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| 11/13/2016 1:32:00 PM

Tutelazo a reestructuración del Hospital Universitario del Valle

Un juez de Cali ordenó reintegrar a 177 trabajadores sindicalizados, de los 600 que fueron despedidos en esa casa de salud que se acogió a la Ley de Quiebras

Aún no arranca en forma el proceso de reestructuración y salvamento del Hospital Universitario del Valle (HUV) y ya empieza a padecer reveses.

La primera estocada vino por cuenta de un fallo de tutela en primera instancia, en la que un juez de Cali le ordenó a las directivas del HUV reintegrar a 177 trabajadores oficiales sindicalizados y que hace unas semanas fueron despedidos dentro de un proceso de reorganización en el que entró esa casa de salud, luego de acogerse a la Ley 550 o de Quiebras.

En la sentencia que se promulgó el pasado jueves 10 de noviembre, el togado Carlos Palacio, del Juzgado Quinto Administrativo de la capital del Valle, tuteló los derechos al debido proceso, trabajo y dignidad humana de los empleados oficiales del HUV despedidos, y que son miembros de Sintrahospiclínicas, el sindicato del hospital.

El juez le ordenó a las directivas del HUV reintegrar a esos trabajadores oficiales sindicalizados y además le exige dentro de las 48 horas siguientes “suspender el proceso de reestructuración de la planta de personal, hasta tanto se acredite la realización del estudio técnico idóneo (…)”, dice el fallo que será apelado por las directivas del hospital.

Esa sentencia coincide con otra decisión que tomó el viernes la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, en el sentido de revisar 160 hojas de vida de trabajadores desvinculados y que al parecer hacen parte del llamado ´Retén Social´.

Así se le denomina a aquella figura que garantiza la estabilidad laboral a grupos vulnerables como madres cabeza de familia, personas incapacitadas, o a punto de pensionarse.

“Vamos a revisar las hojas de vida de las personas que se inscribieron diciendo que tienen retén social, quiero aclarar que el hospital Universitario del Valle les dio un mes y 15 días para que se inscribieran los que consideraban que tenían reten social”, dijo la mandataria.

Si a esos 160 empleados se les confirma el Retén Social y si a ello le agregamos los 177 trabajadores que el reciente fallo de tutela ordenó reintegrar, la polémica supresión de puestos de trabajo en el HUV se reduciría a la mitad.

Como se recordará, al finalizar octubre el hospital se acogió a la Ley de Quiebras e inició un proceso de reestructuración para salvarlo de la crisis financiera y operativa en la que se encuentra y así evitar su liquidación. Todo el proceso ha sido liderado por la gobernadora.

Entre las primeras acciones de reorganización que se tomaron, fue la supresión de casi 600 puestos de trabajo, lo que fue calificado por las agremiaciones sindicales, como una masacre laboral. 

A partir de ahí todo el proceso de salvamento del HUV se vio empañado por marchas y protestas de los trabajadores, quienes consideraron un atropello esa decisión. Y uno de los temas que más criticaron desde la orilla de los empleados, es que el proceso se aplicó sin la mediación de un estudio técnico.

En efecto, a ese mismo estudio hizo referencia el reciente fallo de tutela del juez de Cali; incluso condicionó la aplicación del proceso reestructuración de la planta de personal, a la presentación del mismo.

Pero la gobernadora le salió al paso a esa suspicacia con el famoso estudio técnico y aseguró que el mismo sí existe y prueba de ello es que a los dos días de realizada la reestructuración, “lo radicamos ante el Ministerio de Trabajo”.

Y en medio de ese tenso ambiente, asesores de la gobernación justificaron con cifras, producto de un “análisis financiero”, la razón por la que suprimieron cargos de trabajadores oficiales y no la planta de contratistas.

Para ellos, “los elevados costos convencionales que reciben los trabajadores oficiales, son otro factor de riesgo financiero para el hospital”, que dispararon sus gastos laborales en un 80 % y “son una de las causas del colapso financiero al que llegó esa casa de salud”.

Según ese análisis, en el HUV hay 279 trabajadores oficiales que disfrutan de pagos onerosos por beneficios convencionales pactados en años anteriores, “(…) Por ejemplo, un técnico en mantenimiento en el HUV tiene un salario básico de $2.038.812, que con las prestaciones legales y con lo extralegal permitido en la Ley se le convierte en $3.483.721. No obstante, cuando se contabilizan los beneficios convencionales extralegales pactados con el sindicato, ese costo mensual por trabajador sube a $5.990.154 cuando se tiene una antigüedad de 10 años, y a $6.442.885 con 20 años de servicios, lo que dispara el costo laboral del HUV en un 85%”, explican.

Al respecto, Jorge Rodríguez, presidente de Sintrahospiclínicas desmintió las cifras y aseguró que contrario a los datos que maneja la gobernación, los beneficios convencionales del HUV tienen un costo anual de 2.800 millones de pesos.

Agregó que para demostrar que ellos no son el problema, públicamente le propusieron a la gobernadora que suspendiera durante un año esos beneficios convencionales, “para medir con cifras reales el impacto de esas prebendas en las finanzas del hospital y determinar con cifras si nosotros somos la causa de la crisis”.

Pero la gobernadora insistió en asegurar que ella fue la gestora de la propuesta para que los trabajadores renunciaran a las convenciones “no por un año, sino por varios”, dijo tras enfatizar que aún no tienen certeza del valor real de esas prebendas que son onerosas, “eso lo determinará un comité que estudiará el tema”.

Finalizó explicando que la cifra que tienen clara hasta la fecha, es que la reestructuración de la planta de personal tal como la aplicaron, le significa al HUV un ahorro anual de 38.000 millones de pesos.

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