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| 10/6/2017 2:22:00 PM

Urge un alto al fuego en Tumaco

Llegó la hora de hacer una pausa, una reflexión sobre la erradicación manual, un alto al fuego en uno de los municipios más inundados de coca en el país y donde la erradicación forzosa se está convirtiendo en el polvorín para otros conflictos.

Por: *Daniel M. Rico

Las imágenes sobre la masacre de Tumaco parecen tomas de archivo, crónicas del pasado que traen a la memoria esa guerra que se ha venido menguando en la mayor parte del país. Frente al dolor de la sangre derramada de estos colombianos humildes y en medio de la confusión que todavía prevalece en el Alto Mira, es el momento de hacer una pausa, una reflexión profunda sobre la erradicación manual, un alto al fuego en Tumaco y en otras regiones que por cuenta de la erradicación forzosa están convertidas en un polvorín.

La situación de Tumaco tiene tanto de extensa como de compleja, se agrava cuando las Farc a mediados de los noventa iniciaron el desplazamiento de las comunidades afros y el asesinato de sus líderes, para poblar con colonos cocaleros los corredores de movilidad de la coca y las armas. Una vez tenían el control territorial de esta zona les cayó como anillo al dedo la declaración de la franja de exclusión fronteriza de la aspersión aérea, con esta salvaguarda, la coca se enquistó sin pausa en la región del Alto Mira.

Es paradójico que desde el año 2012 al 2016 los cultivos de coca se incrementaran de menos de 6.000 a más de 23.000 hectáreas, pero al mismo tiempo los homicidios cayeran a la mitad, mucha más coca pero muchos menos muertos. No se puede negar que varias cosas han estado mal con la estrategia antinarcóticos pero también es cierto que otras tantas han mejorado en la seguridad del puerto nariñense. El desafío central tras la firma del acuerdo del Teatro Colón era precisamente corregir lo que estaba saliendo mal y fortalecer lo que se estaba haciendo bien, pero el caso de Tumaco ahora nos muestra que ocurre lo contrario: se debilita lo que estaba bien y se agudiza lo que venía mal.

Ocurre lo contrario por la obsesión de cumplir una meta de 50.000 hectáreas erradicadas manualmente, meta que a todas luces es inútil y luctuosa. Inútil porque siempre la resiembra que hacen los cientos de miles de campesinos que cultivan coca vence la capacidad de arrancar matas del medio centenar de grupos de erradicación manual forzosa, de las 36.000 que ya han sido erradicadas no debe haber duda que al menos cuatro de cada cinco estarán resembradas a final de año. Ya deberíamos tenerlo claro que erradicación sin desarrollo es solo podar el problema.

Luctuosa porque las muertes de la semana pasada nos muestran una vez más que no hemos aprendido la lección de una política errada y costosa, que desde cuando la intensificó Álvaro Uribe (a cargo de Luis Alfonso Hoyos) ha dejado más de 240 víctimas mortales y cerca de mil heridos y amputados. Son aterradoras las similitudes de la estrategia que hoy se sigue en Tumaco con el fracasado intento de la operación Colombia Verde para erradicar manualmente las 5.000 hectáreas de coca que había en La Macarena en 2006. Ambas catástrofes humanitarias fueron advertidas.

Ocurre y seguirá ocurriendo lo contrario a lo previsto en los acuerdos de paz, mientras se le siga ordenando a la Fuerza Pública cumplir unas metas de erradicación que los alejan de su deber constitucional principal y en cambio los enfrentan a las comunidades, que con razón o sin ella se aferran a la coca como sustento. Cada soldado, cada infante y cada policía ocupado (y expuesto) en la erradicación, es un hombre menos que no está combatiendo la verdadera industria de la cocaína, los cristalizaderos, los insumos, las lanchas rápidas y los grandes capitales de las redes criminales que son las que perpetúan el cultivo. Si el 90 por ciento de la Policía Antinarcóticos estuviera dedicado a combatir la mafia y los eslabones superiores de la cadena y no a erradicar matas como hoy ocurre, nuestra realidad rural sería diferente.

