‘Tumbao’ caleño

Entre las medidas de control que ha tomado el nuevo alcalde de Cali, Ramiro Tafur, hay una que habla de la grave situación del gobierno local: cambió las cerraduras de algunas dependencias de la alcaldía. La desconfianza del nuevo mandatario surge por el aumento desmedido en la contratación del municipio. Gran parte de estos compromisos se adquirió el mes pasado, justo cuando Apolinar Salcedo, su antecesor, era destituido por la Procuraduría.

En un lapso de 20 días y a través de los secretarios del despacho, la Alcaldía firmó contratos por más de 25.000 millones de pesos. Esta millonaria cifra fue entregada sin licitación a misteriosas fundaciones. Ante la sospecha de que algo irregular sucedía, Tafur renovó el gabinete, le pidió la renuncia al tesorero, congeló los pagos y dio aviso a las autoridades. La Procuraduría Regional asumió la investigación pero, ante la magnitud del problema, Rodrigo Lara, el zar anticorrupción, se desplazó a Cali la semana pasada y anunció que va a revisar en detalle el asunto.

No ha sido fácil recopilar las pruebas para este caso, pues cuando los funcionarios de la Alcaldía ven llegar a los detectives, botan carpetas, esconden papeles y cierran los archivadores con llave. Pese a esto y al corto tiempo que lleva, la investigación ya arrojó sus primeros resultados y varios de los agentes consultados por SEMANA califican las irregularidades como escandalosas.

El análisis financiero comenzó por la secretaría de Desarrollo Administrativo. Allí el personal anticorrupción encontró que entre el 8 y el 25 de mayo, Fernando Martínez, titular de esa cartera removido hace poco, contrató talleres y seminarios por valor de 1.750 millones de pesos con 11 fundaciones. Para los peritos, el caso más llamativo es el de Fungnosis, cuyo representante legal es Óscar Vernaza, un periodista que por hora de cátedra cobra 3.580.000 pesos.

No menos inquietud les han causado a los investigadores los 8.500 millones de pesos que comprometió la secretaría de Bienestar Social en siete contratos durante el mismo mes. Entre ellos hay uno cuyo objeto social es "concertar con las comunidades el control de la hormiga arriera", que vale 873 millones de pesos y le fue asignado a la Red de Universidades del Eje Cafetero. Otro de los polémicos contratos tiene como fin "apoyar la respuesta adaptiva biosicosocial de los indigentes", por un valor de 876 millones de pesos y que fue contratado con Funvivir. Ello a pesar de que existe un contrato con Samaritanos de la Calle, fundación que cuenta con el respaldo de la arquidiócesis, a la que le pagan 330 millones por el mismo trabajo.

En los próximos días serán acusados de peculado, celebración indebida y fraccionamiento de contratos los representantes de las fundaciones y los funcionarios del gobierno involucrados. En las indagaciones y versiones preliminares, estas personas han mencionado a algunos concejales, dirigentes políticos y amigos del ex alcalde Salcedo.

"La parcelación de la administración, que incluyó la delegación sin límite en la cuantía de la contratación, acabó con la gobernabilidad del municipio. Ello se expresa en la forma irregular como se ejecutaron los presupuestos por parte de los secretarios, respondiendo más a intereses de sus padrinos políticos que al bienestar de la comunidad", señala un informe que prepara Foro Nacional por Colombia, una entidad que lleva más de 10 años analizando la política local. En medio de una agitada campaña electoral, este nuevo escándalo es una oportunidad histórica para que los caleños cierren las puertas a la corrupción.