TRIBUNAL DE HONOR.

El concepto de Tribunal de Honor no es nuevo. Lo introdujo en Colombia Alfonso López Michelsen para dirimir un conflicto con el periódico El Espectador. El patriarca de entonces, don Gabriel Cano, editorializó después de la caída de Rojas Pinilla que mientras Eduardo Santos y Carlos Lleras habían puesto el pecho en la lucha contra la dictadura, López estaba ausente en "la hora de las grandes definiciones". Para defenderse, López propuso un Tribunal de Honor que fue rechazado por el director del diario en forma vehemente: "Los tribunales son completamente inanes para fallar sobre cuestiones políticas, intelectuales o morales".
De ahí en adelante, por esas paradojas de la vida, el Tribunal de Honor se convirtió en el recurso al que apeló una persona que se sentía perseguida por Daniel Samper. Se trataba del entonces ministro de Obras, Humberto Salcedo Collante, en enero de 1978. El periodista le hizo serias acusaciones sobre contratos del Ministerio y el funcionario lo retó a dirimir el caso a través de un Tribunal de Honor. El resultado sería la renuncia del ministro o la renuncia de Samper al periodismo. Samper, después de un largo y tortuoso proceso de negociación, finalmente aceptó. Se seleccionaron dos personajes del más alto nivel: Hernando Agudelo Villa y Andrés Holguín.Cuando la cosa se puso de alquilar balcón, los tribunos declinaron el honor. Aunque las excusas oficiales eran ostensiblemente por razones de principios, la verdad en la práctica era que nadie quería echarse encima un muerto ni del gobierno ni del periódico más importante del país.
Ahora, 20 años después, es precisamente el hermano de Daniel, quien vuelve a revivir el tema en calidad de perseguido por El Tiempo. Como era de esperarse, el Tribunal no cuajó. SEMANA decidió conformar su propio tribunal con tres figuras respetadas por la opinión pública: el ex candidato presidencial Juan Camilo Restrepo y los periodistas Juan Gossaín y Alberto Casas. Cada uno expuso sus argumentos sobre el enfrentamiento y contestó, punto por punto, los factores de la controversia planteados por el Presidente. Al final, cada uno, calificó sobre 100 qué grado de razón les asiste a los enfrentados.
MAGISTRADO JUAN GOSSAIN

Más que en el texto mismo de las informaciones, me parece que el problema entre El Tiempo y el presidente Samper se originó en algunos títulos y subtítulos de este episodio, realmente equívocos, y que llevan una evidente carga de opiniones personales, por lo cual debieron aparecer en la sección editorial, que es la de opiniones, y no en las páginas de noticias. Este revoltillo pernicioso de noticias con opiniones y titulares es cada vez más frecuente y preocupante en la prensa colombiana.
Pongo dos ejemplos del caso que nos atañe: 'Samper ordenó manejo de plata', dice El Tiempo en la primera página del domingo 22 de febrero. Pero en la página 3A del mismo día publica unos documentos facsimilares que parecen demostrar, por el contrario, que el doctor Samper delegó el manejo de esos dineros en el tesorero del Partido Liberal. Son dos hechos tan distintos (ordenar el manejo del dinero y delegar ese manejo a terceros), que el titular de primera página puede inducir a grave error de apreciación a los lectores.
El otro caso aparece en un destacado subtítulo, también de la primera página el martes 17 de febrero: 'El apoderado del partido lo desmiente' (al Presidente). Mientras el magistrado Rey Cantor no haya decidido que el Presidente mintió, me parece que el periódico debió usar una expresión menos categórica y comprometedora, como, por ejemplo, 'El apoderado del partido niega afirmaciones del Presidente'. En cambio, como simple lector, considero mucho más certero, ecuánime y apropiado el titular del periódico, ese mismo día, en la página 3A: 'Samper en contradicción con su partido'.En resumidas cuentas, creo que en este episodio el periódico cometió algunas ligerezas, pero las atribuyo más a una falta de rigor profesional que a la mala fe de que habla el Presidente.
Me pareció excelente el 'memorial periodístico' escrito por los redactores de El Tiempo, el jueves 26 de febrero, para responder a las acusaciones presidenciales. Y creo, por último, que el presidente Samper no tiene derecho a afirmar, como lo hizo en su carta, que el periódico "magnificó" la información en referencia, porque pienso que el tema ameritaba el despliegue que le dieron en El Tiempo, y porque, en todo caso, no es el Presidente de la República quien decide el tamaño de las noticias.