Las Farc contuvieron durante años la erradicación manual con francotiradores y campos minados, los paramilitares la enfrentaron con más corrupción que plomo, ahora las disidencias de las Farc, el ELN y los otros grupos de narcos la contienen sacando la población para bloquear las operaciones. Bloqueos que han crecido en intensidad con secuestros, hostigamientos, robo de armamento y ahora con enfrentamientos que aumentan en la medida que los campesinos reciben presiones más fuertes contra su vida para salir a frenar la erradicación y nuestros uniformados ordenes más perentorias para proceder. Insistir en cumplir la meta de erradicación en zonas tan complejas como Tumaco, Guaviare o el Catatumbo es solo intensificar el espiral de violencia.

Por esto llama la atención el primer y cuarto punto del comunicado del vicedefensor del Pueblo sobre sus pesquisas iniciales tras la masacre de Tumaco, al decir que “Los campesinos y campesinas coincidieron en afirmar que acudieron a la movilización de manera voluntaria, llevados por el inconformismo”, y que estos “señalaron que en el momento de los hechos no hubo intervención de grupos armados ilegales (disidencias de las Farc)”. Versión institucional que evade la abundante evidencia sobre la presión armada que recibieron los pobladores para bloquear a los grupos de erradicación en los días previos a la tragedia. ¿La Defensoría no cree (o al menos no considera equilibrado mencionar) en las versiones más amplias de los hechos que han dado el gobernador de Nariño, el líder afro del Alto Mira o las versiones periodísticas basadas en fuentes locales de varios medios de comunicación, y que contradicen lo expuesto en el comunicado?    

Por lo pronto la atención nacional se enfocará en las investigaciones que determinen la responsabilidad táctica de la fuerza pública frente a lo ocurrido en Tumaco el jueves 5 de octubre a las 2 de la tarde. El mayor error sería no revisar la estrategia que condujo a este suceso, no cuestionarse sobre la coherencia en la misión que se le otorga a las Fuerzas Militares y de Policía, no examinar con sentido crítico los recursos con los que cuentan y las metas exigidas, no reconsiderar el perfil de los policías que se asignan a esta labor de erradicación (por lo general los más jóvenes y menos entrenados), no cuestionar la soledad institucional con la que operan las fuerzas en estos territorios, porque hasta ahora los programas de sustitución de cultivos son un remedo. Pero sobre todo sería un error histórico insistir en sacrificar más vidas en nuestros campos a cambio de erradicar unas matas que más temprano que tarde serán resembradas y el narcotráfico seguirá intacto.

Necesitamos con urgencia un alto al fuego, una pausa en la carrera contra la coca y una revisión más realista y menos política, más humanista y menos impulsiva de las metas antinarcóticos. Para de una vez por todas como lo ha dicho el Presidente Santos bajarnos de la bicicleta estática de la guerra contra las drogas.

* Economista, Investigador Fundación Ideas para la Paz

SEMANA: ¿Cuál es su lectura de lo que ocurrió en Tumaco?

Daniel Rico: Se enfrentan a unos grupos criminales y en la mitad de ese proceso se encuentra la sociedad civil. Ellos son los que están en la mitad de un fuego cruzado. No comprendemos las condiciones tácticas y los detalles de lo que ocurrió. Nos deja una lección muy importante sobre nuestra política pública en Tumaco. Sin embargo lo que sucede en este municipio nariñense va mucho más allá de erradicar unas cuantas hectáreas. Hemos entendido equivocadamente cuál es el problema y no hemos podido llegar a una solución acertada para reintegrar esos territorios a la democracia y al desarrollo.

SEMANA: ¿Esta situación obliga a replantear la política del garrote y la zanahoria?

D. R.: Este es un momento importante para replantear la meta de las 50.000 hectáreas erradicadas manualmente. Como lo he dicho antes la erradicación manual es la peor de todas las posibles alternativas que tiene un estado para controlar ese problema. Incluso es mejor no hacer nada. Erradicar 50.000 hectáreas que van a ser resembradas no tiene ningún impacto en la cadena de valor del narcotráfico y lo único que genera son episodios de violencia como los que vivimos en Tumaco. Estos episodios los hemos visto muchas veces en la historia de Colombia. Llevamos más de 240 muertos en proceso de erradicación manual y casi 1.000 heridos amputados. La erradicación manual es como podar, eso no erradica. Ese ha sido el drama de todos los gobiernos y seguimos insistiendo que cuando una política de erradicación no tiene un componente integral, simplemente es un sacrificio doloroso de vidas humanas en función de indicadores irrelevantes.

