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| 6/2/2017 2:34:00 PM

El fallo que condena a empresa privada por ataque de las Farc

En una nueva línea sobre la responsabilidad por ataques de insurgentes, el tribunal administrativo de La Guajira impuso una millonaria condena a la empresa Promigas. Gremios aseguran que decisiones como esta ponen en jaque la inversión.

Una de las posturas adoptadas en altos tribunales en Colombia que varios sectores del país no logran digerir, es la relacionada con la responsabilidad del Estado frente a ataques realizados por paramilitares y guerrilleros a la población civil. En una nueva edición de esta línea jurídica, ahora por cuenta del Tribunal Administrativo de La Guajira, se abrió lo que podría significar un boquete en términos de responsabilidad extendido a la empresa privada. 

En la madrugada del 21 de octubre del año 2001, en el sector el Patrón, ubicado a un kilómetro de la Vía Riohacha-Maicao, se registró una explosión de grandes proporciones que dejó a siete personas muertas, una decena de heridas, daños en las propiedades aledañas y la conflagración de dos emisoras: Radio Almirante y Ondas de Riohacha. Los autores del ataque fueron las Farc, según lo acreditó la Dijín, los funcionarios de Promigas y algunos ingenieros.

Por este caso, Promigas fue condenada a pagar alrededor de $3.700 millones a las víctimas, en un fallo que despertó controversia entre los empresarios y gremios del país. Para ellos, esta decisión incrementa el ambiente de inseguridad jurídica y podría tener serios efectos sobre la inversión privada, no solo en el sector de servicios públicos sino sobre otros sectores como el petrolero, minero o el de infraestructura.

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, calificó la decisión como "absurda". "Promigas que ha cumplido cabalmente con sus deberes legales, no le pueden aplicar, sin más, la figura de la imputación de responsabilidad por riesgo excepcional o especial, figura de desarrollo jurisprudencial no exenta de polémica, que es predicable únicamente frente al Estado, porque ella tiene como sustento los deberes de equidad y solidaridad con las víctimas que son propios de dicho Estado", dijo. 

El presidente de Naturgas, Orlando Cabrales, también indicó que este fallo genera "una gran incertidumbre jurídica para los inversionistas que adelantan proyectos de infraestructura en el país". 

La decisión fue tomada por el Tribunal Administrativo de La Guajira, al resolver una acción de grupo instaurada por Luis Carlos Martínez en representación de la comunidad. Reclamaban la responsabilidad del Ministerio de Minas y de la Sociedad Promigas S.A. por los daños ocasionados cuando el tubo que transporta gas y su válvula reguladora explotaron.

Los demandantes incluyeron a la empresa Promigas, por ser la que tiene la concesión del manejo del gasoducto Ballenas-Barranquilla, en Manaure, a través del cual se comercializa y transporta gas natural para toda la costa. Según la firma, la inspección judicial realizada a las instalaciones en Barranquilla, evidenció el cuidadoso manejo que tenían de la estructura transportadora de gas. También explicaron que a los tubos que estallaron se les realiza mantenimiento permanente y funcionaban en óptimas condiciones.

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De hecho, en su intervención ante la justicia, los representantes de la firma indicaron que de haber existido alguna falla por fuga en la operación del gasoducto, el nivel de ruido que la alerta genera habría advertido a la comunidad.

Sin embargo, lo que el tribunal sentenció fue su responsabilidad por el atentado de las Farc. Como Promigas –dice el fallo- sacaba provecho económico a expensas del peligro que representa la comercialización y transporte de gas, es la que debe asumir la responsabilidad, sin perjuicio de que el Ministerio de Minas y Energía contribuya de manera solidaria.

Para los magistrados, Promigas tenía a su cargo la ejecución de un servicio público y la manipulación de un recurso natural que por excelencia está en manos del Estado. En consecuencia, la operación también contaba con el beneplácito del Estado a través de la relación contractual con la empresa privada.

“No puede deducirse que la cesión del servicio de una entidad estatal a una privada, la inhiba de su carácter público, pues el mismo le es inherente aun cuando se preste por un particular”, dice el Tribunal.

Además indica que tratándose de la actividad de transporte y comercialización de un servicio público, lo hacía un claro objetivo de la insurgencia que de esta forma apuntaba a atacar al Gobierno. Por cuenta del contrato de concesión, la empresa privada asumió el ejercicio de la actividad y sus riesgos.

No es la primera vez que los altos tribunales se pronuncian en el marco de ataques de grupos armados ilegales, atribuyendo responsabilidades, por ejemplo, al Estado. El tribunal administrativo cita el fallo del Consejo de Estado donde se condenó a Ecopetrol por un atentado contra el poliducto, y lo hizo no por ser una entidad pública sino por el ejercicio mismo de una actividad peligrosa.

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Al respecto, los accionantes señalan que la empresa no tomó medidas de seguridad establecidas en el contrato de concesión tales como vigilancia privada permanente, convenios con la Fuerza Pública para protección del área de riesgo, mecanismos de alarma, elementos de seguridad en la válvula reguladora externa, etc. “Por el contrario, la vigilancia fue ocasional y no se adoptaron medidas de protección en la válvula, lo que tornó vulnerable el sistema de gas, poniendo en riesgo la vida, integridad y propiedad de los habitantes del sector”, dicen.

En respuesta, el tribunal considera que la empresa podía suponer que las instalaciones del gasoducto podrían ser objeto de ofensivas por los grupos al margen de la ley, no solo porque parte del ducto ya había sido objeto de ataques, sino porque era factible para esa época se buscara alterar el orden público con este tipo de ataques guerrilleros. Inclusive, el vigilante de la válvula que testificó en el proceso, manifestó que fue alertado de la posibilidad de un atentado.

“Esto debió haber llevado a que Promigas adoptara medidas eficaces y conducentes para evitar estos hechos, esto podría ser implementar protección y vigilancia en este punto del ducto”, indica el fallo.

Cercanía a la comunidad

Otro de los cargos de los demandantes está relacionado con que el gasoducto se construyó sobre baldíos cercanos a Riohacha, y cuando la ciudad creció el ducto quedó cercano a zonas suburbanas y urbanas de la ciudad. Esto –alegan- puso en riesgo la vida, integridad y seguridad de los habitantes y la empresa propietaria no se preocupó por relocalizar la tubería.

El tribunal les da la razón. Asegura que los asentamientos de la comunidad no surgieron de manera intempestiva, por el contrario llevaban mucho tiempo. El fallo Cuestiona que Promigas no ejerció una acción para contrarrestar, ya sea con la comunidad directamente o con las autoridades, el fenómeno social que derivó en los asentamientos alrededor del gasoducto. Y que no hubo acciones que llevaran a alertar de la peligrosidad que existía por hallarse cerca del ducto.

En síntesis para el tribunal administrativo no porque haya sido un ataque protagonizado por insurgentes, se puede eximir a la empresa de responsabilidad en razón a que no se trató de un hecho imprevisible. Esta línea jurídica, sin duda, marca un precedente que ya pasó por primera y segunda instancia. Solo le queda una revisión eventual en el Consejo de Estado, es decir una figura que no es obligatoria, lo que tiene a los empresarios con los pelos de punta.

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Para los gremios el fallo pasó a la lista de decisiones judiciales que tienen un impacto de profundas repercusiones económicas, como la suspensión de importantes obras de infraestructura por falta de consulta previa o la revocatoria de permisos y licencias ya otorgadas. Para ellos, lo que más sufre por cuenta de estas decisiones es la inversión. 

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