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| 3/6/2014 12:00:00 AM

Tutelas en caso Petro no eran procedentes

En la sentencia el alto tribunal deja en claro que ninguna persona ajena al alcalde de Bogotá puede alegar violación de derechos.

La semana estuvo movida en las Cortes frente al caso del alcalde de Bogotá Gustavo Petro. El Consejo de Estado dejó en firme la destitución tras considerar que la tutela no es el mecanismo adecuado para reclamar sus derechos. Este jueves el Consejo Superior de la Judicatura hizo lo propio y en un fallo dejó claro que no se violó ningún derecho a los ciudadanos con la sanción del Ministerio Público.

Pero cuál fue la razón para que la sala disciplinaria de la Judicatura entregara un fallo que deja al alcalde Petro con un pie fuera de su cargo. Lo primero que se puede decir es que en la sentencia de 43 páginas se resaltó que en ningún momento la Procuraduría desconoció los derechos políticos de los demandantes, es decir, que se haya irrespetado el voto por el alcalde. “(…) esos derechos no tienen carácter absoluto y por tanto, de ninguna manera su ejercicio puede impedir la existencia de procesos disciplinarios y la imposición de las sanciones que en derecho correspondan”,  precisa la sentencia.

En el mismo fallo la sala disciplinaria le reclamó Consejo Seccional de la Judicatura por haber concedido en primera instancia las tutelas. Incluso señaló que quien debía colocar la tutela era el propio alcalde y no personas ajenas al mandatario. "No se comprende entonces cómo la primera instancia permitió que terceros ajenos al proceso disciplinario adelantado contra el doctor Petro Urrego, actuaran como si lo pudieran hacer”. En la primera instancia se tendría que haber derrumbado el proceso.

Como se sabe el Consejo Superior de la Judicatura negó este jueves 185 acciones de tutela interpuestas por ciudadanos que buscaban la suspensión de las sanciones de la Procuraduría General de la Nación en contra del alcalde mayor de Bogotá, lo que implica la ratificación de su destitución de la su inhabilidad para ocupar cargos públicos en un lapso de 15 años.

La decisión, tomada en una votación de 6-1 (el único en contra fue el magistrado Néstor Iván Osuna), señala que el Ministerio Público es competente para investigar y sancionar disciplinariamente a funcionarios de elección popular y que a los tutelantes no se les había violado el derecho a elegir o ser elegidos.

Ahora al alcalde le quedan dos caminos: el primero esperar unas posibles medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las cuales en caso de ser favorables al mandatario suspenderían de manera inmediata el fallo de la Procuraduría.

La otra vía, la cual es menos favorable, es la de esperar la decisión del Consejo de Estado sobre otras 23 tutelas interpuestas por ciudadanos. Sin embargo es de anotar que esa corporación ya trazó jurisprudencia en el tema indicando que la tutela no es mecanismo idóneo para reclamar los derechos de los accionantes.
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