Tribunal de Cundinamarca invadido por tutelas

Con mucho trabajo se encontraron los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca a su regreso de la vacancia judicial. La razón: a la corporación han llegado 36 acciones de tutela de diferentes ciudadanos que buscan dejar sin piso la decisión de la Procuraduría con la que se destituyó e inhabilitó a Gustavo Petro por 15 años.
 
Aunque la Procuraduría solicitó que las tutelas que están en manos de 24 magistrados sean unificadas para evitar un mayor desgaste procesal, fuentes del Tribunal aseguraron que esto no sería posible porque las acciones fueron interpuestas en diferentes fechas, por lo que el trámite de cada una es distinto.
 
Ante la situación, el próximo lunes se reunirán los 30 magistrados que conforman la sala plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para determinar el camino que tomarán.
 
Hacen parte de las acciones judiciales instauradas la de José Gotardo Pérez, un ciudadano que se declaró agente oficioso del alcalde Petro y que aseguró que con la sanción de la Procuraduría se había vulnerado los derechos fundamentales al voto y –en el caso del mandatario local- de elegir y ser elegido. Gotardo fue quien logró que se frenara la acción del Ministerio Público contra Petro por 10 días, mientras se conoce cuál será la el resultado de su petición.
 
Otra de las tutelas fue la que interpuso Julio César Ortiz, el abogado del alcalde de Bogotá, el pasado 12 de diciembre. En esta se alega que se le vulneraron a Petro los derechos fundamentales al debido proceso, al ejercicio de los derechos políticos y a la honra y buen nombre con la determinación tomada desde el Ministerio Público.

En el caso de estas dos tutelas la Procuraduría solicitó que sean unificadas y que la primera pase de manos del magistrado José María Armenta a Samuel Ramírez, esto sería tras la polémica desatada luego de su decisión por ser su esposa una funcionaria del Acueducto de Bogotá.   

A favor del mandatario capitalino, luego del fallo de la Procuraduría, en medio de lo que se denominó la ‘tutelatón’, fueron interpuestas al menos 1.500 acciones tutela con las que se busca dejar sin piso la decisión de la Procuraduría y que nacieron de la iniciativa del abogado Carlos García. Todos alegaron que fundamental a elegir y ser elegido.