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| 3/13/2014 12:00:00 AM

Tutela da prioridad a casas para desplazados

Magistrado valluno tuteló los derechos de 1.192 familias de la fundación Nuevo Amanecer.

Un fallo de tutela de primera instancia le ordenó al gobierno nacional incluir en los programas de vivienda a las 1.192 familias desplazadas por la violencia que hacen parte de la Fundación Nuevo Amanecer.

La sentencia, que aún puede pasar a revisión constitucional, fue invocada a través de una tutela que interpuso Jesús Mario Corrales, presidente de Nuevo Amanecer, al considerar vulnerados sus derechos como víctimas de la violencia, por parte del Ministerio de Vivienda, el de Hacienda y la Presidencia de la República.

La Fundación Nuevo Amanecer es una de las más grandes y aglutina a 40.000 víctimas de la violencia que hoy deambulan por 129 municipios de 17 departamentos.

Básicamente lo que alegan los desplazados es que después de una década de esperar soluciones definitivas a su condición de víctimas de la violencia, “el Estado se ha interesado por atendernos solo con mercados”, argumentó Corrales.

En efecto, el fallo que fue emitido el pasado lunes 10 de marzo por los magistrados Jaime Humberto Moreno Acero, Álvaro Augusto Navia Manquillo y Luis Alberto Peralta Rojas, del Tribunal Superior de Buga, ordenaron al Departamento para la Prosperidad Social y a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, atender sus necesidades.

“Que en el término de 20 días, si aún no lo ha hecho, proceda a evaluar las condiciones reales de la totalidad de los integrantes de dicha fundación, con el fin de determinar si han sobrepasado la situación de extrema vulnerabilidad identificada”, dice textualmente el fallo.

Además, aclara que de verificarse que las condiciones de las víctimas persisten, “deberá informar a estos sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se advierten necesarias para ser incluidas en el programa de subsidio de vivienda a que tienen derecho”.

A lo largo de la sentencia, los magistrados le recuerdan al Gobierno que existen otros fallos constitucionales y leyes aprobadas recientemente “respecto a las obligaciones del Estado en materia de vivienda digna de población desplazada, que indican el deber de ofrecer soluciones de cumplimiento inmediato”.

El mismo fallo critica el silencio que mantuvieron durante el trámite de la tutela tanto del Departamento para la Prosperidad Social como la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas.

Esta no es la primera vez que jueces de la República tutelan derechos vulnerados a las víctimas de la violencia en el país.

Lo paradójico de este caso en particular es que mientras el presidente de la fundación Nuevo Amanecer, Jesús Mario Corrales, gestiona una vivienda digna para sus miles de asociados, él mismo padece una tragedia absurda.

Hoy Corrales enfrenta una acción de desalojo de un juez, por lo tanto, él y su esposa serán lanzados a la calle debido a que el rancho que compró recientemente por seis millones de pesos (ahorrando el subsidio de arrendamiento que le dio el Gobierno) resultó enredado como prenda de garantía por una deuda que tenía la vendedora. Hizo el negocio en el municipio de Cartago, Valle, donde vive luego de ser desplazado por la guerrilla en Meta.

“Es algo muy paradójico. Por un lado, la justicia nos da una luz de esperanza a miles de desplazados, pero, por el otro, a mi particularmente me revictimiza y me despoja de mi ranchito”, concluye Corrales.
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