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| 1/22/2016 6:42:00 PM

¿Cárcel para los tuiteros que insultan?

La agria disputa entre Cristina Plazas, directora del ICBF, y el periodista Gonzalo Guillén abrió un profundo debate sobre los límites en las redes sociales.

En la edición 1794, la revista SEMANA hizo una pregunta compleja: ¿Twitter es un ágora de la libre expresión o una cloaca irrelevante? El análisis vuelve a la agenda pública por cuenta de una dura confrontación entre una servidora pública de alto rango y un reconocido periodista. La herramienta de comunicación más disruptiva de la última década poco a poco se ha ido degradando hasta llegar a un punto de no retorno.

La ‘guerra tuitera’ entre la directora del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), Cristina Plazas, y el periodista Gonzalo Guillén ha tenido varios capítulos. El más reciente se generó después de que la funcionaria interpuso una acción de tutela en la que solicita a Twitter eliminar definitivamente la cuenta de Guillén. Por supuesto, esta solicitud abrió una controversia tanto en el ámbito jurídico como en el social.

Los señalamientos de Guillén contra el trabajo de la funcionaria se volvieron moneda corriente en Twitter. El periodista publicó fotos de niños en notorio estado de desnutrición para denunciar el abandono estatal en La Guajira. El tono de los trino aumentó progresivamente hasta llegar al punto de comparar a Cristina Plazas con miembros del grupo terrorista Isis. Los comentarios llegaron hasta señalar que la directora tenía problemas de alcoholismo.

Por supuesto, vale insistir en que este tire y afloje no puede quitar los flashes del tema central, que es la grave crisis alimentaria que viven los niños y niñas wayúu en La Guajira. Y más allá del tono de los mensajes, el punto de discusión se comienza a centrar en los límites que tienen y traspasan los usuarios de esta red.

El artículo de SEMANA señalaba que en Colombia, como en otras partes, Twitter se ha convertido cada vez más en un lugar muy oscuro donde los desadaptados, siguiendo intereses de todo tipo, insultan, calumnian y hasta cometen delitos como la estafa. Cada vez más esa buena herramienta está siendo acorralada por un maremágnum de agendas de sujetos atrincherados en sus odios, muchos de ellos encapuchados en troles y alias para mantenerse en la oscuridad.

En otros países hubo precedentes sobre tuiteros que traspasaron la línea. El caso más reciente ocurrió en Ecuador. El joven Sebastián Cevallos fue sentenciado a 15 días de prisión por “proferir expresiones de descrédito y deshonra” contra la funcionaria Paula Rodas. “Esta es una sentencia única en la historia del país y abre las puertas para que muchos tuiteros y personas que expresamos lo que creemos sean llevados a la cárcel”, dijo Cevallos.

En el Reino Unido, a principios del 2014, los jóvenes Isabella Sorley y John Nimmo fueron condenados respectivamente a 12 y ocho semanas de cárcel por acosar a dos mujeres mediante mensajes de Twitter que incluían hasta amenazas de violación. Las víctimas eran una destacada feminista y una diputada. La sentencia señaló que las dos mujeres “fueron objeto de una intimidación ‘extrema’ que les cambió completamente la vida”, según reportó el diario El País de España.

Recientemente, en España se dio la sentencia más larga por una injuria en Twitter. La Audiencia Nacional confirmó la condena a un año de cárcel contra el joven Ibai Otxoa, que publicó mensajes en los que justificaba las acciones terroristas, incitaba a acciones violentas y llegó al punto de escribir: “¿Alguien puede pegarle algún tiro en la nuca a la Infanta?, porfis”.

Las implicaciones

En el caso de Cristina Plazas y Gonzalo Guillén hay implicaciones adicionales. Guillén es un reconocido periodista y ha construido una carrera a fuerza de recolectar pruebas. Por su parte, Cristina Plazas es una funcionaria que llegó al punto de publicar un video en el que señala a Guillén de “matoneador sistemático”. El cuestionamiento de fondo resultan ser las implicaciones legales que estas publicaciones puedan tener.

Cristina Plazas recurrió a la acción de tutela, primero para pedir “la protección a su buen nombre”. Pero hizo un requerimiento adicional: solicitó que Twitter eliminara la cuenta del periodista Guillén. Semana.com consultó con voceros de Twitter Colombia al respecto y le dijeron no querer pronunciarse sobre el tema.

En su momento, Miguel Ángel Bastenier, uno de los periodistas más importantes de Iberoamérica, le dijo a SEMANA que hay que “hacer algo para impedir que gente resentida actúe con impunidad y para mostrarle que se puede comentar o criticar sin insultar”. Y para interpretar lo que pasa en Colombia con Twitter, prefiere referirse a una legendaria frase de un viejo western: “Un revólver no es bueno ni malo, depende de la mano que lo empuñe”. 

No es poco lo que está en juego. ¿Hasta qué punto se les puede hacer control social a los políticos o servidores públicos? ¿En qué punto se trasgrede ese control social para pasar a las calumnias, injurias y el matoneo sistemático? Seguramente, la disputa entre la funcionaria y el periodista llegará a los estrados judiciales. Quizá termine archivada en medio de un sistema judicial ya muy congestionado. Sin embargo, puede que los jueces utilicen este caso para sentar jurisprudencia en un tema que definitivamente necesita nuevas reglas de juego.

 

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