Así direccionaban procesos en el Tribunal de Bogotá

Durante varios meses un grupo de investigadores de la Dijiín se dieron a la tarea de establecer, con base en una denuncia, quiénes serían los responsables de un auténtico ‘carrusel’ de reparto de procesos en el Tribunal de Bogotá. Allí, según los datos, se pagaban altas sumas de dinero a funcionarios que lograban poner un proceso en el despacho de un magistrado determinado.

Los investigadores dieron pronto con Javier Alfredo Ortiz García, ingeniero de la Oficina de Apoyo de los Tribunales de Bogotá, y Wilson Fernando Rivera, oficial mayor del Tribunal Superior de Bogotá (en la época de los hechos), como los responsables de estas irregularidades.

En ese recorrido de anomalías, estas personas habrían direccionado uno de los procesos más importantes del denominado ‘carrusel’ de la contratación en Bogotá: el del polémico contratista Julio Gómez. Se trató de una apelación que sus abogados interpusieron en el tribunal ante una sentencia de cinco años por las irregularidades cometidas con el fisco de la capital. La idea era direccionar el expediente y lograr una sustancial rebaja.

Ahora, los dos funcionarios deberán responder por el delito de prevaricato por acción. Esta mañana fueron trasladados al búnker de la Fiscalía, mientras se adelantan las audiencias de legalización de captura y medida de aseguramiento.

Se trata de un penoso episodio para la justicia que por estos días atraviesa una de sus peores crisis por cuenta de un paro de servidores de esta rama y que ya cumple 60 días.