Domingo, 26 de octubre de 2014

| 2013/04/10 00:00

'Tumban' traba para beneficiarios de subsidio agrícola

El Consejo de Estado señaló que no se puede obligar a los productores a renunciar a su opción de demandar al Estado.

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El Consejo de Estado argumentó que existía una “desviación del poder”, por parte del Estado en la adjudicación y la entrega de subsidios a bananeros y floricultores. El alto tribunal ‘tumbó’ los reglamentos técnicos para la adjudicación del incentivo sanitario para estos productores agropecuarios, contenidos en una resolución del Ministerio de Agricultura. 


El magistrado Marco Antonio Velilla, ponente de la decisión, precisa en el fallo que hubo tal “desviación” ya que los productores que quisieran acceder al subsidio en el 2006 se les exigía que renunciaran a “cualquier reclamación judicial o administrativa que estuviera en curso por no haber accedido a un  incentivo que se entregó en el 2005”. Es decir, a quedarse callados y no demandar, en caso de que así se requiriera. 


Según la sentencia, el Ministerio de Agricultura no demostró que dicho requisito (el de no reclamar por vía judicial o administrativa) tuviera alguna relación con el área productiva o con “la protección de los volúmenes de producción de los sectores bananero y floricultor, ni mucho menos con la defensa del ingreso rural o el mantenimiento de la paz social en el agro”.


El subsidio que tenía en la ‘cuerda floja’ al Ministerio de Agricultura se trataba de un incentivo sanitario, que para el sector agrícola es clave ya que permite el control de plagas y busca apoyar a los bananeros y floricultores del país.


En un enérgico pronunciamiento, el Consejo de Estado deja en claro que la renuncia a las acciones judiciales no está acorde con el propósito del subsidio, “además de desconocer normas de rango superior constituye una arbitrariedad y por ende desvío de poder”


Así las cosas, el Consejo de Estado le puso un ‘tatequieto’ a los ‘desvíos de poder’ por parte de algunos sectores del Estado, que detrás de una buena iniciativa para el agro terminan negando el derecho a reclamar y a expresar sus diferencia al sector.

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