Alberto Casas Santamaría

La irritación que le causa a los jefes de Estado la crítica de la prensa oficial, lo que en otra época se llamó 'la gran prensa' es asunto de casi todos los gobiernos o mejor de todos los presidentes. Prácticamente no hay ninguno que en algún momento de su mandato no se le haya 'volado la piedra' con algún periodista o con algún medio o, en general con todos, como pudo haber pasado en el proceso 8.000.Sin embargo, en el caso que nos ocupa, el enfrentamiento del presidente Samper con el periódico El Tiempo, ofrece unas características diferentes. Veamos por qué: en primer lugar, la petición del Presidente no se dirige a que se establezca la verdad en relación con el tema de la demanda contra su campaña presidencial con miras a la devolución al fisco de 1.795 millones de pesos, sino a que, y cito textualmente "...se analice el contenido de las informaciones y dictamine sobre su equilibrio y su conformidad con las pautas éticas que fija el propio manual de redacción de El Tiempo.
"En segundo término, no se acusa de calumnia, sino de haber cometido 'atropellos éticos': politización de la noticia, descontextualización de la información, ocultamiento de datos fundamentales, cercenamiento de declaraciones sustanciales y tergiversación de hechos". A mi juicio, el Presidente se ha debido limitar a pedir que se ratificaran los hechos que no correspondieran a la verdad y señalar cuáles eran estos para que el periódico evaluara la posibilidad de atender o no la petición. A su vez, la redacción judicial ha dado respuesta a cada una de las observaciones formuladas por el Presidente y lo que corresponde ahora es conocer la opinión que sobre las mismas tenga el doctor Samper.
No obstante, hay un aspecto que me parece controvertible y es el que se deriva del titular de primera página correspondiente al domingo 22 de febrero de 1998 en el que se afirma: "Samper ordenó manejo de plata"; en la página 3A se desarrolla la información respectiva y allí se explica cómo el entonces candidato delegó al secretario general del partido para otorgar los avales que exigían las instituciones financieras. El diario interpreta esta delegación como una prueba de la participación del candidato en el manejo de la plata y en mi sentir dicha interpretación es controvertible. No necesariamente la delegación implica responsabilidad si la ley taxativamente no lo establece. Dicho de otra manera la prueba que invoca el periódico para demostrar la culpabilidad de Samper, es la misma que usa el Presidente para demostrar su inocencia. Diferencias de esta naturaleza son las que justificarían la creación de un Tribunal de Honor.
"Juan Camilo Restrepo
La reciente polémica del presidente Samper con El Tiempo revive la vieja táctica presidencial: eludir siempre sus propias responsabilidades. Así sucedió con el proceso 8.000. Esquivó hábilmente la responsabilidad política, para terminar judicializando el asunto ante una complaciente Comisión de Acusación de una no menos benévola Cámara de Representantes. Ahora la táctica es la misma: el Presidente dice que delegó lo relativo a la restitución de dineros estatales, para soslayar su responsabilidad en ese delicado asunto.
El Tiempo no ha confundido en ningún momento el proceso 8.000 con la violación de topes. Es claro que son asuntos diferentes. Pero es evidente, también, que los cargos, falso testimonio y fraude procesal, que presentó ante la Comisión de Acusaciones un miembro de la Comisión Ciudadana de Fiscalización del proceso 8.000, sí pueden ameritar, precisamente porque son hechos nuevos, la apertura de un nuevo proceso penal contra el Presidente. Advertir esto no constituye una información politizada.Con el argumento de que el Consejo de Estado tumbó los topes, el Presidente afirma que todo lo nuevo que se diga sobre este caso descontextualiza la noticia. Esto tampoco es exacto. Precisamente lo que tendrá que definir el Tribunal de Cundinamarca es si, estando vigentes los topes cuando los violaron y cuando se solicitaron los reembolsos, procede la devolución a pesar de que posteriormente el Consejo de Estado los anuló. La descontextualización se hubiera configurado si El Tiempo no hubiera informado sobre este hecho.
El Tiempo ha precisado que en ningún momento habló de versiones enfrentadas entre el Presidente y el abogado del Partido Liberal. Mientras el primero habla de que fue el partido el que "manejó los dineros provenientes de la reposición", el segundo asegura que el Partido Liberal "no recibió esta plata". En otras palabras: Samper puso a su partido a hacer el papeleo de la reposición, pero los dineros entraron fue a su campaña. El cargo de cercenamiento y tergiversación es el más frágil. Dice, en síntesis, que como él delegó en el doctor Pedro Gómez el manejo de los avales bancarios y de los trámites de la reposición, no es responsable de nada. Esto es inexacto. Hay un principio general de derecho, según el cual quien delega e imparte instrucciones no se exime de responsabilidad. Y mucho menos en estas materias sobre las que las leyes dicen explícitamente que el responsable es siempre el candidato, no importa si delega o no los trámites.
En resumen, en esta controversia, el Presidente no tiene la razón.