SEMANA.: A un año de la firma del acuerdo, ¿qué balance hace del proceso de sustitución de cultivos?

D. R.: La sustitución tiene unos desafíos muy importantes que no ha logrado convencer a muchas de las comunidades entorno a su sostenibilidad. Esto, articulado a una estrategia de seguridad. Pero más allá, lo que la gente de Frontera y Alto Mira demanda no es sustituir la coca por otra mata, sino que su agenda es más abierta y a buena hora el vicepresidente ha empezado a integrar estos temas. Uno de ellos es el que tiene que ver con el desplazamiento forzado que se dio en 1995. Lo que vamos a encontrar son cocaleros que fueron implantados por las Farc hace más de 20 años cuando sacaron a las comunidades afros que estaban en esos territoros. Ese es el problema de fondo, ¿cómo restablecer los derechos de los legítimos dueños?

SEMANA.: ¿Pesa el corredor estratégico que representa para la región y los grupos al margen de la ley que se organizan en la zona?

D. R.: El Alto Mira es una de las veredas con más coca, del municipio con más coca, del departamento con más coca de Colombia. Este es el epicentro de una actividad económica por la gran cantidad de incentivos como la cercanía con Ecuador, el flujo de precursores químicos, el acceso a gasolina barata, las rutas de tráfico, la inaccesibilidad  de la fuerza pública y programas del Estado. Eso genera unas ventajas estratégicas que los criminales saben aprovechar. Aquí lo que vemos es el resultado acumulativo de muchos procesos de política pública, de procesos y abandonos. Nos muestra el lado más doloroso y perverso que es la muerte de colombianos en una confrontación.

SEMANA.: Entonces, ¿de nada ha servido el desarme de las Farc?

D. R.: La estructura Daniel Aldana siempre de las Farc ha tenido un vínculo profundo con el narcotráfico y su subordinación frente a los mandos superiores. Al salir estos mandos superiores hay un alivio en muchos territorios, pero eso no se da en cada una de las veredas. En este caso lo que hemos visto es una reorganización en función de unos grupos armados que no tienen una estructura política y lo que genera es una profunda conflictividad entre ellos. 

SEMANA.: ¿Qué es lo que está pasando?

D. R.: Los narcotraficantes se están sirviendo directamente de los cultivos que se han llamado los cultivos industriales de coca. Grandes extensiones de 30 o 40 hectáreas que son controladas por un grupo armado ilegal cuando la autoridad viene lo que hacen es forzar y sacar a la población para que se enfrente a la fuerza pública para que hiciera paro. Hasta ahora este método había tenido un éxito porque podían contener la acción del Estado. Por eso, si no entendemos la lógica del posconflicto de manera diferente lo que ocurrió en Tumaco se puede repetir en más lados. Sería más útil que el Ejército y Policía lleguen para proteger la gente y no para enfrentarlos en torno a la erradicación.

SEMANA.: Sin la fumigación, sin la erradicación y no camina la sustitución, ¿qué camino queda en la lucha contra las drogas?

D. R.: Hay que hacer cambios profundos no solamente para este Gobierno sino para el que viene. Los programas de sustitución han sido un fracaso y no solamente en el último año sino en lo que se viene haciendo sino históricamente no ha logrado dar los resultados esperados. Yo abandonaría el concepto de Desarrollo Alternativo y Sustitución, sacar la mata de coca de las acciones entre las personas versus el Estado y propondría una agenda de desarrollo. En Tumaco tenemos el 25 por ciento de analfabetismo. Un programa de sustitución no podría tener mayor alcance cuando hay personas con niveles tan bajos de educación. Lo primero que tiene que hacer el Estado es proveer servicios básicos en estos territorios como educación, electricidad y bienes públicos. Necesitamos solucionarles los problemas básicos.

SEMANA.: ¿La fórmula que salió en La Habana tampoco funcionó?

D. R.: Esto no es una coyuntura de lo que ha pasado en los últimos seis meses o último año. Tampoco un resultado del proceso de paz. Este es un problema profundo con muchas causas y que viene de más atrás. Antes del proceso de paz ya Tumaco estaba llena de coca y los programas de sustitución habían fracasado. Ahora, hay es que tener en cuenta que las condiciones actuales llaman la atención y lo que tenemos que pensar es cuál es el roll que se les va a dar a las Farc. Ha sido equivocado ese roll de intermediario entre el Estado y las comunidades. 

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