistrados estén por encima de otros con el poder de juzgarlos pues consideran que podrían ser perseguidos por sus fallos. Quitar el antejuicio político era la pelea más pesada de esta discusión y solo por cuenta del escándalo de la Corte Constitucional hay un acuerdo, al parecer firme, al respecto.

¿Son inviolables?

Para muchos lo que se desató esta semana por la denuncia de la senadora Viviane Morales fue una tormenta en un vaso de agua. La exfiscal dijo que había un orangután en la reforma pues incluía que los magistrados “son inviolables” por el contenido de sus sentencias. Esto quiere decir que no podrían ser denunciados por sus decisiones, sino solamente cuando hay indicios de corrupción. La propuesta del gobierno tenía lógica pues sin esta salvedad, un magistrado que aprobara el matrimonio gay podría ser denunciado pues en las normas se dice que es la unión entre un hombre y una mujer. Además, se crearía una supercorte con el poder de revisar todas las sentencias de las otras. Al final, el tema quedó superado cuando se quitó la palabra inviolables, pero quedó consagrado que a los magistrados “no podrá exigírseles en ningún tiempo responsabilidad por los votos y opiniones emitidos en las providencias judiciales”.

El ingrediente Vargas

El segundo orangután denunciado esta semana tiene que ver con Germán Vargas Lleras. La senadora Claudia López aseguró que el ministro Juan Fernando Cristo había incluido, en un acto de mala fe, una proposición nueva sin consultarles a los ponentes, en la que le daba fuero presidencial al vicepresidente. Finalmente, a pesar de la denuncia de la senadora, la proposición fue aprobada. Pero Vargas ganó el verdadero pulso en otro tema. Los senadores Armando Benedetti y Alexander López pidieron que se aprobara una inhabilidad de cuatro años para impedir que el vicepresidente pudiera lanzarse a la próxima contienda electoral. Paradójicamente, gracias a la ayuda de Álvaro Uribe, quien dijo que no se podía cambiar la Constitución a nombre propio, ganó la propuesta del gobierno que solo le da una inhabilidad de un año.

Los que se quedaron por fuera

La ponencia actual deja por fuera a muchos altos funcionarios que estaban pidiendo pista. Solo incluyó a los magistrados y al fiscal y excluyó, por ejemplo, al procurador, contralor, defensor del Pueblo, registrador y magistrados del Consejo Nacional Electoral. Esto tiene una explicación. La Comisión de Aforados tiene que referirse a las personas que tengan la posibilidad de investigarse mutuamente, para que no se dé lo que en la Justicia llaman “yo te absuelvo y tú no me juzgas” y como esos cargos no tienen esas funciones carece de sentido darles fuero.

Los supermagistrados

Hay un enorme debate por quiénes deberían ser los magistrados de la supercorte. Se propone que este proceso de selección se haga por un concurso de méritos realizado por la “dirección de la magistratura” (uno de los órganos que reemplazaría a la Judicatura). Roy Barreras y el Centro Democrático no creen en esta fórmula pues consideran que permitiría a los magistrados nombrar a sus propios jueces. De ahí ha salido la propuesta de que las mejores facultades de derecho postulen los candidatos pues serían más independientes. Esto puede ser un arma de doble filo que le daría a las universidades un poder electoral muy grande y no se sabe cómo funcionaría. En 1990 con ese mismo argumento se le dieron las funciones electorales a las altas cortes, lo que salió mal.

¿Quiénes serán los primeros?

Otra polémica se ha generado por un parágrafo transitorio que le permite al gobierno nombrar la primera promoción de magistrados y le da un poder de veto al Congreso, similar al sistema de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos. Esto se hizo con la idea de que la corte pueda entrar en funcionamiento pronto. El Centro Democrático no está de acuerdo con que esto sea así y el gobierno ha dicho que tampoco está interesado en mantener esta idea.

Calladitos

A pesar de que al comienzo de la discusión las altas cortes se declararon en pie de lucha contra la Comisión de Aforados, luego del escándalo de la Corte Constitucional no han dicho ni mu. Se sabe que el presidente de la Corte Suprema, Leonidas Bustos, ha sostenido que sería partidario de fortalecer la Comisión de Acusaciones, pero no de acabarla. La misma posición tiene el presidente de la Judicatura, Wilson Ruiz. La expresidenta del Consejo de Estado María Claudia Rojas también rechazó la Comisión de Aforados, pero el nuevo presidente, Luis Rafael Vergara, aún no se ha pronunciado. La Corte Constitucional no puede referirse al tema pues tiene que revisar la reforma una vez sea aprobada.
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