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| 5/29/2000 12:00:00 AM

Turno para el Senado

Una auditoría de la Contraloría General revela graves irregularidades en el Senado que podrían superar el millonario escándalo de la Cámara de Representantes.

En los últimos ocho años la Contraloría General de la República sólo realizó dos informes de auditoría en el Congreso de la República. El año pasado el contralor, Carlos Ossa Escobar, decidió darle un vuelco a esta situación. Consciente de que su actuación podría despertar suspicacias, pues al cargo que ocupa llegó por elección de este órgano legislativo, pero convencido de lo urgente de hacer algo al respecto, contrató una auditoría externa sobre la gestión fiscal durante 1999 de la Cámara alta del Congreso. Del estudio se encargó la firma de consultores Páez Asociados. Los resultados encontrados son tan escalofriantes como los denunciados en la Cámara de Representantes hace sólo unas cuantas semanas. En el Senado se hallaron sobrecostos en la facturación de los contratos que superan en un 60 por ciento el valor del mercado de los productos o los servicios requeridos, vicios y favoritismos recurrentes en la contratación con entidades cuya capacidad técnica y financiera se encuentra en entredicho, falsificación de firmas, empresas con domicilios inexistentes y compañías cuyo objeto social no concuerda con el bien o servicio prestado (ver recuadros). Además, tal y como ocurrió en la Cámara de Representantes, la mayoría de los contratos fueron suscritos por el tope máximo que puede negociar el Senado de manera directa (94 millones de pesos). De esta forma se obvió el proceso de licitación y se presentó un exagerado fraccionamiento de contratos. También, al igual que en la Cámara, la Contraloría encontró que durante los últimos cinco días de 1999 hubo una feria de contratos. De 13.785 millones de pesos ejecutados en la vigencia del año pasado, 4.738 millones de pesos fueron contratados en ese lapso. Esto equivale al 34 por ciento del total adjudicado en 1999. En este momento, de los 156 contratos que la Contraloría ha tenido conocimiento, 84 han sido analizados. Lo descubierto por la Contraloría es sólo la punta del iceberg. La Procuraduría tendrá que entrar a determinar si los funcionarios encargados de la adjudicación cometieron faltas disciplinarias y la Fiscalía a averiguar si los implicados incurrieron en algún delito. Lo cierto del caso es que por lo descubierto por la Contraloría el tema de la gestión fiscal en el Senado podría convertirse en un escándalo mayor que el de la Cámara y en una nueva cuña que aparece para apretar aún más al Congreso ahora que soplan tiempos de referendo y de revocatoria. SEMANA revela algunos de los contratos cuestionados por la Contraloría.
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